Una de las tantas amenazas proferidas por Donald Trump ha sido su intención de anexionar Canadá y que se convierta así en el estado 51 de Estados Unidos. En torno a Canadá, un aspecto importante a considerar es que su población se concentra prácticamente en los núcleos urbanos de la frontera sur, colindando con Estados Unidos. El tema de la densidad de la población, como apunta el historiador Adam Tooze, “nos permite comprender, más allá de los delirios de Trump, por qué la conversación entre Estados Unidos y Canadá está impregnada de ansiedad y urgencia”. En todo caso, en Canadá su primer ministro, Mark Carney, se ha convertido en una figura fuerte a partir de cómo se ha plantado ante el trumpismo. Este reconocimiento también se ha constatado a nivel internacional, especialmente desde su intervención en el Foro de Davos.

Por ello, aquí se tratará lo ocurrido en las elecciones federales canadienses de 2025 con la intención de comprender cómo el Partido Liberal de Carney pudo reponerse del abrupto final que tuvo el gobierno de Justin Trudeau. Asimismo, se pondrá atención al estado del partido progresista Nuevo Partido Democrático (NDP), socio parlamentario de los liberales durante el último gobierno de Trudeau. El NDP en el presente se halla en una situación crítica debido a los pobres resultados obtenidos en los comicios de 2025, pero resulta interesante analizarlo tras la elección del documentalista Avi Lewis como su nuevo líder.

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Un Partido Liberal sorprendentemente triunfal

El último gobierno de Justin Trudeau se había vuelto marcadamente impopular, aumentando las expectativas de una victoria de los conservadores en las elecciones de 2025. Atrás quedaba ese Trudeau que con propuestas de signo progresista hizo resurgir al Partido Liberal (LPC) en los comicios de 2015, cuando obtuvo un aplastante triunfo al pasar de 34 a 184 escaños.

Como primer ministro, Trudeau no cumplió con las esperanzas generadas. En líneas generales, no se salió del orden neoliberal apuntalado por sus predecesores. Así, tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2021, el LPC no consiguió replicar los números de 2015, aunque Trudeau pudo gobernar en minoría. No obstante, tras las de 2021, llegó a un acuerdo con el NDP para que fuese apoyado desde fuera, permitiéndole no estar tan sujeto a la inestabilidad.

El acuerdo de confianza y apoyo concluyó antes de lo previsto. En septiembre de 2024, el NDP rescindió este acuerdo, si bien la dimisión de Trudeau vino después de que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dejase su gobierno. La salida efectiva del entonces primer ministro canadiense se terminó dando en el momento en que su partido, el LPC, eligió a través de unas primarias a su sucesor, Mark Carney, un perfil técnico que primero fue gobernador del Banco de Canadá y después desempeñó este mismo rol en el Banco de Inglaterra.

Al poco de asumir como primer ministro, Carney convocó anticipadamente las elecciones federales, que iban a definirse no tanto por la gestión de Trudeau como por las preocupaciones que Trump suscitó entre los canadienses. Con tal panorama, Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador (CPC), mostraba un perfil similar al de Trump y esto finalmente no lo ayudó, sino que lo terminó penalizando. Poilievre se había convertido en una figura fuerte de la política canadiense gracias al desgaste del gobierno de Trudeau, y hasta que las amenazas a la soberanía de Canadá no marcaron la agenda, el CPC se proyectaba como el favorito.

El LPC y el CPC fueron los grandes protagonistas de la contienda electoral, ya que el voto se concentró en estos dos partidos y no se repartió tanto entre las llamadas terceras fuerzas. Ambos partidos superaron el 40% del voto popular, lo cual en el pasado que uno de ellos llegase a dicha cifra era suficiente para formar un gobierno mayoritario. En este caso, la contienda se acabó definiendo a favor del LPC de Carney, que llegó a los 169 escaños frente a los 144 del CPC, gracias al colapso del NDP y las pérdidas del Bloc Québécois. El LPC entonces retenía el poder y Carney pudo formar un gobierno en minoría.

La situación crítica del NDP

Frente al buen desempeño del LPC, el NDP solo logró siete escaños, lo que supuso que perdiese su fuerte presencia en el norte de Ontario, las Praderas, la Columbia Británica y los Territorios. Estos pobres resultados se tradujeron, a su vez, en la pérdida de su estatus de partido oficial, ya que no llegó al mínimo de doce bancas en el Parlamento. Como consecuencia, el NDP no dispone de la capacidad suficiente para presionar al actual gobierno federal y sus recursos financieros se redujeron de forma significativa.

Pero antes de seguir ahondando en su estado actual, ¿cuál es la historia del NDP? Las raíces de este partido se encuentran en la Federación de la Mancomunidad Cooperativa (CCF), de tendencia socialista y fundada en 1932. Con el paso de los años, el CCF fue distanciándose de los principios socialistas. Y en 1961, como resultado de una alianza con el Congreso Laboral Canadiense –la federación nacional de sindicatos–, se fundaría el Nuevo Partido Democrático. Así pues, adquiría un perfil más socialdemócrata, al tiempo que se daba una respuesta a los efectos de la caza de comunistas de la Guerra Fría y al estancamiento electoral.

Si bien el NDP es uno de los principales partidos de la política canadiense, su relevancia no es comparable a la que tienen los liberales y los conservadores, quienes se han repartido el poder prácticamente desde la fundación del país. No obstante, durante el liderazgo de Jack Layton, el NDP cosecharía en mayo de 2011 el mejor resultado electoral de su historia, cuando se convirtió en el segundo partido con más escaños, relegando al LPC a la tercera posición. Para el politólogo Matt Fodor, autor del libro From Layton to Singh: The 20-year Struggle for the NDP’s Soul (2022), la contraparte de esto fue que el poder del partido quedó centralizado en la figura del líder, hubo una profesionalización de la estructura y las funciones de la militancia se orientaron hacia la recaudación de fondos y el apoyo en época de elecciones. Igualmente, con la intención de despojarse de la etiqueta de partido que propugnaba el aumento de los impuestos y del gasto, Layton –y posteriormente su sucesor, Thomas Mulcair– propició que el NDP fuese virando paulatinamente hacia la defensa de un programa de corte neoliberal.

Bajo el liderazgo de Mulcair, el NDP no pudo mantenerse en la tendencia ascendente que le había dado Layton, quien falleció a causa de un cáncer en agosto de 2011. En las elecciones de 2015, el partido cayó a la tercera posición. Justin Trudeau y el LPC, con una propuesta más a la izquierda que el NDP, fueron los ganadores de dicha contienda. Mulcair entonces sería reemplazado por Jagmeet Singh, al tomar las riendas del partido en 2017.

El NDP de Singh retomó los postulados más propios de la socialdemocracia, aunque quedó opacado por la centralidad del LPC y el CPC. En todo caso, tras las elecciones de 2021, el NDP se convirtió en un actor clave, debido a que Singh firmó con Trudeau el mencionado acuerdo de confianza y apoyo. No funcionaba como una coalición formal, pero dicho partido impulsó medidas que se convirtieron en muy populares, como la atención dental subvencionada, la protección de los trabajadores y un plan nacional de medicamentos. El rédito, aun así, se lo llevó el LPC.

Llegados a 2025, los nuevos demócratas perdieron diecisiete escaños, diez de ellos fueron a los conservadores y siete a los liberales. Incluso Singh no pudo revalidar su asiento, lo que terminó con su renuncia como líder del partido. Obviamente, el sistema electoral mayoritario, que es el mismo que se emplea en el Reino Unido, tampoco le favorece. Es un sistema que potencia a los dos grandes partidos. De igual forma, el NDP se vio perjudicado en los últimos comicios por el éxodo de votantes de clase trabajadora, que en gran medida acabaron respaldando al CPC de Poilievre.

Por ello, el estado del NDP se puede resumir de la siguiente manera: una fuerza política que ha perdido el reconocimiento de partido y se ha ido desvaneciendo el atractivo que tiene entre su base tradicional, si bien dispone del respaldo activo de los sindicatos y a nivel provincial continúa conservando apoyos y controla los gobiernos de la Columbia Británica y Manitoba. En este contexto, se convocaron las primarias para liderar el NDP.

¿Un cambio con Avi Lewis?

La carrera por la presidencia comenzó en septiembre de 2025, aunque la votación no fue hasta marzo de este año, celebrándose entre los días 9 y 28. Desde el inicio de la campaña hasta el desarrollo de la votación, el NDP pasó de contar con 60.000 afiliados a 100.000. Así pues, los resultados se conocieron el pasado 29 de marzo, que era el último día de la convención que organizaba el partido en Winnipeg (Manitoba). Avi Lewis, esposo de la reputada intelectual de izquierda Naomi Klein, se impuso con el 56% de los votos en la primera vuelta, derrotando a la diputada Heather McPherson y a otros tres candidatos.

Lewis, proveniente de una familia con una extensa trayectoria en el NDP, representa el ala izquierda del partido. Durante la campaña, éste destacó por sus propuestas para mitigar la crisis del coste de la vida en Canadá, su apuesta en materia de medio ambiente por las energías renovables y su firme defensa de Palestina en el apartado internacional.

El nuevo líder del NDP entonces tiene varios retos por delante. Un primer tema sería el referido a la organización y es que en el último tiempo el partido ha estado muy centralizado en la figura del líder. El propio Lewis ha reconocido que se requiere una democratización del partido, un factor necesario si se busca establecer relaciones más fluidas con los movimientos sociales. Poder compatibilizar las metas electoralistas del partido con el carácter impugnatorio de los movimientos sociales es una tarea no exenta de tensiones, pero el contexto en el que se halla el NDP exige innovaciones. En otras palabras, la apuesta es terminar con la centralización predominante y generar vínculos con otros actores sociales, aparte de los sindicatos.

En segundo lugar, le tocará gestionar las divisiones entre el NDP federal y las secciones provinciales. Un punto importante de conflicto se relaciona con las políticas medioambientales. La propuesta del Nuevo Pacto Verde canadiense de Lewis, en la que se busca la creación de empleos para trabajadores de la industria de los combustibles fósiles como un camino hacia la descarbonización, choca con las visiones de ciertos líderes provinciales, que apuestan por el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas. Lewis deberá hacer equilibrios en esta materia.

Igualmente, tiene la tarea de que el NDP se recupere de su mínimo histórico. Se mueve en un terreno difícil también por los altos niveles de popularidad que maneja el gobierno de Carney, que además está cada vez más cerca de la mayoría en la Cámara de los Comunes. Lewis puede hacerse fuerte a la izquierda de los liberales, especialmente a la hora de enfrentar los recortes presupuestarios, una política migratoria más restrictiva y un alineamiento acrítico con las grandes empresas tecnológicas impulsados por el actual gobierno. Sin embargo, no parece que sea suficiente con esto. Al final si hace una oposición fuerte a Carney, corre el riesgo de que se estanque y no combata con suficiente contundencia a Trump, quien es sumamente impopular entre los canadienses.

Por último, para adquirir una mayor notoriedad, Lewis necesita lograr un escaño en la Cámara de los Comunes. Tiene la opción de conseguirlo en las próximas elecciones federales o en unas elecciones parciales. Aunque su tarea principal se centra ahora en la reconstrucción del partido, es importante contar con presencia en la Cámara para una figura cuyo nivel de reconocimiento es mucho menor al que poseen Carney o Poilievre.

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La normalización de la ultraderecha en Francia es cada vez más evidente. El último suceso que se utilizó como pretexto fue el asesinato de un joven neonazi el pasado mes de febrero en Lyon, cuando acudió encapuchado a una conferencia de la eurodiputada insumisa Rima Hassan para increpar a los asistentes. Pero, a fin de entender la aceleración de este proceso de normalización, se han de señalar otros dos momentos, de acuerdo con la reflexión del politólogo Thomás Zicman de Barros: la identificación de Agrupación Nacional (RN) como «proisraelí» –escondiendo su antisemitismo inherente–, y las elecciones anticipadas de 2024, cuando gran parte de los medios de comunicación presentaron a RN como un partido normal. Obviamente, es una operación que permite la estigmatización de la izquierda. Hoy, en el panorama francés, el señalamiento se dirige a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, pero a la larga los siguientes pueden ser los miembros del Partido Socialista (PS). La actitud complaciente al respecto, que existe en una cierta parte del propio espacio de la izquierda francesa, solo beneficia a RN, a la vez que se retuerce aún más el significado del «frente republicano».

Tampoco ayuda la predominancia que ha tenido en la discusión pública la narrativa dominante sobre la polarización. Como recuerdan Javier Franzé y Julián Melo, la polarización, al relacionarse con el extremismo, la radicalidad y la intransigencia, es presentada como la negación de la democracia, que a su vez se identifica con el consenso centrista, el diálogo y la templanza. En cambio, esa incompatibilidad entre polarización y democracia apuntada por el consensualismo se refiere en la práctica a una negación del conflicto y una apuesta por su ausencia como fundamento de la gobernabilidad. La polarización entonces no es el equivalente de antagonismo ni de inestabilidad de la democracia, de ahí que se haya que insistir que el campo político se encuentra continuamente en disputa.

Tal narrativa sobre la polarización, en línea con un paper reciente de Juan Roch, Daniel Balinhas y Aurelien Mondon, acaba estableciendo falsas equivalencias entre la izquierda y la ultraderecha, lo que supone que la primera sea presentada al final como la verdadera amenaza, mientras que a la segunda se le puede dar cabida. Trasladándolo al caso francés, el macronismo ha sido su gran exponente. El presidente de Francia, desde sus inicios, ha abonado al peligro de los extremos como forma de posicionarse como un tecnócrata que busca trascender la política, al tiempo que su accionar con el paso de los años se ha orientado cada vez más a la derecha, haciendo un flaco favor a una Agrupación Nacional crecida.

En tanto que hay un viraje hacia la derecha en la política como en los medios de comunicación, ¿se puede hablar de una derechización también en la opinión pública? El sociólogo Vicent Tiberj en el libro La droitisation française. Mythe et réalités (2024) desmonta que exista ese desplazamiento de derecha desde abajo. En todo caso, afirma que existe una insatisfacción con la representación entre la sociedad francesa, siendo especialmente evidente en una parte importante de los sectores populares. La «gran resignación» imperante no solo se traduce en que la ciudadanía opte por modos de participación política que van más allá del voto, sino que también puede conducir hacia el inmovilismo.

Así, no se ha de obviar el importante progreso electoral que ha experimentado RN. Esa posición con la que cuenta hoy el partido de Marine Le Pen no se entiende sin el doble proceso que llevó a cabo: el de «desdemonización» a nivel interno, y el de normalización a nivel externo. Además, para explicar dichos avances electorales, se suele enfatizar en el apoyo clave proveniente de los sectores populares. Esta es una idea manida y hasta cierto punto distorsionada. Con base en los libros Une histoire du conflit politique (2023) de Julia Cagé y Thomas Piketty y Comment le fascisme gagne la France (2025) de Ugo Palheta, se han de señalar los siguientes dos puntos: primero, la no cohesión de los sectores populares porque ciertas fracciones forman parte del bloque nacional-patriota (RN) y otras integran el bloque social-ecológico (Nuevo Frente Popular); y segundo, la formación de Le Pen obtiene igualmente buenos resultados entre los ejecutivos y entre la pequeña burguesía.

La supuesta relación entre RN y el voto obrero ha sido un tema que se ha tratado más allá de los medios de comunicación y la academia. Es decir, en los partidos de la izquierda francesa ha sido un foco de debate. Por ello, aquí se pretende analizar el cisma que se dio entre Mélenchon y François Ruffin por esta cuestión para luego ahondar en las perspectivas actuales de La Francia Insumisa.

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La criollización como alternativa

François Ruffin se desempeña como diputado en la Asamblea Nacional desde 2017 por la primera circunscripción de Somme, al norte de Francia. Aun contando con su propia plataforma política, Picardie Debout!, Ruffin se mantuvo dentro de La Francia Insumisa, convirtiéndose en un momento en uno de los principales aliados de Jean-Luc Mélenchon. Para entender las sinergias que se generaron entre estas dos figuras, hay que pararse a señalar la etapa patriótica de izquierdas de LFI.

En los primeros años de LFI, hubo una priorización por los temas de corte nacional y las apelaciones a la soberanía francesa con la intención de recuperar a los votantes de ultraderecha. Se entendía que una parte importante de la clase trabajadora estaba desilusionada por el rumbo que habían tomado el establishment político y esto los había llevado a votar por RN, que desprendía un aura más contestataria. Así pues, la apelación «fâchés pas fachos (enfadados, no fascistas)» de Mélenchon pretendía ser una estrategia de conexión con este tipo de votante que no se basase tanto en el señalamiento, sino en el reconocimiento de insatisfacciones que habían sido desatendidas por los agentes de representación tradicionales y las instituciones estatales.

Como representante de un distrito obrero que había sufrido los efectos de la desindustrialización y donde RN se había hecho fuerte, Ruffin se sintió identificado con esta estrategia al considerar que podía ayudar a reconectar con «les petits blancs (gente blanca corriente)». El enfoque patriótico de izquierdas, por ende, ponía en un segundo plano las luchas de las llamadas «minorías». No obstante, como apuntan Théo Aiolfi y Thomás Zicman de Barros, los resultados de las elecciones europeas de 2019 mostraron los límites de dicha estrategia y a partir de aquí Ruffin fue progresivamente alejándose de LFI.

Mélenchon entendía que se requería un cambio de estrategia para buscar el voto en los abstencionistas, un grupo heterogéneo atravesado por distintas formas de exclusión. Continuando con Aiolfi y Zicman de Barros, en LFI se produjo un reposicionamiento y a partir de mediados de 2020 el grupo dirigente introdujo un concepto que ha marcado su estrategia en los siguientes años: la «créolisation (criollización)». Este es un concepto que en un primer momento desarrolló el escritor martiniqués Édouard Glissant y que, en palabras de Mélenchon, “es el eslabón perdido entre el deseo de universalismo y la reivindicación del derecho a la diferencia”. Por tanto, la criollización no implica renuncias ni caer en trampas, es una reinvención de lo nacional-popular que permite abrazar la diversidad existente.

Con esta estrategia ya implementada, LFI ha conseguido cosechar resultados electorales nada insignificantes: Mélenchon en las elecciones presidenciales de 2022 mejoró con respecto a 2017 y se quedó cerca de clasificarse a la segunda vuelta, mientras que a nivel parlamentario es el grupo más numeroso de la izquierda francesa. Sin embargo, Ruffin, al seguir apostando por el patriotismo de izquierdas, acabó marchándose de LFI a mediados de 2024. La criollización no era el único motivo que lo llevó a romper, sino que había varios. Debido al perfil propio cultivado, este político igualmente buscaba poder ser en algún momento candidato presidencial y eso en LFI era difícil que sucediese mientras Mélenchon siguiese en activo, además de que su relación con el líder insumiso era para entonces inexistente.

Fuera ya de LFI, Ruffin se está preparando para los comicios presidenciales de 2027. Para ello, reestructuró su movimiento Picardie Debout! –renombrado Debout!– con el fin de darle un alcance nacional. Éste, que pretende abrirse paso sin el respaldo de los partidos tradicionales, ha confirmado que se presentará a las primarias de la «izquierda unida», programadas para el próximo 11 de octubre, aunque en un principio no participarían ni Mélenchon (LFI), ni Raphaël Glucksmann (Plaza Pública), ni Fabien Roussel (Partido Comunista).

Más allá de que hasta ahora no ha mostrado tener el peso electoral que poseen otros nombres del amplio espacio de la izquierda francesa, resulta pertinente concluir este apartado presentando ciertas reservas en relación con el enfoque planteado por Ruffin. Por un lado, el proyecto que presenta para la izquierda cuenta con una perspectiva altamente nostálgica, que se puede sintetizar en su idea de «cerrar el paréntesis abierto en 1983». El líder de Debout! enfatiza esta idea con el objetivo de apuntar a los problemas que trajo la adaptación del capitalismo francés al neoliberalismo, pero, a su vez, lo concibe como una oportunidad para que la izquierda retome la senda interrumpida a partir de 1983. Dispone de una mirada muy apegada a la época de los «treinta años gloriosos».

Ante dicha idealización, es interesante pensar la cuestión a través de autoras como Melinda Cooper y su libro Los valores de la familia (2022). Cooper aquí pone de relieve cómo el Estado de Bienestar, constituido en muchos países occidentales después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pasaba por alto ciertas divisiones de raza, género y clase. Entonces cuando a partir de la década de los sesenta los distintos movimientos de liberación empezaron a luchar por una mejor redistribución de la riqueza y cuestionar las limitaciones normativas del llamado «salario social fordista» que constituía el pilar en el que se sustentaba la familia de posguerra, surgió como reacción la alianza neoliberal / neosocial-conservadora que terminó rompiendo con las políticas del bienestar para pasar a reforzar los lazos individuales. Este no es un libro que busque desestimar las implicaciones que tuvo el Estado de Bienestar entre las clases trabajadoras, sino que entre los objetivos se encuentra el de evitar caer en el tipo de reivindicaciones que realizan los sectores social-conservadores de izquierdas cuando hay que enfrentar a los efectos desintegradores del libre mercado. Para terminar, se puede plantear la misma pregunta que se hacía Stuart Hall en El largo camino de la renovación ([1988] 2018) en torno a una izquierda británica impotente e incapaz de plantear una alternativa al orden de posguerra en proceso de desmantelamiento: “¿Existe alguna forma más segura de volverse históricamente anacrónico?”.

Por otro lado, Ruffin sobreestima la relevancia de RN entre los sectores trabajadores, cuestionando, a su vez, a la izquierda por supuestamente haber dejado de hablar sobre el conflicto capital-trabajo para centrarse en cuestiones de índole social-identitario. Aparte de caer en planteos reduccionistas, el ya mencionado Ugo Palheta explica de otro modo esa atracción de un nuevo electorado por parte la ultraderecha francesa en regiones donde la desindustrialización se ha notado más –sobre todo el norte y el este de Francia–. Es decir, señala que de los que se han pasado a la ultraderecha son más las personas que votaban en el pasado a la derecha tradicional y menos los antiguos votantes de izquierda. Mientras tanto, de acuerdo con la advertencia de Vicent Tiberj, se resta importancia al alto número de trabajadores que han renunciado a las urnas.

Las perspectivas de los insumisos

La Francia Insumisa, pese a todo, se mantiene en pie. Todavía tiene presencia en el campo de la izquierda francesa. Algo similar se podría decir sobre su infatigable líder. Mélenchon es un político que genera una diversidad de opiniones, lo cual puede entenderse como un elemento constitutivo de su figura. Las falsas equivalencias y las presiones del sistema mediático han contribuido a la hora de que sea presentado como una figura polarizante. Pero si solo se mencionasen estos dos elementos, se estaría haciendo un perfil de Mélenchon incompleto. En este sentido, también se han de considerar ciertos desvaríos del líder insumiso que lo han terminado comprometiendo. Tales comportamientos por momentos lo han llevado a convertirse en el mejor aliado de aquello que pretende combatir.

Mélenchon, igualmente, es un punto de convergencia en el campo de la izquierda francesa. Para entender esto, el investigador Manuel Cervera-Marzal, especialista en LFI, destaca la dinámica de descrédito del bloque gobernante, así como el auge de los nuevos movimientos sociales. Se ha de sumar, por otro lado, un fenómeno recurrente en las campañas de Mélenchon: su repunte tardío de popularidad. Lo que quiere decir que el líder insumiso suele conseguir el grueso de apoyos en los seis meses previos a las elecciones. Así pues, su nombre continúa estando en la lista de los principales contendientes para las elecciones presidenciales de 2027.

Frente a la considerable visibilidad y apoyo mediático con el que cuentan algunas candidaturas alternativas de la izquierda, Mélenchon tiene detrás suyo una organización que en último tiempo ha adquirido una solidez considerable. LFI dispone un grupo de parlamentarios amplio, un equipo de asistentes experimentando, un centro de pensamiento propio –el Instituto La Boétie–, una red de cuadros, una inserción digital consolidada, capacidad logística y una robusta base programática. Por el tipo de aparato construido, se renuncia de forma deliberada al pluralismo y la democracia interna, concentrando la toma de decisiones en el grupo dirigente. Al final, en línea con la descripción que realizan el citado Cervera-Marzal y Rémi Lefebvre, es una organización que se expande y contrae como un acordeón, principalmente en lo que se refiere a su actividad militante. Esto último implica que en momentos electorales el partido puede movilizar a un importante número de simpatizantes y militantes, pero tras los comicios le cuesta retenerlos.

Todo ello ha de enmarcarse a partir de lo ocurrido en las elecciones locales, celebradas el 15 y 22 de marzo y consideradas la antesala de las presidenciales de 2027. LFI esta vez sí se tomó en serio dichos comicios, no como en 2020. De cara a su supervivencia, la dirigencia entendía que era necesario una municipalización del movimiento. Su ausencia en muchas partes del país era un escollo que LFI con este presente no podía ignorar. A su vez, suponía una oportunidad para interpelar a la «Nueva Francia», un recurso retórico en clara sintonía con la idea de criollización y que impugna los marcos excluyentes de la ultraderecha.

Entonces LFI concurrió en solitario a las elecciones de marzo, dado que el Partido Socialista había explicitado su rechazo a llegar a acuerdos con la formación de Mélenchon tanto en primera como en segunda vuelta. En mucho de los municipios, funcionó una alianza entre socialistas, verdes y comunistas. Sin embargo, el crecimiento electoral sin precedentes de LFI durante la primera vuelta implicó que los socialistas se viesen obligados a reconsiderar su negativa a hacer una alianza más amplia. Las tensiones y divisiones que se dieron en los meses previos se disiparon al conocerse los resultados electorales del 15 de marzo y se pasó a la conformación de alianzas en varios de los municipios franceses.

Para Rémi Lefebvre, la táctica planteada por los insumisos permitió una intensificación de las contradicciones entre la izquierda no mélenchonista, en especial al interior del PS. Porque aunque los socialistas sean el segundo partido con mayor número de cargos electos a nivel local, esa negativa a la alianza con LFI se desvaneció rápidamente cuando estaban en juego algunos ayuntamientos. Los resultados de la segunda vuelta, no obstante, mostraron que las alianzas PS-LFI no tuvieron el impacto esperado al perder en ciudades como Clermont-Ferrand, Brest, Tulle, Toulouse o Limonges. Así, se vuelve a poner en duda la viabilidad de esta alianza con vistas a las presidenciales del próximo año.

Más allá de estas «fusiones técnicas», ¿qué otras cuestiones se han de destacar de lo sucedido en los comicios locales? En el caso de la izquierda, el PS consiguió retener París, Marsella, Rennes, Montpellier, Lille y Nantes; LFI ganó en diez grandes ciudades, entre ellas Saint-Denis y Roubaix; los Verdes perdieron muchos de los municipios que lograron en 2020, aunque pudieron conservar Lyon; y el Partido Comunista, además de ganar en 250 ciudades en primera vuelta, pudo hacerse con la victoria en Nîmes. Por su parte, la derecha ganó igualmente en grandes ciudades, pudiendo arrebatar a los socialistas varios de sus bastiones; y la ultraderecha aumentó su apoyo, siendo especialmente fuerte en el sureste y el noreste del país.

Las elecciones locales, por tanto, van a marcar la dinámica de la política francesa, pero conviene prestar atención a sus bajos datos de participación. Ante esto, LFI no solo puede mostrar capacidad de adaptabilidad. No se pone en duda su posición prominente en el espacio de la izquierda francesa, lo que ocurre es que el PS también pisa fuerte.

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El mes de febrero en España ha venido marcado por la «unidad de la izquierda», en particular por el encuentro entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya) y Emilio Delgado (Más Madrid). Pero más allá de la sin duda relevante pregunta por la modalidad de relaciones y formas de organización y competición electoral de la izquierda más allá del PSOE, dicho mes y encuentro nos devuelve otras preguntas, una de ellas: ¿cómo hacerse cargo del miedo en política?

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La del teatro Galileo fue una intervención política que plantea cuestiones incómodas como la presencia del miedo o la cuestión de la seguridad, a partir de la necesidad de aspirar a la apelación de un conjunto mayor de la comunidad política. Si son asuntos tan sumamente políticos, ¿cómo se van a rehuir desde la izquierda? ¿O, cómo van a ser tratados como un asunto de falsa consciencia?

Emilio Delgado, el man mostoleño que deja traslucir que izquierda ≠ woke, llama a quitarse el fular de Malasaña y penetrar en todos los problemas e identidades del big Madrid. Argumenta que se debe realizar un trabajo de persuasión a los chavales en los que está calando los sentidos de la derecha: son también nuestra gente y toca convencer.

Gabriel Rufián, el chico de Santa Coloma, que es el chico del momento en la pasarela de la new left, y que se posiciona contra la «COMPOL» a la vez que asume una episteme discursiva que parece dar sus frutos. Da igual que sea verdad o mentira, la gente tiene miedo nos dice Rufián. No podemos simplemente permanecer ajenos a sentimiento populares y asumir que la gente vive inoculada por el miedo que le inyectan los medios de la derecha y las redes de los tecnooligarcas. No hay falsa consciencia. La tarea política de cada tiempo no es la de desvelar la verdad, sea del 0,05% de okupaciones en el parque de vivienda, los 1000 burkas que se lleven en España o la baja tasa de homicidios de uno de los países más seguros del mundo. Puede existir una sensación de miedo por la cuestión securitaria u otras y es legítimo. Al igual que hay miedo a la llegada de la extrema derecha, o al desorden internacional que se percibe como mundo en guerra, es un mirarse al espejo con tus inseguridades y reconocerse en el miedo.

Asumir la ineradicabilidad del miedo, el plantearse la dirección del conjunto de la comunidad política y asumir la seguridad como tarea prioritaria de la política, siempre, en cada contexto, parecen tareas incómodas para la izquierda. Porque, obvio, lo son. Las tareas incómodas le son definitorias a la política. Estos son asuntos fundamentales para un pensador con una larga sombra. Son tres tareas insertas en las profundidades del pensamiento de Thomas Hobbes.

A este autor le rodea una negra espesura que lo difumina en el pesimismo antropológico, en la defensa de la monarquía o el poder absoluto. Pero, Hobbes está lejos de dejarse atrapar por este traje a medida. Hobbes nos permite intuir que la política en sociedad, como acción representativa de la comunidad organizada, debe hacerse cargo de los miedos de los individuos en soledad. Pues sin acción política en sociedad, reina el miedo a la interferencia de otros particulares sobre todo lo que nos pertenece como sujetos, y en último término el miedo a una muerte violenta. Si la noción de violencia, de inseguridad, aparece en nuestros barrios, sea fruto del patriarcado o redes mafiosas, la comunidad debe afirmarse. Actúa como conjunto frente a la particularidad irredenta que se afirma violentamente sobre el cuerpo de otras particularidades que quedan desprotegidas. Así, la soberanía del conjunto puede imponerse sobre la soberanía egoísta, de tal manera que asume y traslada el miedo, no lo elimina.

Un miedo a la acción conjunta, un juego de centralización y descentralización de los medios de producción del miedo, este es uno de los desplazamientos hobbesianos. El miedo nos hace iguales, esta es una visión igualitaria que llama a la protección comunitaria de cada una de sus partes. Que la particularidad soberana que quiere afirmarse de manera violenta tenga también miedo a la acción de la comunidad organizada, véase los escuadristas de Desokupa. Al hacer política de vocación de conjunto, toca asumir los temores sin acritud, trabajar en sus desplazamientos desde la continua constatación de su inerradicabilidad. Rufián y Delgado, dos pistoleros con miedo, que se cruzaron con la sombra de Hobbes.

Firma invitada - Andrés González-Flores es investigador doctoral en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UCM. Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina. Graduado en Ciencias Políticas y en Derecho por la UC3M.

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En la actual crisis de vivienda me sorprende que el papel de las agencias inmobiliarias y sus prácticas esté recibiendo bastante menos atención de la que probablemente merece. No se trata solo de las comisiones o de los problemas de discriminación en el acceso al alquiler. También tiene que ver con algo más estructural, como el hecho de que, de forma sistemática, los precios que anuncian las inmobiliarias suelen situarse por encima de los que fijan los particulares.

La gran mayoría de los anuncios de alquiler en los portales inmobiliarios procede de agencias. Aproximadamente el 67,6% de todos los anuncios de portales inmobiliarios en España pertenece a este grupo. Esta proporción aumenta todavía más en las ciudades donde el mercado del alquiler está más tensionado. En Barcelona alcanza el 92,6%, en Madrid el 78,3% y en Málaga el 73,1%.

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Si comparamos los precios medios por metro cuadrado de las agencias inmobiliarias en Madrid y Barcelona, se aprecia un patrón muy claro. En casi todos los distritos de ambas ciudades, las agencias inmobiliarias fijan rentas superiores a las de los particulares. En concreto, si calculamos la media entre todos los distritos, los precios gestionados por profesionales resultan un 8,1% más altos en Madrid y un 10,5% más elevados en Barcelona.

Además, en un mercado tan tensionado es razonable pensar que muchas de las mejores oportunidades de alquiler ni siquiera llegan a publicarse en plataformas online, sino que se cierran antes a través de contactos directos u otros canales informales. Las inmobiliarias, por su forma de operar, tienden a publicar sus anuncios de manera bastante sistemática en portales digitales, mientras que los particulares lo hacen con menos frecuencia. Esto también se observa en encuestas como la del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). A partir de entrevistas a inquilinos en Madrid y Barcelona, el estudio estima que solo el 34,1% de los alquileres en Madrid se gestionan a través de inmobiliarias, muy por debajo del 78,3% que aparece en los anuncios online. En Barcelona ocurre algo similar, con un 74,8% de intermediación frente al 92,6% que se observa en los portales.

Por eso, cuando se comparan los precios de los anuncios publicados por inmobiliarias y por particulares en estas plataformas, en realidad se están comparando realidades algo distintas. Los anuncios de particulares que sí aparecen en internet pueden estar sesgados hacia precios más altos que los que realmente se negocian fuera de estas plataformas. En cambio, en el caso de las inmobiliarias la publicación online forma parte habitual de su estrategia de comercialización, por lo que sus anuncios reflejan con mayor fidelidad el segmento del mercado que gestionan. En definitiva, estamos comparando precios de inmobiliarias que ya tienden a ser más altos que los de los particulares y, además, precios de particulares probablemente sesgados al alza porque solo una parte de su oferta termina publicándose en internet. Es razonable pensar que la diferencia real entre ambos sería aún mayor si pudiéramos observar también los alquileres que se cierran fuera de estas plataformas.

Con los datos disponibles en este momento, el mercado dibuja una tendencia bastante clara. En alrededor del 70% de los distritos de España, el metro cuadrado gestionado por profesionales resulta más caro que el de las viviendas anunciadas por particulares. En otras palabras, allí donde conviven ambos actores, el segmento gestionado por agencias tiende a marcar sistemáticamente los precios más altos del mercado.

La mano (in)visible de las inmobiliarias sobre el mercado

Los estudios de economía del comportamiento muestran que los propietarios tienden a sobrevalorar emocionalmente sus viviendas, un fenómeno conocido como «efecto dotación». En la venta esto suele traducirse en precios más altos de lo que el mercado justificaría.

Curiosamente, en el alquiler a largo plazo muchos pequeños propietarios actúan casi al revés. Su prioridad no suele ser exprimir el último euro de renta cada mes, sino reducir riesgos y asegurar estabilidad. Prefieren cerrar el alquiler con rapidez y encontrar un inquilino fiable antes que maximizar el precio inicial. Por eso, es relativamente frecuente que fijen un precio algo más prudente que el máximo que el mercado podría soportar.

La literatura económica explica este comportamiento como una respuesta racional a la incertidumbre. En el mercado del alquiler encontrar al inquilino adecuado lleva tiempo y tiene costes, algo que la teoría de búsqueda y emparejamiento ha estudiado ampliamente. Para un propietario con una sola vivienda, que el piso tarde en alquilarse puede suponer una pérdida relevante que a menudo no se compensa con una pequeña subida del precio mensual. A esto se suman los costes elevados de transacción asociados al cambio de inquilino: enseñar la vivienda, gestionar contratos o asumir reparaciones entre alquileres.

También influyen los problemas de información. El propietario nunca sabe con certeza qué tipo de inquilino aparecerá ni qué comportamiento tendrá a largo plazo, una situación típica de la economía de la información. Si el precio es demasiado alto, puede atraer sobre todo a candidatos con menos alternativas o con mayor probabilidad de impago. En cambio, un precio algo más moderado suele generar más demanda y permitir una selección más cuidadosa.

Esta lógica conecta con el mecanismo de racionamiento mediante precios (rent rationing) en mercados con información imperfecta. Cuando subir el precio atrae perfiles potencialmente más arriesgados, los agentes racionales no siempre maximizan el precio, sino que lo mantienen algo más bajo para poder elegir entre más candidatos y reducir la incertidumbre. Desde esta perspectiva, muchos pequeños propietarios aceptan una renta ligeramente menor como una especie de prima de seguro, sacrificando una pequeña parte del ingreso potencial a cambio de reducir el riesgo de impago o de conflictos con el inquilino.

La situación es distinta para las agencias inmobiliarias y los grandes gestores de vivienda. Mientras que un particular suele tener uno o dos pisos en alquiler, las agencias gestionan carteras mucho más amplias en las que se incluyen mecanismos de seguros de impago. En ese contexto, entra en juego la ley de los grandes números. Los riesgos individuales se diluyen dentro del conjunto y el impacto de un problema puntual es mucho menor.

Otra gran divergencia se fundamenta en la disparidad tecnológica y de alcance estructural entre el sector profesional y el ciudadano no profesionalizado. Las agencias inmobiliarias no operan como meros intermediarios pasivos, sino como verdaderos catalizadores de mercado capaces de concentrar una gran cantidad de demanda en torno a cada vivienda. Desde la perspectiva de los modelos de search and matching, esto significa aumentar la intensidad del proceso de búsqueda y la concurrencia de candidatos para cada piso.

Cuando la demanda potencial que compite por una vivienda es mayor, el propietario tiene más margen para acercar el precio al máximo que los inquilinos están dispuestos a pagar. Pero además existe una segunda ventaja clave, la capacidad de filtrar el riesgo de los candidatos. Mientras que un propietario particular suele basarse en comprobaciones básicas (como revisar una nómina o un contrato de trabajo), las agencias operan cada vez más con herramientas tecnológicas de tenant screening, que permiten evaluar de forma sistemática la solvencia del inquilino. A través de conexiones con registros de información crediticia y bases de datos de morosidad, como ASNEF, el Registro de Impagados Judiciales o el Fichero de Inquilinos Morosos, estas herramientas permiten contrastar en segundos el historial financiero de los candidatos.

Cuando a la concentración de demanda se suma esta capacidad de cribado tecnológico, el resultado es un entorno de competencia mucho más intenso entre aspirantes a una misma vivienda. En ese contexto, las agencias gracias a su visibilidad, sus redes comerciales y sus herramientas de selección, pueden fijar precios más altos con menor exposición al riesgo, acercando las rentas al máximo que el mercado está dispuesto a pagar.

A medida que una parte creciente del mercado se gestiona bajo esta lógica profesionalizada, muchos de los incentivos que antes moderaban los precios desaparecen. El resultado agregado es un mercado en el que los precios tienden a situarse cada vez más cerca de su límite.

Las problemáticas de las agencias van más allá del precio

Desde mayo de 2023, la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda modificó expresamente el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciendo que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, no por el inquilino. Sin embargo, la evidencia demuestra que muchas agencias siguen trasladando estos costes a los arrendatarios.

Esta práctica ha sido ampliamente documentada por organizaciones de consumidores como FACUA y la OCU, sindicatos de inquilinos, medios de comunicación y el Ministerio de Consumo, que han advertido públicamente sobre las infracciones. Entre las sanciones más destacadas, en 2025 el Ministerio de Consumo propuso una multa de 3,6 millones de euros a la red Alquiler Seguro por cobrar servicios que, por ley, deben asumir los propietarios.

El impacto de estas prácticas sobre los inquilinos se refleja claramente en su satisfacción y estabilidad. Según el estudio del IDRA sobre el mercado del alquiler, quienes tratan con inmobiliarias muestran una menor satisfacción con su vivienda, con un 63% en Madrid y un 66,8% en Barcelona, frente al 51,4% y 55,4% de quienes gestionan directamente con la propiedad. Además, son más comunes las subidas de alquiler entre los inquilinos que recurren a agencias: un 56,9% frente a un 41,5% en Madrid y un 68,8% frente a un 45,7% en Barcelona. El incremento relacionado con las inmobiliarias ha ido de la mano de un aumento generalizado de la discriminación: el 59,6% de los inquilinos que han accedido a una vivienda de alquiler en el último han sufrido alguna discriminación, frente a un 27% de quienes firmaron contratos hace cinco años o más.

A modo de cierre

Las inmobiliarias ejercen un impacto decisivo en el mercado de alquiler, fijando precios sistemáticamente más altos que los particulares gracias a su capacidad de concentrar demanda, usar herramientas de selección de inquilinos y operar a gran escala. Mientras los pequeños propietarios priorizan reducir riesgos y alquilar rápido, las agencias pueden acercar las rentas al máximo que el mercado permite, intensificando la competencia y tensionando los precios.

Además del coste, sus prácticas afectan la experiencia de los inquilinos con traslados de gastos que deberían asumir los propietarios, subidas de alquiler más frecuentes y mayores casos de discriminación. En conjunto, la profesionalización del sector contribuye a un mercado más caro y menos estable para quienes buscan vivienda.

Si quieres explorar todos los datos municipio por municipio, distrito por distrito y barrio por barrio, consulta el mapa en la web de barriografia.es.

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Cerca de cumplirse dos años de la victoria del Partido Laborista en las elecciones generales del Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer se encuentra a la deriva, sin capacidad de anticipación. Ante una economía tambaleante, más ortodoxia y austeridad. Ante el «neorrealismo» de Donald Trump, complicidad y servilismo. Ante el genocidio en Gaza, ausencia de medidas que sirvan para presionar el comportamiento criminal del Estado de Israel, además de reaccionar con hostilidad a las acciones ciudadanas en apoyo al pueblo palestino. Y ante el ascenso en las encuestas del ultraderechista Reform UK, una retórica incendiaria contra la inmigración.

La cuestión de la inmigración ha sido donde más se ha constatado el viraje derechista de Starmer. Un reciente estudio centrado en el laborismo británico, en cambio, apunta que asumir el discurso de la ultraderecha es electoralmente autodestructivo. Solo funciona para desplazar más a la derecha el espacio político general sobre este tema y puede ayudar a legitimar posiciones y partidos de ultraderecha. Por otro lado, como alertan Luke Shuttleworth, Katy Brown y Aurelien Mondon, no es suficiente con poner cordones sanitarios en épocas de elecciones a la ultraderecha si luego los partidos mainstream asumen sus discursos y sus políticas. Se ha de adoptar un enfoque más holístico sobre dicha problemática, puesto que la ultraderecha no solo se expresa por medio de un partido concreto.

Si uno atiende al manejo de Starmer cuando únicamente se desempeñaba como líder del Partido Laborista, el cual fue analizado en un artículo pasado, la derechización que ha mostrado al frente del gobierno británico no debería resultarnos una sorpresa. Este viraje, unido a otros escándalos ocurridos durante la actual administración, ha provocado que la figura de Starmer sea a nivel general cada vez más impopular, llegando a repercutir también entre sus propios votantes.

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El comportamiento errático de Starmer ha permitido un impulso de opciones progresistas fuera del ecosistema laborista. Así pues, hay que destacar el caso del Partido Verde bajo el liderazgo de Zack Polanski. Desde su aplastante victoria en las primarias del pasado mes de septiembre, este miembro de la Asamblea de Londres ha dado mucho que hablar tanto al interior de su partido como en el ámbito de la política nacional.

El entusiasmo generado por Polanski se explica a partir de su tono combativo a través del cual busca interpelar a sectores de la sociedad británica atravesados por la desigualdad en sus distintas vertientes, sin desechar la defensa del medio ambiente. Hoy en día todo progresismo que busque plantear horizontes de futuro ha de enmarcarse en posiciones ecologistas capaces de hacer frente a los sectores fósiles y retardistas. En este caso, Polanski formula su plan a partir del autodenominado «ecopopulismo».

Londres es el principal feudo del Partido Verde. En el último tiempo, no obstante, ha experimentado un importante progreso electoral al contar con más de 800 concejales y ganar cuatro asientos en los últimos comicios generales, quedándose en 40 circunscripciones como la segunda fuerza más votada. Igualmente, la reciente victoria del candidata verde Hannah Spencer en un escaño de Manchester (Gorton y Denton) supone un gran aliciente para un partido que pretende ser una alternativa viable frente a un laborismo desnortado y una ultraderecha crecida.

El Partido Verde de Zack Polanski tiene una vocación de mayorías. Dos elementos han sido claves para poder mostrar esta vocación: un proyecto que apunta a una diversidad de votantes, y una organización sólida –y reconocible– que puede canalizar la esperanza generada. En tanto que el primer elemento ya se ha señalado con anterioridad, del aspecto organizativo destacar que el número de afiliados ha pasado de 68.500 en septiembre del año a 200.000 esta última semana. Muchos de los militantes de base, activistas y simpatizantes que se han incorporado recientemente a Los Verdes provienen del Partido Laborista de la era Jeremy Corbyn.

Al mismo tiempo, se ha de reconocer los límites a los que se enfrenta el Partido Verde. Es difícil pensar que en las próximas elecciones generales se pueda convertir en el partido mayoritario. El sistema electoral británico representa una gran adversidad para aquellas formaciones que no son ni Partido Conservador ni Partido Laborista. En todo caso, ante las expectativas generadas por Reform UK en el terreno electoral, emerge en el campo progresista la necesidad de construir alianzas amplias. Entramos así en el terreno de lo hipotético porque hasta el momento no ha había ningún tipo de aterrizaje hacia algo concreto. Es decir, solo se ha tanteado la idea de que el Partido Verde pueda tender alianzas con Your Party de Jeremy Corbyn y la diputada Zarah Sultana y también con el sector del laborismo liderado por Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester.

Por un lado, Your Party es la plataforma política que lanzó el ala izquierda del Partido Laborista tras ser purgada por Starmer. Si bien su puesta en marcha a mediados de 2025 fue algo accidentada, generó un cierto entusiasmo entre el progresismo británico al lograr que en torno a 750 mil personas se inscribieran en la lista de correo. Al igual que Los Verdes, la formación de Corbyn y Sultana busca cobrar prominencia sobre todo a partir de los huecos que deja vacíos el laborismo starmerista. Lo que ocurre con Your Party es que cuesta imaginar que en el corto plazo pueda asentarse como una alternativa con capacidad para competir. Los peligros a los que se enfrenta Your Party (luchas internas, fetichización del horizontalismo, hiperliderazgos) recuerdan a los problemas organizativos que tuvieron las fuerzas políticas de izquierda surgidas a lo largo del continente europeo durante la década pasada, que el sociólogo Paolo Gerbaudo retrató con precisión en el libro The Digital Party (2019).

Por otro lado, las ambiciones de Andy Burnham todavía no han adquirido una dimensión nacional. El alcalde mancuniano representa el principal polo opositor a Starmer en lo que concierne a la dinámica interna del Partido Laborista. La popularidad que ha obtenido gracias al cargo que ocupa desde 2017 no se circunscribe únicamente a la ciudad del norte, dado que también es visto con buenos ojos entre las bases y los votantes laboristas. Sin embargo, Starmer ya se ha encargado de bloquear la posibilidad de que Burnham se convierta en diputado nacional, que es lo que le permitiría a este último poder desafiar el liderazgo del Partido Laborista. Precisamente Burnham pretendía postularse como candidato a la elección parcial de Gorton y Denton, pero el starmerismo lo rechazó. Esta decisión ha supuesto que el laborismo perdiese en una circunscripción que llevaba controlando desde hace casi un siglo.

La cooperación en el campo progresista no se descarta, sobre todo con un Partido Verde que se está tomando en serio que se puede plantar cara a la ultraderecha sin necesidad de entrar en sus marcos. En el horizonte, todos miran a Nueva York: la gesta de Zohran Mamdani como modelo. La cuestión aquí es no reducir lo logrado por el político socialista a una buena campaña en el apartado comunicativo. Hay que señalar el poder de la organización política en esta gesta. Como se muestra en un artículo publicado en la revista Dissent, “su fuerza y su poderío no provenían de TikTok o Instagram, sino de organizaciones cívicas arraigadas”.

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Los resultados de las elecciones extremeñas de diciembre de 2025 otorgan al Partido Popular (PP) y Vox un 60% del porcentaje de votos. A pesar de ello, no es fácil afirmar ni el fin completo de una hegemonía ni el inicio de otra en la región.

En puridad, el fin de la hegemonía en Extremadura –entendida como un actor de dominio unívoco, con capacidad aglutinante en torno a un proyecto concentrado en sus fronteras político-institucionales–se produjo en 2011. Fue entonces cuando un partido político, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con un liderazgo fuerte y claro, principalmente el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, representó un bloque de poder con un dominio político y cultural prácticamente imbatible. Se generó una identidad institucional y colectiva en el que se diluían lo extremeño, lo socialista y lo «ibarrista».La Junta de Extremadura territorializó el Estado, por primera vez, hasta todos los extremos de la región, de las Hurdes a la Siberia. Viejas zonas de olvido que hoy presentan un escenario distinto: en Ladrillar, en el extremo norte, Vox es la primera fuerza autonómica; en Capilla, en el extremo oriental, el PP alcanza un 53,57% de los votos. Entonces, en el imaginario colectivo mayoritario, la traducción extremeña del Estado de bienestar y de las autonomías tuvo sello socialista.

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Si bien la capacidad hegemónica del Partido Socialista en sentido estricto se fue diluyendo, en cuanto a su forma cultural, discursiva e ideológica mantuvo una cierta continuidad, al menos hasta las elecciones de 2023. Puede hablarse de una cierta persistencia hegemónica en la sucesión Vara-Monago («barón rojo»)-Vara, así como en el empate entre Guillermo Fernández Vara y María Guardiola en mayo de 2023. La señal de ruptura más relevante se produce en la rendición de Guardiola frente a Vox durante la campaña de las generales de ese mismo año. El apoyo en los primeros presupuestos, su presencia en la consejería de Mundo Rural y Gestión Forestal, o la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura constituyen ya indicios de un proyecto nuevo.

Cabe entonces preguntarse: ¿Los 40 diputados de PP y Vox, sostenidos sobre un 60% de voto, son señal para el asentamiento de una nueva hegemonía? Estaríamos ante una alianza entre la representante de las pymes y el cazador de alcurnia, que, de forma aspiracional, pretende asentar en lo popular una nueva estética de lo agrorrural y un modo de pensar la economía neoextractivista. Extractivismo continuista, sí, pero sin la identidad colectiva asociada a la Junta y sus servicios públicos. Aquella identidad operaba, por supuesto, desde un entramado caciquil y una red eléctrica de primer orden, con enchufes en cada pueblo, y ello además sin la existencia efectiva de una autonomía de la sociedad civil en Extremadura. No se afirma con esto que dicha sociedad no exista o no haya existido. Hay un bloque civil que ha sido –Junta mediante– estado ampliado: una red ciudadana con la dependencia justa para no adquirir los resortes de un sujeto propio, a lo que se suma la dispersión de pequeños núcleos galos. De ahí que la debacle socialista adquiera un mayor dramatismo, dada la perdida de los resortes económicos y simbólicos de la institucionalidad.

Llegados a este punto, resulta decisivo preguntarse: ¿en qué dirección estratégica puede situarse a María Guardiola? ¿Qué significa –y que va a significar– la hasta ahora presidenta de la Junta?

María Guardiola, desde sus inicios, dio señales de querer mutar el repertorio socialista de la extemeñidad hacia el Partido Popular. Su horizonte de referencia era Juanma Moreno. Para ello, mostró uno de los perfiles discursivos con mayor diferenciación con respecto a Vox. Así, la concepción política de Guardiola es la del continuismo –o al menos su apariencia–: la de no explicitar el uso de la política para proyectar un nuevo orden. En este sentido, durante las negociaciones con la extrema derecha en 2023, Guardiola afirmaba: «No se pueden utilizar las instituciones para ideologizar». O, en las negociaciones actuales: «No tenemos que hablar de puestos».

El señalamiento reiterado de Vox hacia Guardiola como «izquierdista» resulta indicativo. Veamos algunos ejemplos ilustrativos: «la portavoz azul de las políticas de Sánchez» (Santiago Abascal en la campaña electoral de 2025); «el suyo, hasta ahora, era el mismo que el de Irene Montero: ideología de género, fanatismo climático e invasión migratoria» (Samuel Sánchez, portavoz nacional de seguridad). Si la líder del PP extremeño sigue significando continuidad hegemónica, sea por decisión propia o porque Vox ya la situé allí, solo tiene una salida: asumir al PSOE como partido satélite.

Si Vox continúa concediéndole margen, Guardiola tendría que asumir una voluntad de renovación hegemónica. En caso de que se negara –escenario dudoso–, PP y Vox, dadas sus estrategias nacionales –causa fundamental de estas elecciones–, coincidirán en que este mandato es más importante que la figura que lo encarne. En este sentido, Abascal amenazó en el diario Hoy que «si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato». De ahí que Guardiola aparezca como una figura que carece de autonomía política para decidir sobre la orientación política de fondo.

¿Dónde deja esto al PSOE? Se abren dos caminos, y ambos implican una travesía aparentemente larga. El primero consiste en apostar directamente por intentar liderar la oposición o, en caso de incomparecencia, esperar a que se produzca un reagrupamiento del voto a su alrededor. La segunda travesía es la abstención, opción que ha perfilado José Luis Rodríguez Ibarra y que ha sido descartada por la gestora liderada por el dombenitense José Luis Quintana.

Esta es la ubicación de una de las principales paradojas. Por una parte, la abstención favorecería el mantenimiento de los códigos de conducta y de los dispositivos culturales propios de la vieja hegemonía, de la cual has sido el mayor exponente, y podría justificarse desde el principal eje discursivo: «frenar a la extrema derecha». Pero, por otra parte, son los adversarios quienes liderarían ahora ese viejo orden renovado y situarían al PSOE como actor subalterno. El riesgo es doble: se minimiza la percepción de poder constituir una futura alternativa y se profundiza en la perdida de apoyos electorales, un escenario de difícil digestión para un partido con la histórica vocación de poder del PSOE. En ese caso, la oposición ante un bloque histórico de amplio arco parlamentario y débil fortaleza ideológica correría, casi necesariamente, a lomos de Vox.

Falta un actor: ¿qué papel juega Unidas por Extremadura? En primer lugar, la obtención de siete escaños resulta histórica para una fuerza situada en la tradición de la izquierda alternativa al PSOE. Ya en mayo de 2023, aunque pasó desapercibido, Unidas por Extremadura había obtenido un resultado comparativamente relevante. Ahora, con todos los focos puestos, logra un resultado muy destacado. Tanto en términos diacrónicos como sincrónicos. Conviene tener en cuenta que Extremadura ha sido una de las comunidades donde la que la izquierda alternativa ha encontrado mayores dificultades. A modo de contexto, en 2015, en pleno auge de Podemos, se obtuvieron seis escaños. El resultado de 2025 es el máximo histórico, con el precedente en votos de un 10% de Izquierda Unida (IU) en 1995.

Ahora bien, siendo la candidatura del arco parlamentario extremeño con mayor orientación hacia la región en términos tácticos y estratégicos, su mediatización ha tenido también una lectura estatal. Se trata de un resultado «exitoso» de una coalición política, más allá de lo puramente electoral, liderada por Podemos, con una fuerte presencia de IU y la incomparecencia de Sumar. Esto permite, por un lado, que las lecturas más próximas a Podemos sostengan la idea de que allí donde Sumar no está, las cosas funcionan; y, por otro, que desde otros sectores de la izquierda se refuerce la tesis de que favorecer frentes amplios es positivo en términos generales, con independencia de la presencia o no de Podemos.

Su futuro político pasa por la consolidación de un frente amplio extremeño capaz de ir acumulando descontentos y fuerzas de ámbito civil desde la oposición a un gobierno PP-Vox –o, en un escenario más improbable, a un PP con apoyo del PSOE en la investidura–. En este sentido, una tendencia hacia la «frenteamplización» de la izquierda española (con Podemos dentro) le resultaría beneficiosa; el escenario contrario, en cambio, le perjudicaría. Especialmente en este último caso, deberá seguir trabajando en su autonomía política. El reto es de calado, porque, a pesar de lo positivo de los resultados, no ha logrado aún aglutinar el grueso del antiguo voto socialista.

Extremadura queda así a las puertas de un segundo proyecto con vocación hegemónica, cuya consolidación no está, sin embargo, asegurada. La opción de una renovación del viejo orden extremeñista, dada su divergencia con las estrategias nacionales, parece quedar encapsulada. Quizá asistamos, entonces, tras un 2025 marcado por muertes tan significativas en Extremadura, al definitivo entierro de una era. De momento, en stand by.

Firma invitada - Andrés González-Flores es investigador doctoral en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UCM. Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina. Graduado en Ciencias Políticas y en Derecho por la UC3M.

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En Estados Unidos, la diferencia en el número de hijos entre conservadores y progresistas nunca había sido tan pronunciada. En 1980 ambos grupos tenían una media similar, alrededor de 2,7 hijos, pero hoy los conservadores se sitúan en torno a 2,4, mientras que los progresistas apenas alcanzan 1,8. Esto supone una brecha del 41% a favor de los primeros. La pregunta es inevitable: ¿puede una diferencia así transformar, poco a poco, el equilibrio político de un país?

En Europa la pregunta también está sobre la mesa. En 2024, Martin Fieder y Susanne Huber analizaron datos de 15 países con las encuestas SHARE y GGS y encontraron un patrón claro: allí donde las personas de derechas tienen sistemáticamente más hijos que las de izquierdas, ese diferencial puede ir desplazando gradualmente la composición ideológica de la sociedad hacia posiciones más conservadoras. No hablan de causalidad directa ni de genética probada, sino de un efecto composicional. Si la brecha de fecundidad se mantiene y existe cierta transmisión intergeneracional de actitudes, es lógico que aumente la proporción de conservadores en las cohortes más jóvenes.

¿Y qué ocurre en España? Si miramos el histórico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los datos muestran que, durante los últimos 30 años, quienes se sitúan a la derecha han tenido de forma constante más hijos que quienes se identifican con la izquierda. En 1996, la media declarada era de 2,62 hijos entre votantes conservadores frente a 2,36 entre progresistas. Casi tres décadas después, en 2025, la fecundidad ha caído en ambos bloques, pero la diferencia se mantiene: 2,06 frente a 1,87, lo que supone un 10% más a favor de la derecha. ¿Puede esa ventaja numérica traducirse en un cambio político a largo plazo?

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La transmisión ideológica de padres a hijos

Los datos reflejan una correlación relevante entre la ideología de padres e hijos, de modo que aproximadamente un 30% de la variación en la posición política de los hijos está asociada a la de sus progenitores, mientras que el 70% restante obedece a otros factores. Esto pone de manifiesto que la transmisión ideológica no es un proceso simple ni automático, ya que crecer en un entorno conservador puede incrementar la probabilidad de que un hijo adopte esas ideas, aunque sin que ello suponga un efecto directo.

Esto significa que la mayor fecundidad de los conservadores por sí sola no basta para producir un giro político significativo. Sin una transmisión sólida de valores y un entorno que refuerce esas identidades, la ventaja demográfica se diluye y su capacidad de alterar el mapa electoral queda limitada.

Además, la fidelidad ideológica no es igual en ambos bloques. Los hijos de padres de izquierdas tienden a parecerse mucho más a ellos que los de derechas. Según los datos, un 76% de los hijos de familias de izquierdas mantienen la misma orientación política que sus progenitores, mientras que en el caso de las familias de derechas esta cifra se reduce al 52%. Esto sugiere que la izquierda no solo tiene una base demográfica diferente, sino también una retención intergeneracional más fuerte, mientras que la derecha, pese a tener más hijos de media, “pierde” a una parte importante hacia posiciones más centristas o incluso hacia la izquierda en la siguiente generación.

Sin embargo, esta última estimación se basa en una fotografía puntual de 2017, tomada en un momento de auge político de la izquierda, y no existen datos comparables más recientes. Esto limita en parte su alcance e invita a recordar algo fundamental: la ideología no es un rasgo estático. A lo largo de la vida, las personas pueden matizar, reforzar o incluso cambiar por completo sus ideas, y crecer en un entorno de izquierdas o de derechas no garantiza permanecer en ese mismo eje con el paso del tiempo.

Generaciones en movimiento

Si dividimos a la población española en seis grandes cohortes generacionales se dibujan patrones muy interesantes. La generación silenciosa ha seguido un recorrido claro hacia la derecha con algunos episodios puntuales de giro hacia la izquierda, mientras que la generación de posguerra se ha mantenido más estable en el eje progresista.

Los baby boomers también muestran una tendencia general hacia la derecha, aunque alrededor de 2015 experimentaron un regreso temporal hacia posiciones más progresistas. Por su parte, la generación X y los millennials son, en conjunto, los grupos más claramente situados en la izquierda del espectro, influidos en buena medida por el contexto político del 15M y sus consecuencias. En cambio, la Generación Z ha protagonizado en los últimos años un giro mucho más acusado hacia la derecha, un fenómeno muy comentado y analizado, en especial por la creciente derechización entre los hombres jóvenes.

En conjunto, estos datos son reveladores porque muestran que la evolución ideológica de las personas es mucho más dinámica y compleja de lo que suele creerse. No es cierto, al menos de forma universal, aquello de que “con la edad uno se vuelve más conservador”: solo se observa en algunas generaciones y, aun así, con altibajos y cambios de dirección dentro de un mismo grupo. Por eso, intentar predecir si en España una mayor fecundidad de la derecha acabará alterando el panorama político a largo plazo se convierte en un ejercicio muy complejo.

A modo de cierre

La idea de un «baby boom conservador» como motor automático de cambio político resulta atractiva pero simplista. Es cierto que en España, igual que en otros países, la derecha ha tenido históricamente más hijos que la izquierda. Sin embargo, la transmisión ideológica no es ni directa ni perfecta: solo alrededor de un 30% de la posición política de los hijos se asocia a la de sus padres y, además, la izquierda retiene a sus descendientes con más fuerza que la derecha.

A esto se suma que los ciclos políticos, los cambios culturales, las condiciones materiales y las trayectorias vitales de cada generación van modulando, corrigiendo o incluso invirtiendo las tendencias heredadas. Las cohortes muestran desplazamientos y vaivenes ideológicos que dependen del contexto y no de un destino demográfico.

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La jornada electoral en Ecuador del 13 de abril de 2025 se saldó con la reelección de Daniel Noboa, quien logró superar a Luisa González con el 55,85% de los votos en un ambiente de alta polarización. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por acusaciones de fraude, especialmente por parte del correísmo, que cuestionó la transparencia del escrutinio y denunció irregularidades en el uso de recursos públicos, la manipulación de actas electorales y el acceso restringido a observadores internacionales.

A pesar de las reacciones internacionales, que en su mayoría validaron la victoria de Noboa, la desconfianza en las instituciones ecuatorianas crece. Mientras el oficialismo se enfrenta a la tarea de consolidar su legitimidad, el correísmo deberá decidir entre seguir apostando por la confrontación o reinventarse para competir en el futuro. La situación política de Ecuador, marcada por una crisis de gobernabilidad y altos niveles de violencia, se perfila como un desafío crucial para la estabilidad del país.

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La jornada electoral

Daniel Noboa y Luisa González llegaron al balotaje después de una primera vuelta de infarto, en la que, al principio de la noche electoral, parecía que Noboa se impondría con claridad. Sin embargo, conforme avanzaba el escrutinio, González fue acercándose progresivamente hasta quedar a solo 17 décimas del empate. Dado que ningún candidato logró superar la barrera del 50% de los votos, ni tampoco obtuvo al menos el 40% con una diferencia respeto al segundo de 10 puntos porcentuales o más, el domingo 13 de abril de 2025 Ecuador celebró la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales marcadas por una alta participación ciudadana y una creciente polarización entre las dos principales fuerzas políticas del país. Con el 98,58% de las actas procesadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador al presidente en funciones, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), con el 55,85% de los votos, frente al 44,15% obtenido por Luisa González, candidata del correísmo bajo el paraguas de Revolución Ciudadana (RC).

Según los medios ecuatorianos, la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes relevantes, en un ambiente de orden y alta movilización ciudadana. Desde las primeras horas de la mañana, los centros de votación abrieron puntualmente y se observó una afluencia constante de votantes a lo largo del día, especialmente en las zonas urbanas. El proceso de votación se desarrolló de manera fluida, con mesas receptoras del voto operativas en todo el país y un despliegue logístico que garantizó el acceso al sufragio en las 24 provincias. El padrón convocaba a más de 13 millones de ciudadanos y la participación final se situó en el 83,76%. El cierre de las mesas se llevó a cabo con normalidad al final de la tarde y poco después comenzaron a llegar los primeros datos del escrutinio.

Un patrón presente en las tres últimas contiendas electorales

El correísmo se encuentra en una encrucijada crítica dentro de su trayectoria política: por tercera vez consecutiva, alcanzó el balotaje, pero no logró alzarse con la victoria. La tendencia parece repetirse: el correísmo avanza en la primera vuelta, pero no consigue cerrar la elección en la segunda. En 2025, a pesar de la euforia en su campaña y un resultado apretado en la primera vuelta, el movimiento no supo aprovechar ese impulso y terminó siendo superado nuevamente por Daniel Noboa.

Los números son contundentes: en 2021, Arauz vio un aumento del 39,6% en la segunda vuelta, pero su oponente Lasso experimentó un ascenso del 154,4%; en 2023, Luisa González obtuvo un incremento del 47,2%, pero Noboa creció un 126,8%. En 2025, el crecimiento de González fue solo de un 1,3%, mientras que Noboa experimentó un aumento del 26,7%. Los fieles votantes correístas ya no son suficiente. Pero, ¿qué justifica esta caída recurrente?

Según el politólogo y consultor argentino Ezequiel Parolari, el primer factor es el peso de la figura de Rafael Correa, que pasó de ser un líder carismático a un símbolo polarizante que resuena más como un fantasma que como un activo político. Las nuevas generaciones ya no votan con nostalgia, sino con la preocupación de evitar los errores del pasado. En segundo lugar, el correísmo fracasa en construir mayorías; no logra atraer a los votantes moderados, limitándose a su base. En un balotaje, ganar implica sumar, seducir, y el correísmo parece atrapado en su propio círculo. Además, el contexto de crisis de seguridad, con altos niveles de violencia y narcotráfico, hace que el discurso «refundacional» de Correa pierda vigencia frente a propuestas que parecen más enfocadas en el «orden posible». Por último, la marca Correa, que en su momento fue un motor electoral, hoy se muestra agotada. La nostalgia ya no atrae y hay una generación que no se identifica con la figura del expresidente ni con las promesas de retorno a un pasado idealizado. Parolari asegura que después de tres derrotas correístas en balotaje, estos se enfrentan a un cruce de caminos: reinventarse o permanecer en el eterno segundo lugar. Con estructura, pero sin relato nuevo; con fidelidad, pero sin ampliación; con votos, pero sin mayorías, el «mito Correa» ya no basta. En política, cuando el mito se convierte en un obstáculo, es momento de soltar.

Los hechos denunciados como fraude por parte del correísmo, más allá de los datos

La misma noche del domingo electoral, tras conocerse los resultados oficiales que confirmaban la reelección de Daniel Noboa, la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció públicamente un presunto fraude electoral. Afirmó que los datos no coincidían con lo que reflejaban tanto las encuestas preelectorales como los sondeos a pie de urna, de los cuales, según indicó, hasta once le otorgaban la victoria.

Esta discrepancia entre las expectativas generadas y el resultado final alimentó las sospechas dentro de su espacio político. González también subrayó un dato llamativo: en términos absolutos, su candidatura solo mejoró algo más de 150.000 votos respecto a la primera vuelta, con un crecimiento proporcional de apenas el 0,12%, algo inusual en una segunda vuelta presidencial, donde normalmente ambos candidatos tienden a sumar apoyos significativos.

El desconcierto en su entorno aumentó al considerar el respaldo explícito de Pachakutik, tercera fuerza en la primera vuelta con un 5,25%, así como el ligero incremento de la participación electoral y el contexto de extrema polarización, que hace poco probable un trasvase masivo de votos entre bloques antagónicos. Bajo estas condiciones, el correísmo considera que el resultado no refleja lo que, según ellos, era una tendencia favorable consolidada.

En el contexto de las acusaciones de fraude lanzadas por la candidata González la misma noche electoral, resulta clave entender qué se considera fraude electoral desde una perspectiva técnica e institucional. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el fraude puede producirse en cualquiera de las tres fases del ciclo electoral: preelectoral, electoral y poselectoral.

En la etapa preelectoral, el fraude incluye la manipulación del censo (ya sea excluyendo votantes legítimos o incluyendo ficticios), las restricciones a la participación política mediante trabas administrativas o judiciales, y el uso indebido de recursos públicos en favor de una candidatura. Durante la jornada electoral, puede manifestarse en formas como la compra de votos, la coacción a los electores, la suplantación de identidad o la manipulación directa del proceso de votación (por ejemplo, con urnas adulteradas o software alterado). Finalmente, en la fase poselectoral, se identifica fraude en la manipulación del escrutinio, la imposibilidad de impugnar resultados por vías legales o la exclusión de observadores del proceso. Comprender esta tipología es clave para evaluar con rigurosidad la gravedad y la consistencia de las denuncias planteadas, más allá del ruido político y mediático que habitualmente las acompaña.

Desde la óptica del correísmo, el proceso electoral de 2025 en Ecuador estuvo marcado por una serie de hechos que, según denuncian, comprometen la transparencia del balotaje y configuran un posible fraude. En primer lugar, señalan el uso indebido de recursos públicos por parte de Daniel Noboa para su campaña, incluyendo fondos del presupuesto nacional, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de gobiernos locales, como municipios y alcaldías. Esta presunta utilización de dinero estatal habría eludido los controles de gasto electoral. A ello se suma la denuncia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió votar a los ecuatorianos residentes en Venezuela, restringiendo así un derecho constitucional.

También se pone en cuestión la labor de observación internacional: si bien hubo misiones presentes, el correísmo asegura que se obstaculizó el ingreso de observadores considerados imparciales y que existió una militarización de las fronteras con el fin de evitar su entrada. En ese contexto, la sede del CNE fue fuertemente custodiada desde el día previo a los comicios, con presencia de tanques, alambres y fusiles, lo que fue interpretado como una forma de intimidación.

Otra de las denuncias centrales tiene que ver con una campaña digital de desinformación impulsada desde el entorno de Noboa. El activista español Julián Macías Tovar denunció la difusión de mensajes falsos contra González, que incluían imágenes de menores de edad, personas fallecidas y usurpación de identidades reales para sostener relatos calumniosos.

El correísmo, por otra parte, denunció que el CNE ordenó 18 cambios de recintos electorales en las horas previas a la votación, sin comunicarlo a tiempo ni advertir a la ciudadanía por medios oficiales, dificultando el acceso a la votación. A esto se sumó la declaración de un estado de excepción la noche del sábado, en vísperas del balotaje, que restringió la movilidad de actores políticos opositores, impidiendo tareas de organización y fiscalización electoral.

Hubo, igualmente, reclamos por la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros de votación, con el argumento de evitar extorsiones o amenazas. El correísmo lo interpretó como una medida para impedir la documentación de irregularidades. También reportaron el cierre anticipado de algunas mesas de votación, mayoritariamente en zonas donde el correísmo es fuerte, lo que habría afectado su caudal electoral. Por último, el secretario general de RC, Andrés Arauz, compartió imágenes de al menos seis actas electorales que no estaban firmadas por el presidente y secretario de las Juntas Receptoras del Voto, tal como exige el artículo 127 del Código de la Democracia. Todas estas actas, según denunció, favorecían a Noboa, lo que refuerza las sospechas de manipulación en los resultados.

Si las denuncias del correísmo sobre la elección fueran ciertas, varios de los hechos señalados podrían encajar dentro de diferentes tipologías de fraude electoral contempladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En la fase preelectoral, el uso indebido de recursos públicos para financiar la campaña de Noboa podría considerarse un abuso de recursos estatales. También la difusión de contenidos manipulados y campañas de desinformación encajarían en la categoría de manipulación informativa, al afectar el acceso del electorado a información veraz, libre y equitativa.

Durante la jornada electoral, varias acciones podrían interpretarse como obstrucciones directas al ejercicio del sufragio. Entre ellas destacan el cambio repentino de recintos de votación sin información oportuna, la prohibición del uso de teléfonos móviles, el cierre anticipado de centros de votación en zonas de voto correísta o el impedimento para que ecuatorianos en Venezuela pudieran ejercer su derecho al voto. Estas prácticas estarían orientadas a restringir tanto la participación como la fiscalización del proceso.

Finalmente, en la etapa de escrutinio, la existencia de actas sin firmas válidas de las autoridades de mesa podría representar una forma de fraude en el cómputo. La denuncia de que estas actas, presuntamente irregulares, beneficiarían al candidato ganador, agrava la sospecha de que se haya vulnerado la integridad del recuento final. En conjunto, si estas acusaciones fueran ciertas, estaríamos ante un patrón que afectaría estructuralmente a las tres fases del ciclo electoral: antes, durante y después de la votación.

¿Qué dicen los líderes y organizaciones internacionales?

Las reacciones internacionales han sido mayoritariamente de reconocimiento a la victoria de Daniel Noboa, aunque con matices importantes. Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos descartaron categóricamente la existencia de fraude, pero señalaron desequilibrios durante la campaña, como el uso de recursos públicos y la falta de licencia del presidente Noboa para hacer campaña, lo que podría haber afectado la equidad del proceso.

A nivel regional, líderes como el presidente chileno Gabriel Boric y el brasileño Lula da Silva felicitaron a Noboa por su triunfo, reconociendo la voluntad del pueblo ecuatoriano, y con la enorme importancia que unos líderes de izquierda como ellos le reconozcan la victoria. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que tenían que esperar a la apertura de urnas, un reclamo de Luisa González, ya que, según la presidenta mexicana, puede haber irregularidades electorales importantes. Es importante señalar que México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador desde el asalto a la embajada mexicana en Quito. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, aseguró por sus redes sociales que “no hay elecciones libres bajo Estado de Sitio”. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, sin la legitimidad internacional que tienen los otros mandatarios mencionados con anterioridad, denunció un «fraude horroroso» en las elecciones, alineándose con las acusaciones de la candidata perdedora. Estas posturas pueden no reflejar una división muy importante en la comunidad internacional respecto a la legitimidad del proceso electoral en Ecuador, pero son suficientes para no hablar de unanimidad a favor del proceso electoral totalmente limpio.

El futuro del país

A partir de ahora, Ecuador se enfrenta a una etapa particularmente compleja. La ratificación de Daniel Noboa en la presidencia, en un clima marcado por la polarización, la desconfianza institucional y las denuncias de fraude, dibuja un horizonte incierto tanto para el sistema político como para la gobernabilidad. Por un lado, el oficialismo deberá consolidar su legitimidad en medio de un ruido de fondo persistente, que podría erosionar su capacidad de acción si no se gestiona con transparencia y voluntad de diálogo. Por otro, el correísmo deberá decidir si profundiza su estrategia de confrontación o si inicia un proceso de revisión interna que le permita construir una alternativa creíble más allá del mito de Correa.

La tensión entre gobernabilidad y legitimidad será el eje del nuevo ciclo político. En un contexto de violencia, crisis económica y fragmentación social, Ecuador no puede permitirse una democracia capturada por la sospecha. Lo que ocurra en los próximos meses definirá no solo el mandato de Noboa, sino también el lugar que ocuparán las instituciones, la oposición y la ciudadanía en un país que aún busca un rumbo estable en medio de la violencia absoluta.

Firma invitada - Àlex Abellán es politólogo por la UAB. Actualmente se encuentra cursando el Máster en Marketing Político: Estrategias y Comunicación Política en el ICPS. Con un especial interés en elecciones y sus sistemas electorales.

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Chile celebrará sus elecciones presidenciales a finales de 2025 (la primera vuelta el 16 de noviembre y la segunda vuelta el 14 de diciembre), por lo que los diferentes espacios políticos ya realizan movimientos en esta dirección.

El presidente Gabriel Boric no podrá presentarse a los comicios de este año, debido a que en Chile no se permite la reelección inmediata. Si bien los niveles de aprobación del presidente son bajos, la búsqueda de un sucesor que sea competitivo en la arena electoral no está siendo una tarea sencilla para el oficialismo. También temas como el de la seguridad pública, que marcan el panorama político actual, estarían impactando negativamente en las opciones del oficialismo.

El repliegue del oficialismo contrasta con una actitud más combativa de la oposición. La conservadurización de la agenda política favorece a los candidatos de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, los nombres de estos dos espacios ya estarían definidos. Evelyn Matthei sería la principal figura de la derecha tradicional agrupada en la alianza Chile Vamos, mientras que el espacio de la ultraderecha cuenta esta vez con dos candidaturas presidenciales, la de José Antonio Kast (Partido Republicano) y la del outsider Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Atendiendo las encuestas, Matthei y Kaiser se sitúan en la actualidad como los dos candidatos con mayor intención de voto. Así, una parte importante del oficialismo proyectaba en la figura de la expresidenta Michelle Bachelet una opción con garantías para encarar las elecciones de 2025. Pese a que esta terminó declinando, ¿por qué se pensaba en Bachelet?

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«Bache-tres»: la opción que no se concretó

El gobierno de Gabriel Boric se estableció con el respaldo de dos coaliciones: Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista) y Socialismo Democrático (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal). Con los resultados que dejó las elecciones parlamentarias de 2021, Boric no podía gobernar solo con el Frente Amplio y los otros partidos de Apruebo Dignidad, de ahí que llegase a un acuerdo con el Socialismo Democrático para que se integrase en su gobierno. Durante dicha presidencia, las relaciones entre ambas coaliciones se fueron afianzando y esto posiblemente se materializará en una candidatura conjunta de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

El nombre de Bachelet, así pues, parecía una opción competitiva y de consenso para encabezar la candidatura del oficialismo. Principalmente dos aspectos permitían pensar en la expresidenta chilena: la imagen positiva que sigue generando entre la ciudadanía y la capacidad para dialogar con todo el arco de la izquierda institucional. En este contexto político, destacaba por ser una figura que reunía adeptos tanto entre la opinión pública como al interior del oficialismo. La política socialista, por su experiencia, podía navegar con destreza ante un Chile que deja atrás el estallido social de 2019.

Como se señaló con anterioridad, Michelle Bachelet a principios de marzo rechazó postularse. La propia expresidenta en ningún momento había manifestado su intención de concurrir a las elecciones de 2025. Esta candidatura había sido promocionada principalmente por el Partido Socialista y el Frente Amplio. Sin embargo, desde el entorno de la exmandataria, no observaban un contexto propicio y seguro como el de 2013 para volver a candidatearse.

Una vez quedó descartada esta opción, el oficialismo ha optado por definir su candidatura a través de una primaria, que se celebrará el próximo 29 de junio junto a las de los otros espacios políticos. Por ahora, la principal precandidatura de la primaria oficialista es la de Carolina Tohá, integrante del Partido por la Democracia y exministra del Interior y Seguridad Pública. En las encuestas, ya va reuniendo un mayor nivel de apoyo, aunque no es una de las figuras políticas más populares de Chile.

Con vista a la primaria, el Frente Amplio quería presentar como su precandidato a Tomás Vodanovic, alcalde de la comuna de Maipú y el político mejor evaluado del país. No obstante, Vodanovic descartó dicha posibilidad. El FA tampoco pudo convencer a su jefe de bancada en la Cámara de Diputadas y Diputados, Gonzalo Winter. Otra opción que ha tanteado esta colectividad es el de Beatriz Sánchez, quien fue su candidata presidencial en 2017 y hoy se desempeña como embajadora de Chile ante México.

El partido del presidente, en este sentido, está teniendo dificultades para encontrar un precandidato que pueda competir en la primaria, al punto de que podrían no presentar su propio representante. Algo similar le ocurre al Partido Socialista, que se hubiese visto fuertemente beneficiado con una nueva candidatura de Bachelet. Los socialistas, asimismo, habían mostrado interés por el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, si bien descartó presentarse.

Por parte del Partido Comunista, todavía no se ha dado una definición de su precandidato. El Pleno del Comité Central cuenta con dos nombres sobre la mesa: Daniel Jadue, exalcalde de la comuna de Recoleta, y Jeannette Jara, ministra del Trabajo. Probablemente Jara sea la elegida, dado que en el momento actual tiene una mayor exposición pública y es una figura que genera más simpatías entre el resto de fuerzas del oficialismo.

En consecuencia, al momento de escribir el presente artículo, las precandidaturas del oficialismo confirmadas serían la de Carolina Tohá (Partido por la Democracia), Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). Habrá que esperar a los movimientos que efectuarán el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista.

En la medida que quedaron descartados los nombres de Bachelet, Vodanovic y Orrego, quienes posiblemente habrían generado un mayor dinamismo e impacto a la candidatura oficialista en el corto plazo, la primaria se proyecta como un proceso encaminado al fortalecimiento de esta alianza de cara a las elecciones presidenciales.

El constante retorno de los líderes de la «marea rosa»

Aunque la candidatura de Michelle Bachelet no se acabase concretando, el caso chileno muestra un patrón que también se ha dado en otros países de la región latinoamericana: todavía existe una dependencia en aquellos líderes que destacaron durante la oleada de gobiernos progresistas de principios del siglo XXI. En otras palabras, se generaron durante la «marea rosa» liderazgos fuertes que con el paso del tiempo no han podido ser reemplazados por nuevas generaciones.

El caso de Lula da Silva en Brasil se podría decir que es el caso más paradigmático del patrón descrito. La victoria electoral de 2022 contra Jair Bolsonaro no se pudo entender sin Lula, que logró construir su candidatura a partir de una proyección de horizonte asentada en su anterior experiencia de gobierno y la construcción de una coalición diversa que polarizase con el bloque bolsonarista. Aun cuando tales comicios estaban delineados por un panorama muy particular, la figura de Lula nunca había desaparecido de la política brasileña, su sombra era muy alargada.

Así, el propio Lula sugirió a Bachelet que buscase postularse por un tercer mandato, como hizo él. La idea que subyace es presentar en elecciones que se plantean adversas a candidatos conocidos, con experiencia gubernamental, y con la capacidad de “unir a los divergentes para derrotar a los antagónicos”, recordando la famosa frase del pedagogo brasileño Paulo Freire.

Por otro lado, en Argentina Cristina Fernández de Kirchner todavía sigue siendo una pieza clave en la conducción del peronismo. Si bien lo ocurrido en 2023 mostró la necesidad de renovación, su voz todavía se mantiene fuerte en el entramado peronista en la medida que ocupa la presidencia del Partido Justicialista y sigue existiendo La Cámpora. Igualmente, Evo Morales en Bolivia, posterior al golpe de Estado que sufrió en 2019, fue fundamental para la victoria de Luis Arce en 2020 y hoy, a pesar de la fuerte disputa que mantiene con el actual presidente boliviano, continúa siendo necesario para que la izquierda retenga el poder en las próximas elecciones.

Los liderazgos de Cristina y Evo es verdad que en el último tiempo han estado más discutidos a nivel interno (y externo), pero a su vez siguen siendo fundamentales para sus respectivos espacios. Dentro del patrón descrito, se podría decir que, con respecto a Lula y Bachelet, estos dos últimos casos representarían un subtipo distinto, porque con ellos no alcanza pero sin ellos no se puede1.

El pensar acerca de la dependencia en liderazgos fuertes puede hacernos sobreestimar la influencia de la forma de gobierno que rige en dichos países, el sistema presidencial. Por ello, aparte de la incidencia de las propias realidades nacionales, habría que prestar una atención especial a las organizaciones partidistas y su capacidad para generar sus propios cuadros dirigentes. Por ejemplo, el Frente Amplio de Uruguay muestra que se pueden construir canales institucionalizados para la emergencia de nuevos líderes.

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La economía global ha sufrido constantes shocks desde que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a la Casa Blanca. Su política internacional y comercial, probablemente una de las más agresivas de la historia de la nación, se ha enfrentado cara a cara a la República China (junto con México y Canadá) especialmente, protagonizando un segundo episodio de altas tensiones tras la guerra arancelaria que ya hubo durante su primer mandato en 2018.

Este enfrentamiento se enmarca en el presente como un claro intento de Trump de frenar la economía mercantil y de desarrollo industrial chino conforme las tendencias estadísticas muestran de qué manera la ventaja marginal por parte de Estados Unidos como líder manufacturero, industrial y comercial es cada vez más estrecho o incluso ha sido superado por el gigante asiático. Sin embargo, parece que, aunque las causas sean legítimas a priori como intento de frenar la pérdida de posición de EEUU como potencia principal, las medidas impuestas no son pertinentes para el crecimiento y desarrollo estadounidense. Más bien lo contrario: en un planeta en el que el aislamiento es cada vez más castigado debido a la creciente globalización y competencia entre diferentes países emergentes, especialmente en Asia pero también América y África, la dependencia económica se va diluyendo para dar paso a un marco en el que aunque un país sea potencia mundial, puede llegar a ser incluso prescindible en muchas áreas si se cumplen ciertas condiciones.

Bajo este contexto, Estados Unidos ha utilizado un arma principal: el arancel, un término que connota un doble mecanismo. En primer lugar, designa un impuesto a los productos y servicios extranjeros pagado por los consumidores y empresas del país propio. En segundo lugar, establece un subsidio a los productores nacionales de esas áreas a las que se les pretende dar una mayor fuerza. Un apunte relevante es que mientras que normalmente los países suelen establecer aranceles a industrias específicas para fortalecerlas, Trump ha anunciado aranceles a cualquier producto o servicio extranjero con la excepción del energético, con el que ha mantenido una política más diplomática.

De esta manera, las medidas arancelarias pueden constituir un disparo en el pie por el propio presidente de los Estados Unidos antes que una vía de impulsar su propia economía. Al intentar que China encarezca sus procesos de producción y comercio, pero a la misma vez cerrándose frente a otros países o zonas económicas, la situación internacional podría hacer que Estados Unidos perdiese muchísimo más que el país de Xi Jinping, quien incluso podría verse reforzado a medio o largo plazo al diversificar más sus inversiones y comercio con otros socios y depender menos de Estados Unidos, algo que ya ha estado haciendo los últimos años con su venta de bonos del Tesoro estadounidenses y compra de oro como activo físico. A pesar de esto, el escenario no es positivo para ningún actor, ya que las guerras comerciales siempre tienden a afectar negativamente a todos los actores, especialmente porque en este caso China y Estados Unidos dependen mucho uno del otro y son las dos mayores potencias económicas presentes.

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Causas de la guerra comercial para China

La disputa entre los dos países actualmente más ricos, China y Estados Unidos, se mantiene equilibrada, otorgando ganadores según sectores. En cuanto a manufacturas y comercio exterior, China supera ya a Estados Unidos en un 74% aproximadamente (3,6 billones frente a 2,1 respectivamente). En el desarrollo de ciertas industrias, como la producción de acero, aluminio, sector minero o industria textil China es el gran vencedor, y en otros, como empresas más ricas, armamento o tecnología, Estados Unidos sigue a la cabeza. Otro indicador importante sería el crecimiento del PIB, anunciado por China a comienzos de marzo firmemente como un 5%, frente a un 2% de Estados Unidos si es que no es menos debido a las últimas proyecciones económicas de Trump. A pesar de esto, es necesario hacer un apunte que se suele pasar por alto: el índice de crecimiento de ambos países hay que compararlo cuidadosamente, ya que China aún es considerada como un «país en vías de desarrollo». Esto es esencial porque los países en desarrollo suelen tener grandes crecimientos de PIB por el hecho de que, conforme se desarrollan, los mercados maduran y los nichos de mercado, esenciales para el crecimiento y la innovación, se van saturando y decrece el crecimiento. Por otra parte, en alianzas políticas y económicas Estados Unidos mantiene a Occidente y algunos países de América Latina (como Argentina) y Asia (Japón, Corea o China Taipéi), en tanto que China tiene ya a la mayoría de las potencias asiáticas emergentes, África y buena parte de América Latina.

Sin embargo, pese a que la situación actual parece estar algo nivelada en términos actuales, la tendencia de general inclina más la balanza hacia China. Por ejemplo, respecto al tema de semiconductores, uno de los productos más importantes en tecnología en el presente y a largo plazo, Estados Unidos ha visto cómo su participación global en la producción de semiconductores disminuye significativamente, pasando del 37% en 1990 a un 14% proyectado para 2032. Mientras tanto, China, que en 1990 tenía un 0%, dispondrá para 2032 de un 21%, situándose como el primer país con la producción de semiconductores cada vez más pequeños.

En términos de Inteligencia Artificial, si bien Estados Unidos es por el momento el líder indiscutible en innovación, China irrumpió con la llegada de DeepSeek, una IA que, en términos simples, ofrece los mismos resultados que la última versión de OpenAI (la 4o1) pero con un coste económico y de impacto medioambiental exponencialmente inferior y ofreciendo gratis el modelo de razonamiento avanzado, que el gigante estadounidense tenía de pago y a la semana introdujo una versión gratuita. Este hecho, no obstante, rompe con uno de los esquemas teóricos fundamentales de la economía en términos de competencia, sustentado en que el sector tecnológico funciona por ventajas de retornos crecientes: pequeñas ventajas iniciales que, al acumularse con el tiempo, generan economías de escala que abaratan enormemente los procesos de producción a la vez que complejizaban enormemente las mismas tecnologías, monopolizando los mercados al impedir que la competencia, a pesar de que pueda ser mejor, surja o se mantenga.

China, por otro lado, ha anunciado un aumento del 7,2% en materia de gasto de defensa esta misma semana, con una dependencia cada vez mayor de Estados Unidos por piezas o componentes chinos, aumentando el coste de armamento estadounidense mientras el chino se abarata. Finalmente, China también ha conseguido irrumpir con fuerza en el sector automovilístico, pudiendo sobrepasar a Europa y Estados Unidos en la venta de coches debido a sus precios extremadamente competitivos a América Latina, África y Europa del Este, mientras Occidente sigue dependiendo de sus importaciones de baterías y enfrentan costos de producción altos.

Por tanto, puede observarse que la balanza económica parece inclinarse hacia China a medio-largo plazo si no hay grandes sorpresas. Esta misma situación es la que explica el gran viraje económico de Estados Unidos tras las últimas elecciones, ya que de ser los números los que favoreciesen al país de Trump, no habría motivos para un movimiento así. La respuesta del mandatario estadounidense, de esta forma, pasa por generar nuevas políticas económicas frente al modelo de Biden que impulsen a su país respecto de los competidores que cada vez le ganan más terreno.

La política arancelaria pretende subir los precios en los diferentes procesos extranjeros, generándoles más costes mientras las industrias estadounidenses consiguen una gran eficiencia a largo plazo a través de los subsidios y el fomento del consumo nacional. Esto generaría la innovación y reestructuración del tejido industrial que no solamente haga a Estados Unidos un país autónomo en materia de energía, metales o industria manufacturera, sino que sea la voz cantante en los procesos comerciales, haciendo que todos los continentes y países necesiten del país en cualquier área económica o siempre dependan en alguna fase de sus cadenas de suministro. En el caso chino, uno de los ejemplos de esta guerra comercial más sonados sería que cada buque de transporte marítimo que pasase o fabricase en China, tendría que pagar un arancel especial, lo que claramente afecta a numerosos procesos de la cadena de suministro y fomenta el uso de productos y servicios locales.

Además, es necesario añadir una dimensión de complejidad y es que Trump está usando ciertos anuncios de aranceles como herramienta de presión para movilizar tratados y diálogos con numerosos países. Ejemplos de esto pueden ser el plan de un nuevo diálogo con Xi Jinping tras la reunión con el presidente de la India, o bien el envío de policía mexicana a las fronteras para hacer frente al tráfico de fentanilo. Y es que parecería que se está infravalorando la capacidad económica de Trump, haciéndole ver únicamente como un político fuera de sí y no como un actor racional; a pesar de la incontestable impulsividad y proteccionismo, que si no es total, como algunos medios sugieren, sí que son inherentes al discurso y acciones del presidente.

Consecuencias de la guerra comercial para China

Las consecuencias que esto puede traer para China en términos negativos son varias. Primeramente, que aumente el déficit al 4% (al igual que lo está haciendo Estados Unidos) en esa guerra por la batalla económica y la necesidad constante de inyectar dinero. Por otra parte, China podría perder una gran capacidad de comercio, ya que gran parte de la economía china depende del país estadounidense al tratarse de la otra mayor potencia económica. Esto podría además aumentar la ya negativa situación del índice de precios al consumidor en torno al 2%, lo que explica una regresión en la demanda interna del país, es decir, lo que los consumidores chinos gastan. Asimismo, el encarecimiento de sus cadenas de suministro podría causar menores márgenes de beneficio en comercio exterior, algo que repercutiría especialmente en la eficiencia de su industria en un entorno de enorme competencia con nuevas potencias como India o Singapur, o las ya asentadas tiempo atrás.

Sin embargo, parece que los indicadores muestran que Estados Unidos tiene más que perder que China. En primer lugar, los aranceles generales tienden a destruir la especialización de la industria interna, protegiéndola aunque sea más ineficiente, y con ello causando un agravamiento en la competencia a largo plazo que no es revertida por tratarse precisamente de aranceles generales. Además, sus ventas al extranjero disminuyen, generando más empobrecimiento. Esta situación se da porque los productos que produce Estados Unidos no son ni iniciales (inputs) ni finales (outputs), sino que alrededor de un 50% son importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios, que además entran y salen del país en la cadena de un mismo producto, incrementando exponencialmente los costes con cada entrada y salida de aduanas. Por poner un ejemplo, las ya mencionadas tarifas a los buques de transporte marítimo creados en China o los que simplemente pasen o recojan mercancía de allí, pagarían hasta 1,5 millones de dólares por cada escala en el país. Teniendo en cuenta que dos tercios de su flota se construye en China, esto derivará muy probablemente en congestión portuaria, gran encarecimiento de los productos, y cambios en los patrones del comercio mundial al buscar a largo plazo socios más atractivos que Trump. Aunque no se sepa con certeza que vaya a pasar, dicho panorama tiene antecedentes claros y es que la reducción del año pasado de paradas en puertos asiáticos y el aumento de manipulación de escala en Singapur generó una congestión a escala global que aumentó las tarifas en hasta un 300% desde el Lejano Oriente hasta Estados Unidos.

Se ha de sumar también el hecho más importante y es que estos aranceles son generales tanto en tipos de productos como a países destinados. El claro peligro de estos aranceles es que son para cualquier producto o servicio y además anunciados a los principales socios comerciales del país: México, Canadá, China y la Unión Europea. Esto significa que la guerra arancelaria frente a China tiene una clara tendencia negativa porque los socios con los que podría generar acuerdos a los que destinar el comercio y la producción también se están estrechando, habiendo señalado todas estas zonas además que impondrán aranceles y guerras económicas contra Estados Unidos de vuelta. Por ello, conduce a una situación aislacionista en la que la inversión y valor de las empresas tenderán a bajar por el encarecimiento de sus costes, la ausencia de inversores externos, y finalmente los castigos arancelarios de los otros países, hundiendo los sectores que querían competir con China en vez de impulsarlos.

Por otro lado, las malas noticias para Trump llegan con la celebración de la Asamblea Popular Nacional (APN), la cita anual del Parlamento chino, donde la élite política ha presentado parte de la agenda que marcará la ruta del país, y las nuevas medidas económicas anunciadas por Xi Jinping. En un escenario de competencia entre las dos potencias, Estados Unidos elige proteccionismo y aislacionismo, mientras que China elige globalismo y apertura.

Desde 2024, el país asiático ha multiplicado por dos M11, inyectando una gran liquidez en su economía para engrasar una economía más ágil y con posibilidad de cambios rápidos, a la vez que fomentando el comercio e inversión con otros países. Esto último precisamente se alinea con las declaraciones de la APN, que ha anunciado no solo medidas económicas como más gasto y una política aperturista en el ámbito comercial, industrial y de creación de infraestructuras en África numerosas zonas, sino también medidas políticas como liderar la lucha contra el cambio climático, ocupando los vacíos de Estados Unidos en materia económica pero también tras la Cumbre de París en esta última área mencionada. Igualmente, Pekín ha anunciado un impulso a las grandes empresas tecnológicas tras una reunión de Xi Jinping con los grandes empresarios de estas industrias, prometiendo menos regulaciones y más libertad, algo que ya estaba siendo criticado duramente por el sector más liberal heredero de Deng Xiaoping como Wu Jinglian, una de las figuras más célebres en materia de economía en la historia de la China contemporánea.

Con el contexto de alianzas múltiples y liberalización de la economía, China se posiciona como el caballo ganador en este duelo comercial. Pese a que Pekín contratacara con hasta un 15% a las importaciones agrícolas y alimentarias de Estados Unidos (y seguramente más sectores próximamente), su aperturismo frente al resto del mundo y el diálogo amistoso, junto con la liberalización económica interna, hace que los efectos negativos de la guerra comercial con Trump puedan verse en gran medida contrarrestados e incluso obteniendo un balance positivo a medio-largo plazo. En la otra cara de la moneda, para Estados Unidos, aunque solo sea el comienzo de la batalla, los antecedentes y los números parecen indicar que tales políticas generarán una clara asimetría fiscal en claro favor hacia las pérdidas económicas.

Firma invitada - Diego Serrano es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Filosofía Política por Universidad Pompeu Fabra con especialidad en tecnología y economía. Sus intereses principales son la economía, la tecnología y los métodos cuantitativos.

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El gigante europeo celebra este domingo 23 de febrero unas elecciones cruciales para su futuro, pero también para el de todo el continente. Nada más y nada menos que casi 60 millones de personas están llamadas a las urnas para conformar el nuevo Bundestag, el órgano federal supremo de la República Federal de Alemania, encargado de elegir al nuevo canciller.

Para entender la contienda electoral, es necesario conocer a fondo el sistema electoral alemán, considerado un modelo ejemplar en el mundo. Lejos quedan los sistemas de mayoría absoluta a dos rondas del Imperio Alemán o la representación proporcional bajo la República de Weimar. Actualmente, Alemania utiliza un sistema electoral único, que va más allá de los sistemas mixtos, enmarcado dentro de los sistemas proporcionales, denominado sistema de representación proporcional personalizada (Personalisierte Verhältniswahl).

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Dos tipos de votos y dos maneras de participar en el reparto de escaños nacional

El primer voto (Erststimme) se emplea para configurar los 299 distritos electorales uninominales, en los que se vota por un candidato y solo uno resulta elegido por mayoría simple, al estilo de las constituencies británicas. Este sistema genera un efecto mayoritario dentro de un esquema globalmente proporcional. Al asignar escaños a los ganadores de los distritos uninominales, tiende a beneficiar a los partidos grandes con mayor implantación territorial, ya que solo el candidato con más votos en cada distrito es elegido, sin posibilidad de compensación para los demás. Los partidos con una distribución geográfica concentrada pueden obtener más escaños directos, incluso con un porcentaje de votos relativamente bajo a nivel nacional. Sin embargo, este efecto es corregido por el Zweitstimme.

El segundo voto (Zweitstimme) se destina a las listas de partido en la circunscripción electoral plurinominal, regulada territorialmente a través de los 16 estados federados, los llamados länder. El número de escaños en juego por cada land depende del tamaño del electorado, aunque el sistema electoral federal alemán deja abierta esta cuestión en función de la participación electoral, un aspecto que analizaremos más adelante.
El Zweitstimme es el voto más determinante para la conformación del Bundestag, ya que define la proporción de escaños que obtiene cada partido a nivel nacional. Su carácter proporcional compensa los efectos mayoritarios del primer voto, asegurando una representación más equitativa. La fórmula utilizada para traducir los votos en escaños es el método Sainte-Laguë, que, a diferencia del método de Hondt, es más proporcional y no favorece a los partidos más grandes sino a los medianos.

De igual modo, es fundamental, sobre todo para los partidos pequeños, conocer cómo ingresar al juego del reparto de escaños. A diferencia del sistema español, donde solo hay una vía para acceder al reparto (superar el 3% de voto provincial), en el sistema alemán existen dos vías para lograrlo.

Los partidos pueden acceder al reparto de escaños superando una barrera del 5% a nivel nacional. Esta medida busca asegurar que solo los partidos con un apoyo significativo en todo el país tengan representación parlamentaria, evitando una excesiva fragmentación del Bundestag. Al superar el 5% de los votos a nivel nacional, un partido tiene derecho a participar en la distribución proporcional de escaños, lo que garantiza que su influencia en el parlamento esté alineada con su respaldo popular. Sin embargo, esta barrera puede excluir a partidos con apoyo local o regional, pero sin respaldo amplio a nivel nacional. Por otro lado, un partido puede acceder al Bundestag sin superar el umbral del 5% si gana al menos tres circunscripciones uninominales. Este mecanismo permite que los partidos con un fuerte apoyo en ciertas regiones o distritos obtengan representación, incluso si no logran un apoyo generalizado en el país. Aunque la mayoría de los escaños se distribuyen de forma proporcional según los votos, este sistema garantiza que los partidos con apoyo geográfico específico no queden fuera del parlamento, protegiendo la representación de minorías regionales.

Un ejemplo claro de no superar el 5% de los votos nacionales pero ganar tres circunscripciones uninominales ocurrió en las elecciones federales alemanas de 2021, cuando el partido Die Linke obtuvo un 4,9% de los votos a nivel nacional, lo que no les habría permitido acceder al reparto proporcional de escaños. Sin embargo, al ganar tres distritos uninominales (dos en Berlín y uno en Leipzig), el partido consiguió superar este obstáculo y obtuvo un total de 39 escaños en la legislatura.
En las elecciones de 2017, el Partido Democrático Libre (FDP) experimentó una situación completamente distinta. Obtuvo 80 escaños en el Bundestag exclusivamente mediante el segundo voto. No le hizo falta conquistar distritos uninominales, ya que su resultado nacional superó ampliamente el 5% de los sufragios, logrando un 10,7%.

Mandatos excedentarios y compensatorios

Pero, ¿por qué la cámara baja alemana tiene tanta variación en cuanto a su tamaño parlamentario? El Bundestag tiene un mínimo de 598 escaños, pero esta cifra puede aumentar debido a los llamados Überhangmandate (escaños excedentarios) y Ausgleichsmandate (escaños compensatorios). Los primeros se generan cuando un partido obtiene más mandatos directos (escaños) de los que le correspondería por su porcentaje de voto en las listas nacionales, mientras que los segundos se añaden para restablecer la proporcionalidad entre los partidos.

Un caso paradigmático ocurrió en las elecciones federales de 2017, cuando el Bundestag alcanzó un tamaño récord de 709 escaños, en lugar de los 598 iniciales. Esto sucedió porque los Partidos de la Unión (CDU/CSU) ganaron numerosos escaños directos en Baviera y Baden-Württemberg, superando su proporción de voto en las listas estatales. Para compensar este desequilibrio, se asignaron escaños adicionales a otros partidos, como el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y Die Linke, asegurando que la distribución de escaños reflejara con mayor precisión el voto nacional. Esta dinámica se repitió en 2021, con un Bundestag aún más grande (736 escaños), lo que llevó a reformas recientes para limitar su expansión y mantener la eficacia del sistema parlamentario.

La distribución de estos escaños compensatorios depende de la participación electoral en cada land. En las elecciones de 2017 y 2021, donde la CDU/CSU logró varios mandatos excedentarios al ganar más distritos de los que le correspondían, la proporcionalidad del Bundestag se corrigió con escaños compensatorios asignados a otros partidos. Estos escaños se distribuyen entre los länder de acuerdo con la participación electoral en cada región. Así, los länder con mayor participación de votantes, como Baviera, recibieron una mayor cantidad de escaños compensatorios para ajustar el desequilibrio generado por los mandatos excedentarios. En cambio, los länder con menor participación, como algunas regiones del este, vieron una menor asignación de escaños adicionales. Esta distribución asegura que la representación en la cámara siga siendo proporcional al voto nacional, considerando no solo el porcentaje de votos, sino también la participación de los votantes en cada land.

Efectos de la ley electoral federal alemana

La ley electoral federal alemana, al combinar elementos mayoritarios y proporcionales, genera efectos mecánicos y psicológicos que influyen tanto en el comportamiento de los partidos como del electorado.

El efecto mecánico se manifiesta en cómo los votos se traducen en escaños, favoreciendo a los partidos con fuerte presencia en los distritos, como ocurrió con la CDU/CSU en 2017, que obtuvo mandatos excedentarios al ganar más distritos de los esperados. Esto afectó la proporción total de escaños, lo que llevó a una compensación mediante escaños adicionales para otros partidos.

El efecto psicológico, por su parte, hace que los votantes se concentren en los partidos con más probabilidades de ganar en un sistema mixto, lo que fomenta el voto estratégico. En 2017, muchos votantes apoyaron a los partidos mayoritarios, como la CDU o el SPD, temiendo que su voto por partidos pequeños no tuviera impacto debido a la distribución mayoritaria en los distritos. Además, los partidos ajustan sus estrategias de campaña, priorizando la competencia en distritos clave y la captación de votos en las listas nacionales para maximizar sus escaños. Mientras tanto, partidos pequeños como Los Verdes o Die Linke intentan equilibrar su presencia en distritos y listas para aprovechar los mecanismos compensatorios.

Con estos efectos, sumados al auge de la extrema derecha y al cordón sanitario sobre esta impuesto por las demás fuerzas políticas, parece evidente que el próximo domingo se generará un voto útil en los distritos uninominales para restarle fuerza a Alternativa para Alemania (AfD), lo que favorecerá a los partidos mayoritarios, CDU/CSU y SPD. Habrá que ver qué sucede en los distritos de los länder controlados por la extrema derecha, como Sajonia, Turingia o el sur de Alta Sajonia.

Un sistema electoral de éxito

El sistema electoral alemán se presenta frecuentemente como un modelo «mixto» por combinar representación proporcional y mayoritaria; sin embargo, esta clasificación resulta engañosa. Aunque los votantes emiten dos votos —uno para un candidato local (mayoritario) y otro para una lista de partido (proporcional)— el mecanismo de compensación de mandatos excedentarios asegura que el carácter global de la elección siga siendo profundamente proporcional. Los escaños obtenidos por los partidos se ajustan para reflejar con precisión la proporción de votos a nivel nacional, corrigiendo así cualquier desequilibrio generado por los resultados de los distritos. Por tanto, incluso con los elementos mayoritarios que incluye el sistema, las compensaciones aseguran que el Bundestag refleje con justicia la distribución del voto popular, consolidando un sistema fundamentalmente proporcional, lejos del carácter de un sistema mixto en su sentido tradicional.

El sistema electoral federal alemán ha sido objeto de análisis por destacados politólogos como Wolfgang Merkel, Rainer Schmalz-Bruns y Reinhold Zippelius, quienes coinciden en que su diseño ofrece un equilibrio eficaz entre representación proporcional y mayoritaria. Según Merkel, este sistema es un modelo de «democracia consensual» que asegura una representación justa sin sacrificar la estabilidad política. Schmalz-Bruns destaca su capacidad para reducir la fragmentación política, permitiendo “una representación precisa del voto popular sin desbordar el sistema de partidos”. Por su parte, Zippelius considera que el sistema combina adecuadamente la «representación local y nacional», logrando un balance que promueve la cohesión social y el pluralismo político.

Firma invitada - Àlex Abellán es politólogo por la UAB. Actualmente se encuentra cursando el Máster en Marketing Político: Estrategias y Comunicación Política en el ICPS. Con un especial interés en elecciones y sus sistemas electorales.

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El gobierno de Olaf Scholz terminó antes de lo previsto. Si bien la celebración de las elecciones federales estaban previstas para el 2025, se produjo un adelanto de las fechas. De este modo, después de que el canciller Scholz no obtuviese la confianza del Bundestag en la moción del 16 de diciembre de 2024, se formalizó la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de febrero de 2025.

Los problemas de la coalición semáforo, conformada por por el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP), quedaron patentes en noviembre de 2024 por los desacuerdos en la política económica que terminaron con la destitución del ministro de Finanzas, Christian Lindner (FDP). Sin embargo, era un gobierno que prácticamente desde que inició mostró señales poco alentadoras.

La carta que Scholz jugó en los comicios de 2021 como el «candidato más merkeliano» le funcionó para que los socialdemócratas volviesen a encabezar un gobierno en Alemania. Los dieciséis años de Mekel como canciller delinearon un contexto electoral en el que el continuismo era un punto a destacar. En este sentido, la coalición que se acabó formando mostraba un carácter más transitorio más que de ambición, en la medida que el programa socioliberal que podía unir al SPD y a Los Verdes en el algún momento llegaría a chocar con la fuerte disciplina fiscal del FDP.

En líneas generales, este fue un gobierno que pareció quedar arrastrado por el curso de los acontecimientos. Con una economía que se tambaleaba y un contexto internacional convulsionado, Scholz no mostró disponer de una visión de futuro, sus reformas estuvieron limitadas por las estrictas normas de gasto y la política de asilo adoptada solo ha favorecido a la derechización del escenario político alemán. Además, atrás quedó el viejo modelo del país de «energía barata de Rusia, pedidos comerciales de China, seguridad de Estados Unidos».

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¿Cómo llegan los principales partidos?

El SPD encara las elecciones federales con nulas opciones de ser el partido que obtenga mayor número de diputados. La mayoría de encuestas lo sitúan en tercera posición, pudiendo obtener el peor resultado de su historia. Por parte del electorado alemán, es visto como uno de los mayores responsables de los diferentes problemas que atraviesa el país. Tampoco ayuda que el impopular Olaf Scholz decidiese continuar liderando a los socialdemócratas, a pesar de que existía otra opción más favorable para dicho contexto. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, fue durante los dos últimos años el político más popular de Alemania. Tras el fin de la coalición semáforo, su nombre sonó con fuerza para ser el próximo candidato a canciller del SPD, pero la negativa de Scholz a renunciar provocó que este plan se frustrase.

Los Partidos de la Unión (CDU/CSU), mientras, son los que mejor se encuentran situados para ser la principal fuerza política del Bundestag, según las encuestas. Los democristianos presentan como su candidato a Friedrich Merz, un eterno rival de Angela Merkel que representa a la facción derechista de la CDU. Merz, cuyo mentor político fue Wolfgang Schäuble, tomó las riendas del partido en 2022, en un momento que caminaba sin un rumbo evidente. Aun cuando ha mostrado su negativa a llegar a pactos con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), este candidato ha tenido como objetivo su neutralización situando a los democristianos cada vez más a la derecha.

La AfD desde la crisis de refugiados de 2015 cobró una gran notoriedad en la política de Alemania. Si bien cuando se fundó en 2013 fluctuaba entre el neoliberalismo y el nacionalconservadurismo, la expulsión de su fundador, Bernd Lucke, propició que el partido adoptase posiciones de extrema derecha, con el rechazo de la migración como una de sus principales bazas, y lo que le permitió entrar con fuerza en el Bundestag, fue la tercera formación que más diputados consiguió en las elecciones de 2017. De cara a los comicios del 23 de febrero, el partido liderado por Alice Weidel podría mejorar los resultados de 2017 y es que las compañías demoscópicas apuntan que superaría al SPD.

El tema migratorio está marcando la campaña electoral de este año. La mayoría de partidos, salvo Die Linke, se han centrado en presentar la migración como el principal problema de los alemanes, pese a que el sondeo ‘Politbarometer' de la cadena ZDF ha mostrado que preocupan más otros temas como la paz y la seguridad, la economía y la justicia social. Sin embargo, el reciente atropello masivo en Múnich o el ataque con cuchillo en Aschaffenburg, ambos perpetrados por solicitantes de asilo, han sido instrumentalizados por muchos políticos alemanes para justificar un endurecimiento de las políticas migratorias.

Desde el mes de enero, la campaña pasó a enfocarse cada vez más en las cuestiones relacionadas con la inmigración. Esto se vio especialmente en el cambio de táctica del propio Merz, que dejó de centrarse en las recetas que aplicar para solucionar el estancamiento de la economía alemana. Así, el candidato de la CDU/CSU presionó al gobierno alemán con la presentación en el Bundestag de un paquete de medidas contra la inmigración. Aunque en la votación final no se acabó aprobando, se creó un gran revuelo en el país debido a que Merz aceptaba los votos de la AfD para ejercer presión al gobierno. Tal decisión implicaba un debilitamiento de la Brandmauer, el «cortafuegos» de los partidos para no llegar a pactos con la extrema derecha. En general, adoptar el tratamiento que realiza la extrema derecha en temas como el migratorio a la larga solo beneficia a este tipo de fuerzas políticas.

Referente a Los Verdes, buscan mejorar el 14,8% de voto que lograron en 2021, pero, por ahora, lo que indican las encuestas es que no superarían ese resultado, estarían entre el 13% y el 14%. Al igual que Annalena Baerbock, su actual candidato a canciller, Robert Habeck, ha tenido varios contratiempos durante la campaña. El vicecanciller de Alemania y ministro de Economía y Protección Climática no ha sido capaz de proyectarse como un líder con una estrategia clara. El medio Der Spiegel comparaba las perspectivas electorales de Los Verdes en 2025 con la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris: “récord de ingresos por donaciones, crecimiento récord de miembros, apariciones abarrotadas de Habeck. ¿Pero en las encuestas? Apenas hay movimiento”.

Mientras la presencia del SPD, CDU/CSU, AfD y Los Verdes en el próximo Bundestag está asegurada, Die Linke y el FDP todavía cuentan con opciones de quedarse fuera. También podría no obtener representación la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Este partido se creó como una escisión de Die Linke. Su líder y fundadora, Sahra Wagenknecht, desde hace más de una década se ha erigido como representante de una izquierda de corte conservador. Además del perfil que ya se hizo sobre esta política en En Disputa, añadir la adhesión de Wagenknecht a las tesis ordoliberales, que contrasta con el socialismo democrático defendido por una gran parte de su antiguo partido. Por otro lado, el desempeño electoral del BSW en 2024 fue destacado y cosechó unos mejores resultados que Die Linke: en las elecciones al Parlamento Europeo se hizo con 6 escaños, al tiempo que en las elecciones regionales estatales de Sajonia llegó al 12% del voto, en las de Turingia al 16% y en las de Brandeburgo al 13%, entrando en los gobiernos de estos dos últimos länder. No obstante, esa tendencia ascendente que dejaba a la formación de Wagenknecht con una buena posición de cara a las elecciones federales ha ido desvaneciéndose.

Contraria a la tendencia del BSW, Die Linke, con Ines Schwerdtner y Jan van Aken como sus líderes, afronta los últimos días de campaña con un repunte en las encuestas que le permitiría estar por encima del 5%. Esta vez no tendría que depender para mantenerse en el Bundestag de ganar tres distritos electorales a través del voto por elección directa (Erststimme). Desde que celebró su congreso anual en Halle en octubre de 2024, el partido izquierdista a nivel interno se ha mostrado más unido tras unos años de crisis. Otras señales que le permiten a Die Linke mantener la esperanza de superar el umbral del 5% son: un aumento sustancial en el número de miembros y una capitalización de ese electorado progresista que rechaza el tratamiento deshumanizador que se está haciendo sobre la cuestión migratoria. Se puede pensar, por ello, que Die Linke está saliendo adelante sin el liderazgo de quien en el pasado fue su principal figura, Sahra Wagenknecht.

El otro partido que podría quedarse fuera del Bundestag es el FDP. Los de Christian Lindner llevaron a cabo durante la campaña un giro a la derecha con la idea de sumar puntos, pero eso no quitaría que hoy estén más cerca de lo que les ocurrió en 2013, cuando después de cuatro años gobernando con los democristianos terminaron quedándose sin representación parlamentaria. El que fuera encargado de su reconstrucción, el mencionado Linder, puede acabar siendo también el artífice de su desaparición.

La formación del próximo gobierno no va a ser una tarea sencilla. De conformidad con un estudio de The Economist, en una probabilidad de 67 sobre 100 la CDU/CSU y el SPD obtendrían los escaños suficientes para formar una «gran coalición». Menos opciones existen, 32 sobre 100, de que la CDU/CSU y Los Verdes puedan llegar a la mayoría de diputados. La opción de que la CDU/CSU pacte con la AfD, por ahora, ha sido descartada por Merz, pese a que en algunos momentos de la campaña haya adoptado un tono agresivo contra aquellos que podrían ser sus potenciales socios de gobierno, el SPD y Los Verdes.

Entonces, una vez colapsó la coalición semáforo y con este panorama electoral, parecería que los principales damnificados serían tanto el FDP como el SPD, mientras que Los Verdes podrían mantenerse con resultados semejantes a los de 2021 pero insuficientes para influir en la formación del próximo gobierno.

Advertencias de la movilidad descendente

En 2018 se publicaba el libro Germany's Hidden Crisis: Social Decline in the Heart of Europe del sociólogo alemán Oliver Nachtwey, cuyo principal punto de análisis eran los problemas del desarrollo contemporáneo de la República Federal de Alemania. Así pues, para Nachtwey, la ruptura con el estado de bienestar intervencionista de posguerra que se produjo a finales del siglo pasado trajo consigo la denominada «modernidad regresiva», que “se trata de un progreso que lleva en sí un retroceso, y este retroceso afecta generalmente, si no siempre, a las clases más bajas” (p. 48). La cuestión es que estas transformaciones estatales en favor de la liberalización y la privatización han impactado de forma negativa en los propios derechos de la ciudadanía hasta el punto de que el mercado ha pasado a ser el eje ordenador.

La sociedad alemana ha sido testigo de la «institucionalización de la precariedad». La movilidad social descendente y el aumento de la desigualdad generaron actos de revuelta en el país durante la década de 2010, aun cuando muchas de ellas tenían un carácter episódico y no llegaron a los niveles alcanzados en otras partes de Europa. A este respecto, Natchwey advertía que se ha de tomar en serio el peligro político derivado de la sociedad de la movilidad descendente: la modernización regresiva y la posdemocracia («democracia después del demos») conducen potencialmente a una tendencia autoritaria que pone en jaque los fundamentos liberales de nuestra sociedad.

Las convulsiones socioeconómicas y culturales, de acuerdo con este autor, han llevado a una crisis del sistema político alemán, que dejó de ser un bastión de estabilidad en Europa. Esta crisis es sobre todo una crisis de los grandes partidos (CDU y SPD), quienes convergieron hacia un pragmatismo desideologizado. En este sentido, los resultados electorales obtenidos por la AfD en 2017 supusieron la entrada en la política de un «estado de ánimo nervioso y agitado», profundizando una nueva línea de conflicto referida a la cuestión migratoria. No habrá en el corto plazo vuelta a la estabilidad, alertaba Natchwey de forma premonitoria al final del libro.

Con todo, en términos de opinión pública, Steffen Mau, Thomas Lux y Linus Westheuser en el libro Trigger Points (2023), una detallada investigación sociológica acerca de la estructura de clases y la opinión pública alemanas, apuntaban que el panorama de Alemania dista de la estructura básica polarizada existente en países como Estados Unidos. Para estos autores, existe un cambio en la politización en los bordes, que afecta la dinámica del conflicto en su conjunto. El país entonces estaría experimentando una «politización sin polarización», si bien “los puntos desencadenantes deben tomarse en serio porque a menudo reflejan el estado actual del debate sobre el «contrato social implícito»” (p. 378).

Atendiendo a los diferentes aspectos expuestos en este artículo en relación con la coyuntura alemana, una enseñanza vuelve de nuevo a resonar: gobernar también implica tener la capacidad de proyectar horizontes de futuro.

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El mundo actual atraviesa una fase de profunda reconfiguración geopolítica, marcada por la pérdida de hegemonía estadounidense mientras surgen nuevas potencias que cuestionan y desafían su influencia. Esta transformación ha acelerado la fragmentación de las reglas que sostuvieron el sistema internacional desde el final de la Guerra Fría. En el caso de Europa, la guerra en Ucrania ha evidenciado el retorno del poder duro como herramienta clave en la política internacional y ha sacudido los cimientos de la seguridad de esta parte del mundo. Paralelamente, la Unión Europea enfrenta el desafío de construir una autonomía estratégica, un concepto que necesita ganar fuerza tras la llegada de Donald Trump en su segundo gobierno, que ha redoblado las debilidades estructurales del viejo continente al depender del paraguas militar estadounidense.

Pero la guerra en un marco de tensiones crecientes ya no es solo un conflicto bélico. El escenario global se libra en múltiples campos: la batalla por la información, donde las campañas de desinformación y la guerra cognitiva moldean narrativas y desestabilizan democracias; la batalla económica, que actualmente ha cobrado mayor relevancia en el Norte global debido a la política arancelaria impuesta por Estados Unidos, refleja el intento de mantener su influencia frente a la creciente competencia de otras economías y que va a redefinir las cadenas de suministro y poner a prueba así la resiliencia europea; y la batalla tecnológica, que se presenta como el verdadero campo de competición estratégica del siglo XXI. La pugna por el control de tecnologías clave –como el 5G, o la inteligencia artificial (DeepSeek) y la computación cuántica– enfrenta a China y Estados Unidos, mientras India emerge como un actor ascendente.

En tanto, el Mediterráneo y Oriente Medio se consolidan como principales tableros geopolíticos. Por un lado, la rivalidad entre Marruecos y Argelia y el conflicto latente en torno al Sáhara Occidental como elementos clave para la estabilidad regional. Por otro lado, Oriente Medio sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad geopolítica global. Las tensiones históricas entre Israel y Palestina han mostrado una cara más terrible con el genocidio que se está produciendo en Gaza. En paralelo, las pugnas de poder en la región involucran a actores claves como Irán y Arabia Saudí, cuyas rivalidades definen las dinámicas de conflicto y cooperación en el golfo Pérsico. La reciente normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes no ha logrado pacificar una región atravesada por fracturas y conflictos de poder. Siria, a más de una década del inicio de su guerra civil terminó en diciembre con el derrocamiento de Bashar al-Assad, sigue siendo un campo de batalla donde se cruzan intereses de diferentes potencias, mientras la fragmentación de Irak y la inestabilidad en el Líbano subrayan la fragilidad estructural de la región.

España, en este contexto, busca consolidar su papel como potencia mediana con capacidad de influencia, especialmente a través de su papel en la Unión Europea y su relación histórica con el norte de África y América Latina. Al frente de esta estrategia se encuentra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha destacado por combinar la diplomacia tradicional con una adaptación al nuevo paradigma de la diplomacia pública digital, apoyándose en plataformas como TikTok para acercar la política exterior a nuevas audiencias y redefinir la comunicación institucional.

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La nueva comunicación digital en TikTok y Reels: un nuevo enfoque para la diplomacia española

La reestructuración del Gobierno realizada por Pedro Sánchez en verano de 2021 produjo cambios significativos en el seno de decisiones de Moncloa. Una de ellas fue el nombramiento de José Manuel Albares como Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sustituyendo a Arancha González Laya envuelta en diversas polémicas durante su mandato como la crisis diplomática con Marruecos, la acogida del líder del Frente Polisario, etc. Desde su llegada al ministerio, Albares ha implementado una estrategia de comunicación institucional y política que combina métodos tradicionales de diplomacia con una activa presencia en plataformas digitales. Esta aproximación busca acercar la política exterior a la ciudadanía y fomentar la transparencia en la gestión diplomática.

Sin duda, uno de los principales actores en la comunicación política del Gobierno español es el ministro Albares. Su labor comunicativa se ha caracterizado por un enfoque claro en la transparencia y accesibilidad de la información con el objetivo de acercar la acción institucional al ciudadano de manera directa y comprensible. Esta estrategia se enmarca dentro de una comunicación política moderna y adaptada a los tiempos actuales, con un uso destacable de las plataformas digitales, donde combina contenido educativo e informativo con un estilo cercano y dinámico.

En particular, la utilización de TikTok como canal de comunicación es una de sus apuestas más innovadoras. El ministro en su cuenta ha logrado crear una diversidad de contenidos que van desde vídeos explicativos sobre temas relacionados con la carrera diplomática, los requisitos de las oposiciones, hasta la explicación del uniforme diplomático. Lo más destacado entonces es su capacidad para estar presente en los momentos clave y lugares donde suceden cosas, asegurándose de que su participación sea visible a través de sus redes sociales y sea así percibido por la opinión pública. Este tipo de contenido no solo refleja una voluntad de acercar temas complejos a la audiencia general, sino que también pone de manifiesto una capacidad para utilizar formas de comunicación visual y auditiva, haciendo cercana su figura, generando un impacto directo en los jóvenes, segmento crucial en las plataformas sociales actuales.

El manejo de su comunicación no verbal y lenguaje corporal es otro aspecto relevante. Albares transmite una imagen de cercanía y profesionalismo, lo que hace que sus videos resulten atractivos y, sobre todo, efectivos para mantener la atención del espectador. La interacción con su audiencia a través de gestos y expresiones, junto con el formato ágil y directo de los videos, contribuye a crear un vínculo más personal y accesible con los ciudadanos, algo clave en la comunicación política digital de la actualidad.

Sin embargo, no todo es positivo en su estrategia comunicativa. Uno de los puntos débiles que ha sido señalado es la estructura y dinamismo de sus intervenciones en conferencias y actos formales. En términos de gestión de la atención en contextos discursivos, es esencial que las intervenciones no superen los 7 a 12 minutos, ya que el tiempo de concentración del público tiende a disminuir significativamente a partir de ese punto. Además, los primeros 30 segundos de un discurso son cruciales para generar una primera opinión y captar el interés del oyente.

Al tener un agenda setting tan variada en sus publicaciones, como se refleja en los datos recabados de las cuenta oficiales de Albares, se definieron una serie de variables e indicadores provenientes de estudios previos como los de García Beaudoux, D’Adamo y Bruni y Dearing y Rogers. El énfasis en la agenda política, que representa la mayor proporción de sus publicaciones, subraya la intención del ministro de visibilizar su actividad como ministro, destacando reuniones bilaterales, cumbres internacionales y decisiones en organismos multilaterales como la Unión Europea o Naciones Unidas. Estas publicaciones suelen acompañarse de mensajes que enmarcan dichas actividades dentro de los intereses de España y su peso en la política exterior global.

Por su parte, las propuestas programáticas (23,7%) sirven para reforzar la narrativa de un liderazgo orientado al futuro. Albares utiliza este espacio para detallar las prioridades de su gestión, como la promoción de acuerdos en el seno de la Unión Europea o el impulso de relaciones diplomáticas estratégicas con países clave, desde Estados Unidos hasta Marruecos. Estas publicaciones suelen estar respaldadas por referencias a iniciativas concretas o a compromisos que reflejan la alineación de su gestión con las líneas del Gobierno.

En tercer lugar, los logros (19,5%) ocupan un espacio destacado dentro de su agenda comunicativa, con publicaciones que celebran hitos de su gestión, como acuerdos bilaterales exitosos, avances en la respuesta humanitaria en Gaza o el fortalecimiento de la posición de España en la esfera internacional. Esta categoría se articula principalmente a través del storydoing, reforzando la percepción de eficacia y resultados tangibles.

Sin embargo, es notable la menor presencia de contenido asociado a la crítica (9,3%), a los valores e ideología (3%) o al humor (1,2%). Esta elección es coherente con la naturaleza de su cargo, donde el tono debe estar alineado con las exigencias de la diplomacia internacional.

José Manuel Albares, en definitiva, estructura su comunicación en redes sociales de forma que prioriza su actividad política e institucional, apoyándose en los logros alcanzados y las propuestas a futuro. Este enfoque busca consolidar su imagen como un ministro eficaz y centrado en posicionar a España como un actor relevante en la política exterior global.

Por otro lado, una de las grandes diferencias respecto a la comunicación con otros ministros es el empleo de diferentes técnicas narrativas en comparación con otros homólogos y ministros. Por ello, siguiendo los estudios de la comunicación mediante storydoing de Sarasqueta y de la comunicación a través de la narración de historias, o también conocido como storytelling, de D’Adamo y García Beaudoux y, por último, argumentos o datos comunicados por el ministro.

El análisis de las publicaciones de José Manuel Albares en redes sociales evidencia una estrategia comunicativa claramente definida, centrada en proyectar eficacia y cercanía mediante el uso de distintas técnicas narrativas. De conformidad con el segundo gráfico, la herramienta más utilizada es el storydoing (53,6%), que consiste en mostrar acciones concretas y resultados tangibles de su gestión. Dicha estrategia busca transmitir autenticidad y reforzar la imagen de un ministro activo y resolutivo, alineado con las demandas contemporáneas de transparencia y acción directa.

Le sigue el uso de datos y argumentaciones (32,8%), que dota a su discurso de solidez y credibilidad al respaldar sus mensajes con cifras y explicaciones detalladas. De esta forma, Albares busca justificar sus decisiones y contextualizar sus intervenciones dentro del marco internacional, en particular en cuestiones clave como la política exterior europea y las relaciones con el Magreb.

Aunque en menor medida, también recurre al storytelling (10,2%), una técnica más emocional que introduce relaciones personales o referencias simbólicas para generar mayor conexión con el público. El storytelling es particularmente efectivo para humanizar el mensaje y acercar al usuario a la dimensión personal del ministro.

Un ejemplo claro de su uso del storydoing son sus publicaciones sobre la repatriación de ciudadanos españoles durante crisis internacionales, como la reciente evacuación en Gaza. Albares suele acompañar estos mensajes con imágenes de los aviones y el personal diplomático implicado, subrayando los resultados concretos de la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, en temas europeos, como las negociaciones presupuestarias de la Unión Europea, sus mensajes suelen estar respaldados por cifras y logros tangibles, destacando la posición de España en el tablero comunitario.

Continuando con el storytelling, Albares ha recurrido igualmente a relatos simbólicos para fortalecer su conexión emocional con la audiencia. Por ejemplo, durante una visita oficial al Sáhara, compartió un mensaje recordando su infancia en Tánger, lo que le permitió acercarse a las sensibilidades históricas y culturales de la región. Este tipo de publicaciones aportan una dimensión más personal a su perfil institucional, complementando su imagen de gestor con la de un interlocutor humano y cercano.

En conjunto, la estrategia de comunicación digital de Albares combina acción, datos y relación, con una clara primacía de la acción sobre el discurso. Este enfoque le permite proyectar un liderazgo basado en los hechos, reforzando su perfil de gestor eficaz en el contexto de una política exterior marcada por la complejidad de las relaciones internacionales actuales.

La estrategia de España en política exterior: entre la dependencia multilateral y la ausencia de ambición geopolítica

A lo largo del siglo XXI, de acuerdo con los internacionalistas Isaías Barreñada y José Antonio Sanahuja, España ha pasado de ser un actor relevante en el escenario internacional, especialmente durante la ampliación europea y el auge de las misiones de paz en América Latina y el Mediterráneo, a ocupar una posición más marginal y reactiva. Tras años de pérdida de influencia, las sucesivas crisis económicas y las prioridades centradas en la política doméstica limitaron su capacidad de proyección exterior. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado revertir esta tendencia, con una estrategia basada en recuperar el protagonismo internacional de España a través del multilateralismo y un discurso firme en defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad global.

En el contexto de un orden internacional cada vez más fragmentado y multipolar, la política exterior de España bajo el liderazgo de José Manuel Albares ha estado marcada por el seguidismo estratégico, el pragmatismo de baja intensidad y una evidente falta de ambición geopolítica. Aunque el ministro ha intentado proyectar la imagen de una España activa y comprometida con la defensa de los valores europeos, en la práctica su gestión evidencia una subordinación a los intereses de los principales actores de la Unión Europea y de Estados Unidos, con decisiones que han provocado tensiones en el Mediterráneo occidental y que dejan a España en una posición secundaria en los asuntos globales más relevantes.

La postura española respecto al conflicto asimétrico entre Gaza e Israel es paradigmática de este enfoque de perfil bajo. En un principio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó posicionarse como el líder europeo en la defensa del pueblo palestino, pero no logró persuadir a grandes potencias como Francia o Alemania. En lugar de posicionarse como un actor capaz de cuestionar abiertamente las acciones de Israel, incluso en momentos de flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario, España ha optado por plegarse a la narrativa dominante en la Unión Europea, limitándose a condenas genéricas y llamamientos a la paz. Albares, en su afán por evitar un choque diplomático, ha renunciado a ejercer una diplomacia de valores que situaría a España en una posición de liderazgo moral. En cambio, su estrategia parece destinada a no incomodar a sus socios estratégicos, lo que ha generado una profunda decepción en sectores de la izquierda política y entre las organizaciones pro derechos humanos, que esperaban un papel más contundente en la defensa del pueblo palestino.

Pero si el caso de Gaza refleja cierta tibieza, la cuestión del Sáhara Occidental representa uno de los episodios más polémicos de la política exterior reciente. En un giro histórico que rompe con décadas de consenso diplomático, el gobierno español reconoció de facto la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, justificando este movimiento como una necesidad estratégica para estabilizar las relaciones bilaterales. Esta decisión, promovida y ejecutada por Albares, ha supuesto el no cumplimiento de la resolución de la ONU, abandonando al pueblo saharaui al igual que los principios del derecho internacional.

El coste diplomático ha sido considerable: la ruptura con Argelia, tradicional socio energética y estratégica de España en el Magreb, lo cual ha generado incertidumbre en un momento clave para la seguridad energética europea. Además, el reconocimiento de la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria y realista” para resolver el conflicto saharaui ha debilitado la tradicional posición española de neutralidad activa, deslegitimando décadas de esfuerzos diplomáticos por una solución justa y sostenible bajo el marco de las Naciones Unidas.

En el ámbito europeo, la guerra de Ucrania ha permitido a Albares reforzar la imagen de España como un socio confiable y plenamente alineado con la estrategia común de Bruselas y la OTAN. Desde el estallido del conflicto, el gobierno español ha apoyado todas las medidas de presión sobre Moscú, incluyendo las sanciones económicas, el envío de ayuda militar a Kiev y la adopción de una política de seguridad más robusta. Sin embargo, esta alineación estricta con la estrategia atlántica también ha evidenciado la limitada capacidad de España para ejercer un papel autónomo en la crisis. A diferencia de otros países europeos que han explorado vías diplomáticas complementarias, España ha renunciado a jugar un papel mediador que podría haberle otorgado mayor visibilidad e influencia internacional.

La reciente crisis diplomática entre España y Argentina ha abierto una nueva grieta en las relaciones bilaterales. El presidente argentino, fiel a su estilo incendiario, acusó al gobierno español de ser “cómplice del avance del socialismo global” y cuestionó la “intervención ideológica” de España en América Latina. Estas palabras, lejos de ser una simple retórica populista, encendieron las alarmas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que respondieron con una nota de protesta oficial, calificando las declaraciones de Milei como “infundadas y profundamente irrespetuosas”. La crisis, sin embargo, trasciende lo meramente discursivo y refleja las tensiones ideológicas entre el modelo ultraliberal de Milei y una España gobernada por una coalición de izquierdas. La gestión de José Manuel Albares, marcada por la contención y la diplomacia calculada, evitó una escalada mayor, pero evidenció las dificultades de España para lidiar con un nuevo actor disruptivo en la política latinoamericana, que promete agitar el tablero regional y romper con las dinámicas tradicionales.

En las relaciones transatlánticas, el vínculo con Estados Unidos sigue estando marcado por una lógica de dependencia estratégica. Albares ha apostado por reforzar el papel de España dentro de la OTAN, especialmente tras el giro que supuso la cumbre de Madrid en 2022, donde se redefinieron las prioridades de la Alianza Atlántica para afrontar amenazas híbridas y convencionales en el flanco sur. Sin embargo, más allá de la retórica del «compromiso mutuo», la realidad es que España continúa desempeñando un papel marginal en las grandes decisiones de la agenda transatlántica, subordinada a los intereses de Washington.

Esta situación quedó claramente reflejada en las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien, en una de sus habituales provocaciones, llegó a afirmar que España parecía más cercana a formar parte de los BRICS que de la OTAN, debido a su escaso nivel de inversión en defensa. Aunque la afirmación podría considerarse hiperbólica, su mensaje tenía un destinatario claro: los países europeos que siguen sin cumplir con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar. España, que apenas supera el 1,2%, se convirtió en blanco fácil de esta retórica, lo que evidencia una de las tensiones internas más significativas dentro de la OTAN: el desequilibrio entre el liderazgo militar estadounidense y el insuficiente compromiso de algunos aliados europeos.

La presión constante para elevar el gasto en defensa es parte de una estrategia más amplia desde la llegada (otra vez) de Trump a la presidencia para consolidar su control sobre la seguridad europea, especialmente ante el auge de China y la creciente influencia de los BRICS en el sistema internacional. Lejos de plantear una respuesta coordinada que defiende los intereses propios de Europa meridional, España ha optado por mantener un perfil bajo, dejando pasar la oportunidad de liderar un debate clave sobre el futuro de la seguridad europea. La ausencia de una voz diferenciada de Madrid ha reforzado la imagen de una España periférica, reactiva y siempre alineada con el discurso dominante de la OTAN, sin capacidad para articular una política exterior propia.

El equilibrio de la gestión de Albares en política exterior, en última instancia, ha de valorarse considerando las dos siguientes perspectivas. Si bien ha sabido mantener la estabilidad en un entorno internacional volátil, evitando crisis mayores con los grandes actores globales, este pragmatismo de baja intensidad también evidencia una falta de visión estratégica a largo plazo. España ha renunciado a ejercer un liderazgo autónomo y diferenciado en cuestiones clave.

En conclusión, durante el tiempo que José Manuel Albares ha encabezado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha podido observar un mejoramiento y cuidado del uso de las redes sociales. La nueva diplomacia digital combinando acción, datos y relación y predominando las acciones sobre los discursos le han supuesto llegar a un público más amplio y situarse como uno de los ministros con mejor manejo de las distintas plataformas gracias al uso principalmente de la técnica narrativa storydoing. Como lección, lo que no se comunica no pasa, es decir, es como si no sucediera. Y de esto, el ministro y su dircom saben mucho. Por otra parte, en el escenario de la actual reconfiguración geopolítica, España ha optado por una estrategia de multilateralismo y pragmatismo bajo la gestión de Albares, buscando reforzar su posición en la UE y la OTAN. Sin embargo, su enfoque reactivo ha limitado su capacidad de actuar como líder autónomo en cuestiones clave, por lo que el país se mantiene como un actor secundario en el panorama internacional. Así, la política exterior española se enfrenta a una disyuntiva: seguir gestionando su relevancia a corto plazo o arriesgarse a definir un papel más proactivo y estratégico en un mundo cada vez más fragmentado y multipolar.

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Las elecciones presidenciales ecuatorianas del 9 de febrero mostraron un empate técnico entre el candidato-presidente Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) y la correísta Luisa González (Revolución Ciudadana). El duelo entre Noboa y González para definir quién ocupará la presidencia de Ecuador para el período 2025-2029 se producirá el próximo 13 de abril.

Estas elecciones presidenciales se celebraron un año y medio después de las anteriores. La llegada a finales de 2023 de Daniel Noboa al Palacio de Carondelet sucedió después de que su antecesor, Guillermo Lasso, para evitar el juicio político activase la «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que provoca la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas. Así pues, Noboa tenía el cometido de completar el mandato original de Lasso, que ponía fin en 2025.

El presente artículo no solo analizará los resultados de las elecciones del 9 de febrero, sino que también dedicará un apartado a tratar la presidencia de Noboa y las diferentes crisis que asolan a Ecuador.

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Unas elecciones con sorpresa

Ecuador llevaba a cabo el 9 de febrero sus elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente del país, la composición de la Asamblea Nacional y los representantes del Parlamento Andino.

Con el 94,95% de las actas escrutadas, los comicios presidenciales se tendrán que decidir en una segunda vuelta, dado que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo contendiente. Daniel Noboa (ADN) con el 44,15% de los votos y Luisa González (RC) con el 43,95% fueron con diferencia los dos candidatos que obtuvieron mayor número de sufragios, por lo que se repetirá el mismo duelo que en las elecciones de 2023. En tercer lugar quedó el líder indígena Leónidas Iza (Pachakutik) con el 5,29% y en cuarta posición la anticorreísta Andrea González (Partido Sociedad Patriótica) con el 2,69%. Los doce candidatos restantes no llegaron ni al 1% de los votos. En este sentido, el voto nulo (6,79%) recibió un respaldo mayor que catorce candidatos presidenciales.

Atendiendo a estos resultados, ese aura de ganador que rodeaba a la candidatura de Noboa va dejando de ser evidente. El silencio del candidato-presidente1 en la noche electoral decía más que el propio primer puesto que consiguió. Como ya adelantaba el sociólogo Javier Rodríguez Sandoval, el músculo electoral de Noboa era bastante débil. A partir de un análisis de las elecciones anticipadas de 2023 y la consulta popular de 2024, Rodríguez Sandoval apuntaba que éste no consiguió incrementar su apoyo electoral más orgánico. Esto es, en la medida que en 2023 ganó la presidencia con un voto que orgánicamente no le pertenecía, el triunfo obtenido en la consulta popular no evidenciaba un fortalecimiento de su apoyo electoral.

Por su parte, González logró sumar, aparte del tradicional voto correísta, el respaldo del electorado que se opone a Noboa. De acuerdo con el politólogo Santiago Basabe, mientras el piso electoral de González con vistas al balotaje se puede mantener sólido y por ende su tarea será la de sumar adhesiones, Noboa no dispone de un voto orgánico y deberá evitar perder los sufragios ya obtenidos. Pese a que desde que se encuentra en el gobierno el candidato-presidente ha reforzado su discurso anticorreísta, no se prevé que el clivaje correísmo/anticorreísmo vaya a ser determinante, como sí ocurrió en los balotajes de 2021 y de 2023.

Entonces el voto de Leónidas Iza será fundamental a la hora de definir la segunda vuelta. Si bien parece claro que dicho voto no irá hacia Noboa, se ha de precisar que esto no implica un apoyo instantáneo hacia la candidatura de González. La relación del correísmo con el movimiento indígena ha sido (y sigue siendo) conflictiva, por lo que la fuerza de Rafael Correa deberá hacer concesiones para evitar que ese voto se pueda convertir en voto en blanco o nulo.

Referente a los resultados de la Asamblea Nacional, el patrón es muy similar a lo ocurrido en las presidenciales y es que Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana captaron la mayoría de bancas, si bien ninguno de los dos alcanzaría la mayoría absoluta (76 asientos).

Las crisis durante la presidencia de Noboa

El tema de la seguridad ha venido marcando la agenda política del país en el último tiempo. Ecuador ha pasado en menos de cinco años de ser una de las naciones más pacíficas de la región latinoamericana a liderar la lista de homicidios por cada cien mil habitantes.

Daniel Noboa ha optado ante esta crisis de seguridad por una estrategia de «mano dura». De esta manera, el presidente ecuatoriano durante su corto mandato ha decretado seis estados de excepción, dos de ellos la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales. Dichas medidas al principio fueron bien recibidas por una parte importante de la ciudadanía, quien dio su aprobación a las preguntas de seguridad sometidas a votación en la consulta popular del 21 de abril de 2024. Con respecto a 2023, se produjo en 2024 una disminución de homicidios de en torno al 17%. Pero, de acuerdo con el analista Pablo Ospina Peralta, los datos no muestran una sustancial mejora.

La politóloga Glaeldys González, asimismo, apunta a una serie de aspectos que oscurecen los supuestos logros de la política de mano dura de Noboa: la persistencia de ataques a diferentes autoridades, la violencia de las bandas en las comunidades, y los abusos de derechos humanos y retrocesos democráticos. Referente al último aspecto mencionado, el mayor protagonismo que ha otorgado el mandatario ecuatoriano a las fuerzas de seguridad solo ha servido para fomentar la impunidad de este estamento, que desde Human Right Watch ha sido denunciado por detenciones arbitrarias, malos tratos y algunos casos de torturas en prisión. Como recordaba Andreas Feldmann, autor junto a Juan Pablo Luna del libro Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America (2023), “en Latinoamérica los militares tienen una propensión al uso desproporcionado de la fuerza, al abuso sin sentido”.

Durante la presidencia de Noboa, Ecuador también se ha visto asolado por una crisis energética debido a la dependencia de las centrales hidroeléctricas. La falta de agua por la escasez de lluvias produjo a lo largo de 2024 apagones programados que llegaron a durar hasta 12 horas diarias. Noboa ante esta situación optó por dos tipos de reacciones que se volvieron habituales en su año y medio al frente del país: la acusación de «sabotaje» a funcionarios de su propia administración y a su vez aplicar políticas sociales de corte asistencial. No obstante, especialistas en la materia han puesto en cuestión el accionar de los últimos gobiernos ecuatorianos, incluido el de Noboa, respecto a una situación que señalan que era evitable.

En última instancia, habría que sumar otras dos crisis que han impactado igualmente en el devenir de esta presidencia: la crisis diplomática con México a raíz de la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas y la crisis política por las disputas del candidato-presidente con la vicepresidenta electa, Verónica Abad.

Ahora, pese a su agitada presidencia, Noboa ha conseguido que la mano dura sea vista como la principal estrategia para afrontar el tema que más preocupa a los ecuatorianos, la seguridad. Este tipo de medidas de corte punitivista estuvieron presentes también en los programas de la mayoría de candidatos presidenciales, incluido el de la propia Luisa González. Así pues, los principales ejes de la candidatura del actual presidente han sido la mencionada mano dura, con sus dosis de marketing, y un fuerte discurso anticorreísta, pero ¿será suficiente? En frente, tendrá una Luisa González que encara el balotaje con unas opciones que en 2023 no disponía, aun cuando ambos contendientes cuentan con un espacio para crecer más limitado. El partido no ha terminado.

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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado preocupación para varias naciones del mundo. Principalmente, sus socios comerciales México y Canadá han sido señalados de obtener ventaja a costa de los Estados Unidos y llenar a dicho país de drogas. Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a sus dos vecinos, puesto que consideró que no hacían nada para detener la inmigración y la inseguridad.

Sin embargo, en la orden ejecutiva que firmó, pero que hasta la fecha no ha sido publicada, el republicano hacía una pequeña diferencia. Imponía 25% de aranceles a Canadá y México en productos automotrices y otros bienes de consumo, si bien en materia energética solo impuso el 10% a su vecino del norte. No es una casualidad, sino que el magnate de Queens sabe que la relación entre algunos estados como Nueva York, Wisconsin, Illinois y Minnesota dependen de la energía que proporcionan las provincias de Ontario y Quebec.

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Canadá se defiende

Desde la victoria del 5 de noviembre en los comicios de Estados Unidos, Donald Trump comenzó a señalar que Canadá era abusivo en su comercio y que al brindarle tantas subvenciones debería convertirse en el estado 51. Lo que inició con un chiste de mal gusto para varias naciones, se fue convirtiendo en una amenaza a la existencia de los canadienses quienes están inmersos en una crisis política, debido a la debilidad del gobierno del liberal Justin Trudeau.

El premier Trudeau visitó a Trump en su casa de Mar-a-Lago para buscar un acercamiento y reducir la tensión. Empero, los señalamientos del republicano subieron de tono al punto que el entonces presidente electo posteó que “Justin Trudeau sería un excelente gobernador de Canadá”. Esto encendió las alertas de los demócratas, conservadores y otras provincias del país que comenzaron a cuestionar la pasividad del jefe de gobierno.

Tras estos señalamientos en los cuales Trudeau se vio como un líder pasivo, los cuestionamientos del opositor, Pierre Poilievre (Partido Conservador), comenzaron a crecer y a presionar al premier. En septiembre los liberales rompieron la coalición con su aliado en el parlamento, el progresista Nuevo Partido Democrático. Asimismo, a mediados de diciembre Trudeau tuvo un desencuentro con la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien renunció a su cargo debido a los elevados impuestos que proponía mantener el primer ministro liberal.

De esta forma, sumado a las presiones de Trump, la caída de su popularidad y el importante ascenso de los conservadores de acuerdo a los sondeos electorales, fueron el caldo de cultivo perfecto para que Justin Trudeau anunciase el 7 de enero de 2025 que renunciaba a su cargo.

Canadá tiene previstas elecciones generales para octubre de este año, sin embargo, la dimisión de Trudeau no se acompañó de un anticipo de los comicios. Una característica de los regímenes parlamentarios es que si dimite el líder del gobierno, existe la posibilidad de que se busque un sustituto para relevar a Trudeau. No es como Alemania, cuando el canciller Olaf Scholz se sometió a una moción de confianza y entonces se convocó a la disolución del parlamento para celebrar comicios anticipados.

Algunos nombres que han levantado la mano para relevar al jefe de gobierno son Chrystia Freeland, la exministra de Finanzas. Ella ha sido partidaria de hacer frente a Trump mediante un catálogo de sanciones y aranceles para defender el comercio canadiense. A esto se suma que quien asuma las riendas del país se enfrentará a un vecino que en varias ocasiones ha señalado que Canadá debería formar parte de la Unión Americana como el estado 51.

Freeland ha declarado: “nuestro contragolpe debe ser dólar por dólar, y debe ser preciso y doloroso: a los productores de naranjas de Florida, a los lácteos de Wisconsin, a los fabricantes de lavavajillas de Michigan, y mucho más”. La aspirante ha llamado a la unidad, pero en un mediano plazo buscaría desafíar al conservador Pierre Poilievre. Otro competidor en las filas del Partido Liberal es el extitular del Banco de Canadá, Mark Carney, quien ha cobrado relevancia en el tablero político.

Doug Ford y «Canada is not for sale»

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha sido uno de los personajes más contestatarios por los señalamientos de Trump. Aun cuando en el pasado se mostró favorable al hoy mandatario estadounidense, Ford se ha convertido en uno de los que abanderan el patriotismo económico con su movimiento «Canada is not for sale», con el cual busca la defensa de la producción canadiense y el consumo local. Ha sido uno de los políticos que han salido en defensa del país e incluso aportando ideas para hacer frente a la guerra económica.

Ford es miembro del Partido Conservador Progresista de Ontario y funge como premier de esta región canadiense desde 2018. El político se identifica como un conservador en aspectos sociales ligados a la diversidad sexual, a la vez que ha defendido otras agendas como la reducción de las emisiones de carbono, la promoción de la transparencia y auditorías independientes y la defensa de consumir lo local. Así, cuando Trump comenzó a hacer señalamientos sobre los nexos del gobierno mexicano con el crimen organizado, Ford fue uno de los que pidió la exclusión de México del Tratado de Libre Comercio.

Igualmente, llamó a la unidad de todo el país para hacer frente a la llegada de Trump y propuso un plan de acciones arancelarias para mermar la economía estadounidense. Ford propuso dejar de proveer energía a Michigan, Wisconsin y Nueva York en caso de que se impusieran los aranceles a Canadá. También señaló que México debía ser sancionado por ser una puerta para que los migrantes ingresaran a la Unión Americana.

Independientemente de sus posturas, algunas de ellas con un tinte reaccionario, Ford se ha convertido en un defensor de la economía canadiense y se ha popularizado por sus gorras color azul con la leyenda «Canada is not for sale» o «Strong and Free». Estas buscan crear un símbolo de la resistencia y emular a su vez las famosas gorras portadas por Trump, con las cuales se identifica al movimiento MAGA, «Make America Great Again».

Las gorras se han convertido en un fenómeno en las redes sociales y han sido acompañadas por hashtags e imágenes de canadienses que instan a defender su nación. La historia de este producto proviene de una pareja, Liam Mooney y Emma Cochrane, que tiene una empresa de serigrafía. Estos la idearon luego de que los señalamientos de Trump de convertir a Canadá en el estado 51 se popularizaron.

En entrevista con el diario The Guardian, Mooney y Cochrane declararon que fue una forma para mostrar resistencia, pero que su éxito se debió a que Ford la portó en una reunión de líderes de las provincias. La gorra despertó el interés en toda la comunidad a lo largo y ancho del país, al punto que en sus cuentas de X/Twitter Justin Trudeau o la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, han aplaudido el uso de la gorra.

Colofón…

El 3 de febrero de 2025, Donald Trump habló con sus pares de Canadá y México, Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum para anunciar que los aranceles serán pospuestos hasta marzo. Sin embargo, esto no es un alivio, puesto que el republicano ha declarado que “nadie está exento de aranceles”. México se comprometió a enviar 10.000 agentes de la Guardia Nacional para evitar la migración y combatir el fentanilo, mientras que Canadá prometió frenar el tráfico de fentanilo y además, catalogará a los cárteles mexicanos como terroristas.

Mientras tanto, Doug Ford sigue dando de qué hablar, ya que, como continuación de su política patriótica, ha declarado que las empresas de Estados Unidos no podrán acceder a contratos hasta que su vecino retire los aranceles. El contrato para proveer a internet a varios hogares de Ontario estaba a cargo de la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, hoy administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca.

La guerra económica es una realidad no solo en la región norteamericana sino en todo el mundo. No obstante, la tensión será creciente debido a la campaña nacionalista de los líderes de Canadá, quienes instan a consumir local y a defender su producción. Esa relación con Estados Unidos, que por décadas fue una relación cordial, hoy se ha vuelto ríspida, producto de las presiones que Trump pone sobre socios comerciales y adversarios.

Firma invitada - Sebastián Godínez Rivera es politólogo y maestrante en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe para Circulo Rojo, Alquimistas del Poder y Latinoamérica21.

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En los últimos meses, hemos sido testigos de movimientos significativos en las fuerzas independentistas catalanas. Mientras Esquerra Republicana (ERC) complica su entendimiento con el Partido Socialista (PSC) para la aprobación de los presupuestos, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, sus dirigentes se reúnen con Junts en la «Casa de la República», sede del presidente del Consell per la República, Carles Puigdemont. ERC nunca ha participado activamente en estas «instituciones en el exilio», lo que subraya la relevancia de esta reunión. El encuentro concluyó con los líderes de ambos partidos, Oriol Junqueras (ERC) y Puigdemont (Junts), saliendo en un coche cuya matrícula hacía referencia al uno de octubre de 2017, día del referéndum de autodeterminación. Todo parece indicar que estamos ante un cambio estratégico en el rumbo del independentismo, con el objetivo de recuperar el terreno perdido.

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La recesión después del auge

Durante la última década, el independentismo catalán alcanzó una fuerza inédita. Según datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), durante gran parte de este período, una mayoría considerable de catalanes se decantaba por la creación de un estado independiente, superando ampliamente a quienes preferían mantener el modelo autonómico actual o cualquier otra opción. Sin embargo, esta tendencia sufrió un giro significativo a principios de 2023, cuando las encuestas comenzaron a reflejar que la opción de seguir siendo una comunidad autónoma dentro de España se imponía como mayoritaria.

La pérdida de fuerza del movimiento independentista no solo se refleja en las encuestas. Las elecciones del 12 de mayo de 2024 confirmaron este cambio de ciclo: el independentismo no solo perdió la mayoría parlamentaria, sino también el respaldo mayoritario en votos. Pasó del 50,8% en el contexto excepcional de la pandemia a un 43,6% en 2024. En términos absolutos, el descenso es aún más contundente. Si en las elecciones de finales de 2017, convocadas tras la aplicación del artículo 155, el independentismo superó los dos millones de votos, en 2024 no llegó a alcanzar el millón cuatrocientos mil. Consecuentemente, el gobierno de la Generalitat también cambió de color, con un PSC más fuerte que nunca, que ganó por primera vez las elecciones catalanas tanto en votos como en escaños.

Este retroceso del independentismo también se refleja en las calles. Las manifestaciones del 11 de septiembre, organizadas por la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), han experimentado una caída drástica en la participación. Si en los primeros años del proceso independentista se acercaban a los dos millones de asistentes, en 2024 no lograron reunir ni a cien mil personas.

En definitiva, el independentismo catalán atraviesa actualmente su momento de menor movilización de la última década, habiendo perdido alrededor de 800.000 votos.

Nuevo ciclo… ¿con viejos liderazgos?

Está claro que el independentismo político enfrenta grandes retos. Han pasado de un contexto extremadamente favorable e inédito a uno de recesión, donde en cada contienda electoral pierden terreno. En este contexto, los tres partidos independentistas más importantes, Junts, ERC y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), han intentado renovar sus cúpulas dirigentes. No obstante, los liderazgos no han cambiado significativamente.

Carles Puigdemont ganó la presidencia de Junts en el último congreso de los postconvergentes. El expresident de la Generalitat ya había ocupado este cargo anteriormente, pero dimitió en 2022 para dedicarse al Consell de la República y al Parlamento Europeo. Mientras tanto, Laura Borrás, expresidenta del Parlament, ocupó el puesto de presidenta del partido. En este último congreso, Puigdemont no tuvo oposición en la elección presidencial de Junts, ya que su candidatura junto con Jordi Turull, exconseller de la Generalitat, como aspirante a la secretaría general fue la única que se presentó, obteniendo más del 90% de los votos. Los cambios en Junts, por tanto, los encontramos en la dirección nacional del partido en su conjunto, donde 16 de las 31 personas que la conforman no estaban en la anterior dirección. Ahora bien, ¿será esto suficiente?

En tanto, el camino hacia una nueva ERC fue muy diferente al de Puigdemont, si bien el resultado podría haber sido similar. Las primarias republicanas estuvieron marcadas por la competencia y la rivalidad entre los candidatos. Las acciones políticas y las declaraciones oficiales de las tres candidaturas fueron tema de debate constante durante la campaña. La idea de renovación, la limpieza en la estructura interna del partido, los pactos con los socialistas y cómo recomponer el partido fueron cuestiones claves. A pesar de que dos candidaturas apostaban por una renovación de liderazgos (Foc Nou y Nova Esquerra Nacional), al final fue Militància Decidim, liderada por Oriol Junqueras, quien en segunda vuelta se llevó la victoria. El resultado mostró una organización dividida en dos, ya que Junqueras solo obtuvo el 52,2% de los votos. Cabe recordar que los republicanos pasaron de gobernar la Generalitat (primero en coalición con Junts y luego en solitario) a perder en las elecciones autonómicas de 2024 casi la mitad de su apoyo, siendo superados por Junts y cayendo a la tercera posición.

La Izquierda Independentista, con la CUP como paraguas electoral, tampoco se ha quedado atrás y ha pasado por un proceso de «autocrítica y debate», que ha sido definido por muchos medios como un proceso de refundación. Los anticapitalistas, aprovechando este proceso interno, también han renovado su secretariado nacional, compuesto por 15 personas. Además, por primera vez, se ha creado la figura de Secretario Nacional, algo que ha sido criticado por el sector más anticapitalista, que lo ve como un intento de verticalizar la organización, en contra del carácter asambleario que siempre la ha caracterizado. La CUP en los últimos comicios pasó de 9 diputados a 4, perdiendo la oportunidad de tener grupo parlamentario propio en el hemiciclo catalán (aunque, gracias a la cesión de un diputado de ERC, finalmente lo pudo tener). Además, en 2023 perdió toda representación en el Congreso de los Diputados, después de presentarse por segunda vez a las elecciones generales.

El retroceso electoral coincidió, como ya hemos mencionado, con una notable caída en la participación en los actos de la Diada, organizados por la ANC, cuyo poder de convocatoria había sido históricamente un termómetro de la movilización soberanista. Paralelamente, la ANC enfrentó un intenso debate interno sobre la posibilidad de presentarse como candidatura propia en esas mismas elecciones autonómicas, una discusión que expuso divisiones estratégicas y tensiones sobre su papel en el movimiento, y que finalmente rechazó para no dividir aún más el voto independentista. Este contexto de crisis se agudizó con el cambio de liderazgo en la organización, que culminó en la elección de Lluís Llach como presidente en junio de 2024, tras un proceso accidentado que reflejó las fracturas internas y la creciente influencia de Junts en la entidad. De hecho, tres de los cuatro altos cargos de la nueva dirección provenían del entorno de Carles Puigdemont, consolidando un alineamiento más estrecho con las estrategias de Junts. En cambio, ERC ha declinado participar en las dos últimas manifestaciones convocadas por la ANC el día de la Diada Nacional a raíz de la distancia estratégica que separa ambas organizaciones, algo totalmente impensable durante los años álgidos del procés.

Junts no frena

Junts se ha envalentonado en las últimas semanas, haciendo tambalear al gobierno de Pedro Sánchez. Desde la arriesgada propuesta de forzar al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza hasta el punto de suspender todas las negociaciones «sectoriales» con el PSOE, eso sí, emplazándolos a nuevas reuniones para tratar cuestiones como la inmigración o el catalán en la Unión Europea. Sin embargo, desde las filas postconvergentes aseguran que en ningún caso negociarán sobre los presupuestos generales del Estado.

El presidente de Junts en una de sus últimas declaraciones desde Bruselas, afirmó que hay varias maneras de hacer caer un gobierno, más allá de una moción de censura (como el Partido Popular desearía en caso de que tuvieran los números). Realmente, a lo que se refería el expresident era a la responsabilidad política de Pedro Sánchez de convocar elecciones tras la pérdida de confianza con sus socios de investidura, así como al fracaso en la negociación presupuestaria. En otras palabras, Puigdemont apeló a la rendición de cuentas del presidente del Gobierno. Por si todo esto fuera poco, a finales de enero de 2025, los juntaires volvieron a bloquear un decreto ómnibus del gobierno de Sánchez. Este real decreto-ley adoptaba medidas sociales muy importantes, como la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público, la subida del SMI o las ayudas para hacer frente a los estragos causados por la Dana en Valencia. Que se fragmenten las propuestas (es decir, evitar el carácter «ómnibus» de la propuesta), que se considere Catalunya como un territorio donde el coste de vida es mayor, y no votar propuestas “a ciegas” han sido algunos de los argumentos de Junts para votar en contra.

Nuevos movimientos en ERC tras la revalidación de Junqueras

Esquerra Republicana, con su nueva ejecutiva ya en funcionamiento, parece haber desatado una crisis negociadora en torno a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Este conflicto llega tan solo seis meses después del pacto de investidura que permitió al candidato socialista y exministro de Sanidad, Salvador Illa, convertirse en presidente. En ese momento, el apoyo de los republicanos fue crucial para asegurar su elección.

Ahora bien, los movimientos estratégicos de ERC no se limitan al ámbito autonómico. En el plano municipal, el partido ha optado por aplazar el debate sobre una posible entrada en el gobierno del socialista Jaume Collboni. Además, ha reafirmado su posición al no respaldar los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, a diferencia del pacto autonómico con tintes de tripartito, Collboni logró la alcaldía mediante un acuerdo con los comunes y el Partido Popular, relegando a ERC a un papel secundario en la política municipal barcelonesa.

El carácter colaboracionista de ERC con el PSC, ya sea en el Congreso o en el Parlament, es evidente. Iniciativas como la mesa de diálogo, el acuerdo de claridad, los acuerdos presupuestarios y de investidura en ambas cámaras han evidenciado que ERC ha abandonado cualquier vía unilateral en la cuestión nacional, a diferencia de los otros partidos independentistas que, como mínimo en términos discursivos, no lo han hecho.

La presión de la ANC

En enero de 2025, la ANC aprobó su nueva hoja de ruta para los años 2025 y 2026, en la que reafirma su objetivo de impulsar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el año 2028 aprovechando la celebración de elecciones autonómicas. La organización lo ha decidido como respuesta a la falta de avances hacia la autodeterminación. Este plan, que ha recibido el respaldo del 83% de los socios en una asamblea extraordinaria, prioriza la presión sobre las instituciones catalanas para que asuman un papel más activo en el proceso independentista y retomen un enfoque unilateral frente al Estado español, sin mencionar otro referéndum, y abogando por romper todos los pactos con los socialistas, ya sea en el Parlament de Catalunya o en el Congreso de los Diputados. La hoja de ruta también propone intensificar la movilización ciudadana y establecer alianzas internacionales para legitimar la causa catalana.

En relación con los otros partidos, y pese al ya mencionado acercamiento de la ANC con Junts, la realidad es que la ANC está siendo muy crítica con todos los partidos políticos soberanistas. “Puigdemont y Junqueras no deben seguir liderando sus partidos”, admitió Lluís Llach, actual presidente de la organización.

La amenaza de la ultraderecha independentista

Muchos expertos siempre han dicho que lo que sucede en el sistema de partidos en Catalunya adelanta lo que podría suceder en el conjunto de España en el futuro. La quiebra del bipartidismo en Catalunya comenzó en 2003, cuando los dos grandes partidos (Convergència i Unió y el PSC) perdieron votos y escaños, mientras los partidos más pequeños (ERC, Partido Popular e Iniciativa per Catalunya Verds) aumentaban su representación. Esta tendencia se agudizó hasta hoy, donde en el hemiciclo catalán están representadas fuerzas políticas en todos los espacios del doble eje catalán: el clásico de izquierda-derecha y el nuevo sobre la cuestión nacional, independentista-no independentista. La quiebra del bipartidismo en España llegó en 2015 con la entrada de Podemos y Ciudadanos, creando un nuevo eje español sobre la nueva y vieja política.

Lo que no esperaban los expertos era la entrada de una nueva formación de extrema derecha, convirtiendo al Parlamento de Catalunya en el único hemiciclo español con dos extremas derechas diferentes. La nueva es la independentista, que hoy representa Aliança Catalana (AC). Este partido surgió en Ripoll, una población gironesa, epicentro de los atentados terroristas del 17A en las Ramblas de Barcelona, por la influencia del imán de la población, Abdelbaki Es Satty, quien radicalizó a jóvenes vulnerables de origen marroquí en un entorno pequeño, aislado y con escasa supervisión institucional. Este partido, además de ser ferozmente antiinmigración, aboga, al igual que la ANC, por una Declaración Unilateral de Independencia. De hecho, una de las primeras iniciativas parlamentarias de AC, que entró al parlamento catalán en las últimas elecciones autonómicas con dos diputados, fue para levantar la DUI suspendida por Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017. Esta iniciativa recibió la abstención de Junts, saltándose el pacto del cordón sanitario a la ultraderecha firmado por todas las fuerzas, salvo el PP. El surgimiento de esta extrema derecha independentista se basa en el sentimiento de engaño de parte del electorado independentista hacia los partidos tradicionales del procés, la crisis democrática global, el crecimiento del populismo y el sentimiento antiinmigración a nivel mundial.

¿Qué pasará con el independentismo político?

A medida que el independentismo catalán atraviesa una etapa de redefinición estratégica, el panorama plantea interrogantes clave sobre su futuro. ¿Se agudizará la crisis electoral de los partidos independentistas tradicionales? Los datos sugieren que, sin un giro claro en su discurso y estrategia, seguirán perdiendo terreno frente a fuerzas emergentes como Aliança Catalana. Esto podría empujar a Junts hacia posiciones más derechizadas para frenar esa pérdida de apoyos, aunque ello podría aumentar la fragmentación del espacio soberanista.

En cuanto a la hoja de ruta de la ANC, su apuesta por la unilateralidad podría fortalecer su legitimidad ante sectores desencantados, pero a costa de tensiones con los partidos tradicionales. ¿Podrán estos actores converger en una estrategia común? La experiencia reciente muestra que la unidad parece cada vez más lejana. Por otro lado, el PSC, gracias a su enfoque pragmático y colaboracionista, podría mantener su fortaleza si logra consolidar su base social y gestionar con éxito su rol de liderazgo en Catalunya. De hecho, Salvador Illa ya está dando señales simbólicas posicionándose como el nuevo Jordi Pujol, quien estuvo al frente de la Generalitat durante más de 20 años. El independentismo encara, por tanto, una encrucijada: ¿será capaz de renovar su proyecto político o continuará siendo superado por una izquierda pragmática y nuevas derechas disruptivas?

Firma invitada - Àlex Abellán es politólogo por la UAB. Actualmente se encuentra cursando el Máster en Marketing Político: Estrategias y Comunicación Política en el ICPS. Con un especial interés en elecciones y sus sistemas electorales.

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La ropa es símbolo de poder en diversas partes del orbe, cómo viste un mandatario dice mucho sobre su personalidad. Presidentes, primeros ministros o cancilleres han utilizado diversas prendas dependiendo lo que quieran comunicar. Mujeres como la expremier Margaret Thatcher vestida de azul y su típico bolso, los sacos de cuello redondo de la excanciller Angela Merkel, o los vestidos y sacos que utilizó en su momento Michelle Bachelet como presidenta de Chile.

Mientras, en el caso de los hombres diversas han sido sus prendas como el estilo británico impulsado por Winston Churchill, con el famoso traje sastre, sombrero de copa y el puro. También está Nicolás Sarkozy quien era fanático de la alta costura de Yves Saint Laureant, los abrigos largos de Donald Trump, marca Trump, la casaca que recuerda a los caudillos del siglo XIX que portó Nayib Bukele, o las kurtas que utiliza el primer ministro indio Narendra Modi.

Varios son los estilos de dignatarios en el mundo y en diversas épocas marcadas por conflictos internacionales, estabilidad e incluso la disputa política dentro de la misma nación. Sin embargo, la marca Brooks Brothers Lincoln se ha convertido en un referente al interior y al exterior si de vestir presidentes se trata. Su trayectoria está marcada porque al menos cuarenta ejecutivos han portado prendas no solo en sus tomas de posesión, sino también en eventos internacionales como la Conferencia de Yalta en 1945, conocida por ser el inicio de la Guerra Fría.

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Vestir a los presidentes

En 1818 ubicada en Manhattan, cuando apenas tenía 125.000 habitantes, Henry Sand Brooks apostó por abrir una tienda de moda masculina. Su visión fue establecerse en el puerto en el cual el comerció era parte fundamental, Europa y Estados Unidos realizaban su intercambio comercial. La marca Brooks elabora ropa interior, capas, abrigos, camisas, bufandas, blazers y corbatas.

En sus anales históricos y de la moda, la marca ha logrado que cuarenta mandatarios norteamericanos porten prendas de ellos en las tomas de protesta. Los únicos mandatarios que establecieron su propio estilo y que no tuvieron nexos con la marca fueron George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Jimmy Carter, Ronald Reagan y Joe Biden. A excepción de ellos, los demás presidentes han portado algunas prendas como camisas, abrigos, bufandas y sacos a lo largo de casi 200 años.

La marca de ropa consiguió un auge durante la Guerra de Secesión (1861-1865) cuando el entonces presidente Abraham Lincoln encargó un abrigo especial que tenía un águila republicana con la frase “un país, un destino”. Esa prenda no solamente fue utilizada durante la toma de protesta del mandatario, sino que portaba el mismo el día que fue asesinado en el Teatro Ford.

El estilo presidencial

La marca se ha caracterizado por elaborar trajes y uniformes militares que fueron portados por presidentes como Ulysses S. Grant, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt y Harry Truman. Los personajes mencionados con antelación también utilizaron sacos o abrigos en sus tomas de posesión. La marca Brooks es un referente del buen vestir de los ejecutivos, pero también del poder, porque han estado expuestos a los diversos cambios sociales, políticos y de la moda en el mundo.

Incluso en su misma página de internet, muestran una cronología correspondiente a la innovación de prendas según el momento. En el imaginario colectivo, hay algunas empresas que mantienen ciertos códigos que no cambian, pero la tienda Brooks ha mostrado la capacidad de adaptación a las décadas. En su momento el abrigo de Lincoln se volvió un ícono de la unificación nacional, luego la formación de militar de otros dignatarios fue la marca de la presidencia.

Sin embargo, en los años cincuenta, década conocida por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la música rockabilly y la liberación de la mujer generaron condiciones para que la marca creara nuevas prendas, entre ellas la primera camisa abotonada para mujeres. Franklin Delano Roosvelt portó una de sus icónicas prendas, una capa, en la Conferencia de Yalta en 1945, en esta se definió la arquitectura del orden postbélico y marcó el inicio de la Guerra Fría (1945-1991).

Con la llegada de los años sesenta, Estados Unidos presenció diversos terremotos sociales como la lucha por la igualdad racial, la aparición de la píldora anticonceptiva y la rebelión juvenil que desafiaba el orden establecido. En 1961 J.F. Kennedy asumió la presidencia y sus outfits estaban marcados por sus trajes de dos botones y camisas azules a rayas que eran combinados con gafas Ray-Ban. Su estilo juvenil marcó una época y popularizó esta forma de vestir hasta que fue asesinado en 1963.

Cabe destacar que las corbatas azules con rayas, color rojo o los sacos negros con solapas cortas fueron prendas distintivas que portaron presidentes como Lyndon B. Johnson (1963-1969), Richard Nixon (1969-1974) y Gerald Ford (1974-1977) según el orden que antecede. La marca ha logrado que demócratas y republicanos porten sus prendas y con ellas fortalezcan su imagen de poder. Empero, durante las presidencias de Jimmy Carter (1977-1981) y de Ronald Reagan (1981-1989), la marca pasó doce años sin vestir a un presidente.

Disturbios y el nuevo siglo

Para la llegada del nuevo milenio, en las elecciones presidenciales del año 2000 la tienda encabezó uno de los escándalos más grandes dentro de la política. Los ciudadanos se reunieron para contar los votos en los cuales George W. Bush y Al Gore habían empatado en el condado de Miami-Dade. Durante el recuento de votos, trabajadores republicanos aparecieron para cuestionar los resultados en dicho condado, su distintivo era que portaban playeras polo de la marca Brook Brothers.

El evento fue nombrado como la «revuelta de Brooks Brothers» por el Wall Street Journal, quien describió las vestimentas de los manifestantes que exigían el triunfo de Bush. Finalmente el republicano ganó la presidencia, pero estos hechos marcaron negativamente a la marca de ropa. Fue la primera vez que los resultados electorales fueron cuestionados de forma arbitraria, lo cual devino en violencia contra integrantes del partido rival.

En 2009 los Estados Unidos vieron el triunfo de Barack Obama como presidente y con ello quedaría en la historia como el primer presidente afroamericano de la nación. El ejecutivo desde que fue senador ha sido un cliente asiduo de la marca de ropa, al punto que en su toma de protesta portó un abrigo y una bufanda de Brooks Brothers. La moda impuesta por Obama y el gusto por sus trajes impulsaron que la marca se expandiera y en 2013 la tienda abrió su primera filial en España, popularizando los trajes del presidente.

En 2017 Donald Trump combinó un estilo estridente retóricamente y elegante en el vestir, lo cual lo llevó a la Casa Blanca. El magnate de Queens tiene un gusto por las marcas que van desde Brooks Brothers para camisas o corbatas, pasando por su propia creación Signature Collection, hasta abrigos caros de la marca italiana Brioni. Para su segundo mandato, que iniciará este 20 de enero, no se han filtrado datos sobre la vestimenta o las marcas que portará Trump.

Por último, un dato curioso es que en 2021 cuando Joe Biden asumió la presidencia, se convirtió en el sexto presidente que no portó nada de la marca Brooks. El demócrata optó por un traje Ralph Lauren, quien es considerado el diseñador más americano de Estados Unidos y es menos ostentoso que la marca de la cual hemos hablado. Además, sus diseños son menos formales, los cuales han sido los preferidos del demócrata y que ha combinado con sus gafas estilo aviador Ray-Ban.

En conclusión, la marca Brooks Brothers tiene una larga data vistiendo presidentes y cambiando de acuerdo a la década. Sin embargo, la empresa lleva en sus genes el poder político de los Estados Unidos, puesto que no es fácil que tantos ejecutivos hayan vestido prendas de una sola empresa a lo largo del tiempo. Independientemente del partido, lo cierto es que la moda es un eje crucial del poder político de Washington y Brooks Brothers lo sabe.

Firma invitada - Sebastián Godínez Rivera es politólogo y maestrante en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe para Circulo Rojo, Alquimistas del Poder y Latinoamérica21.

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Ensayo bibliográfico de los libros:

• Class and Conservative Parties. Argentina in Comparative Perspective (Johns Hopkins University Press, 1996) de Edward L. Gibson.

• El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado (Siglo XXI Editores, 2023) de Mariana Gené y Gabriel Vommaro.

Los partidos conservadores, con sus respectivas variaciones dependiendo del país, han tenido tradicionalmente un papel protagónico en los sistemas de partidos de la Europa Occidental. Un ejemplo claro es el de los conservadores británicos, que desde los inicios del parlamentarismo en este país siempre han sido una de las dos principales fuerzas políticas con capacidad de disputar el control de la Cámara de los Comunes. En cambio, en América Latina, y particularmente en Argentina, dicho patrón no es tan evidente.

El presente ensayo bibliográfico abordará cómo ha sido el establecimiento partidario de los conservadores en Argentina. Por ello, Class and Conservative Parties. Argentina in Comparative Perspective del politólogo norteamericano Edward L. Gibson proporcionará una mirada profunda del desempeño del conservadurismo argentino a lo largo del siglo XX. En tanto, la segunda parte del ensayo contará con una perspectiva más actual sobre el tema al tratar con el libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado de los sociólogos argentinos Mariana Gené y Gabriel Vommaro, que busca hacer un balance de la experiencia de Cambiemos (Juntos por el Cambio desde 2019). Por último, se darán algunas pinceladas en un apartado final en relación con las reconfiguraciones sucedidas en la extinta coalición Juntos por el Cambio (en especial en el PRO) desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la Argentina.

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Los problemas para crear un partido de corte conservador

Edward L. Gibson parte de una conceptualización de los partidos conservadores que le sirva para el estudio comparado y después, con el marco teórico expuesto, se centra en el desarrollo de este tipo de partido en la Argentina.

Empezando por la conceptualización, el autor realiza una definición mínima: “los partidos conservadores son aquellos que toman sus bases electorales principales de los estratos más altos de la sociedad” (p. 7). No incorpora el elemento ideológico debido a los requerimientos del análisis comparado. Con el concepto de «bases electorales principales», señala que son los sectores más pudientes de la sociedad los que determinan el programa político del partido y su capacidad de acción. Esto no excluye su naturaleza policlasista ni tampoco la presencia de jerarquías al interior de las formaciones.

Identificar cuáles son esas bases principales implica separar la agregación de votantes de los grupos de interés, pero también fijarse en la composición social, las fuentes de recursos, o la detección de los intereses sociales. En consecuencia, lo que se percibe es que constituyen una porción pequeña del electorado de un partido conservador y lo que le hace competitivo en la arena electoral es su «base masiva», que implica la movilización de apoyo de aquellos sectores no principales. El crecimiento externo solo llegará en el momento que haya una cohesión a nivel interno, por lo que las tensiones que alberga todo este proceso requerirán la medicación de los líderes políticos. Asimismo, la negación de la trascendencia de las clases como eje divisor de la vida social y política es vital a la hora de su establecimiento como partido.

En el marco de América Latina, los líderes conservadores y las bases electorales principales del conservadurismo existente en la región durante el siglo XX se movieron con cierta fluidez por otras esferas más allá de la política electoral. Del mismo modo, un argumento central en Gibson es que las formaciones conservadoras en el momento que aceptaron los cauces democráticos permitieron que los sistemas democráticos fuesen más estables, aun cuando insiste que esto no implica unos regímenes «mejores» o «más representativos». Para llegar a ese argumento, el autor recurre a una revisión empírica sobre los tipos de regímenes vigentes en los países de América Latina desde el surgimiento de la política de masas hasta 1990 y lo enlaza con el comportamiento de los partidos conservadores.

Así pues, en América Latina los partidos conservadores contaron con un desarrollo divergente, existiendo algunos con una gran perdurabilidad en la vida política y otros con un corto recorrido. No se puede llegar a separar la formación de los sistemas de partidos con la formación de los partidos conservadores. Gibson marca una diferencia de países en relación con dicho desarrollo: en los casos de Chile, Colombia y Uruguay hubo un largo recorrido en la organización de este tipo de partidos, mientras que en Brasil, Perú, Argentina y Venezuela se tuvo que recurrir a medios institucionales, dado que la política partidaria era un área precaria.

La pregunta que entonces se hace Gibson es: ¿qué factores propiciaron que en el desarrollo simultáneo de las formaciones conservadoras surgiesen en algunos países con un gran alcance y en otros no llegaron a ser fuertes? Para rastrear posibles respuestas, se retrotrae a la fase inicial de la formación partidaria y más en concreto a las divisiones de la clase alta. Por ende, la cuestión regional, la lucha entre la ciudad y el campo, se entiende como el problema de mayor alcance que aún no se había resuelto durante la etapa de gobierno oligárquico.

En el caso de la Argentina, aunque regímenes constitucionales civiles gobernaron el país entre 1880 y 1930, la polaridad regional es algo que se siguió manteniendo en dichos años. Era un clivaje regional que enfrentaba a la zona costera, Buenos Aires y el Litoral, con la provincias del interior y que quedaba patente desde el modelo de crecimiento hasta la raíz cultural. El régimen oligárquico, que fue creado por la llamada Generación del 80 y que perduraría hasta 1916, intentaba ser una solución institucional al conflicto. Sin embargo, la dinámica al interior de la élite, en la que prevalecía los clivajes económicos a nivel regional, impedía una estabilidad del régimen oligárquico. Los intentos de crear un partido propio no frenaron a la Unión Cívica Radical (UCR), que se había fundado en el año 1891. Para volver al poder, los conservadores tuvieron que recurrir a un golpe de Estado en 1930, manteniéndose hasta 1943.

Para Gibson, la última etapa de gobierno conservador de carácter civil en la Argentina del siglo XX concluyó en 1943 con el caída de la Concordancia. Desde entonces, el movimiento conservador, que estaba atravesado por la dualidad regional, tuvo que hacer frente no solo a una organización de masas, sino a dos, el radicalismo y el peronismo. Tras 1955, estaría dividido entre los «federalistas» del interior y los «liberales» de Buenos Aires. Eran dos facciones que tenían la finalidad de obtener incidencia en los asuntos nacionales, pero sus estructuras organizaciones eran distintas. El clivaje regional, por tanto, fue la variable histórica más significativa que definió en la Argentina los alineamientos conservadores en la arena electoral.

Durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983), también existió la intención de realizar una transición conservadora, es decir, el empleo de los resortes estatales con el objetivo de crear una coyuntura favorable que permitiese a los conservadores su supervivencia electoral con la vuelta de la democracia. Pero supuso un fracaso. Con la vuelta a la democracia en 1983, tocaba una profunda reorganización en el movimiento conservador si querían ser influyentes en la vida política argentina. Era el momento de reestructurar un equilibrio de poder diferente en el seno de este movimiento. En la región de Buenos Aires, y no en el interior del país, era donde se daba la pugna más marcada, siendo en 1983 en concreto cuando se volvió más intensa. La victoria fue para la Unión del Centro Democrático (UCeDé) liderada por el tecnócrata liberal Álvaro Alsogaray, quien no había sido salpicado por su relación con el régimen militar. El autor de este libro, en consecuencia, focaliza su estudio en cómo se desarrolló la organización de la UCeDé en el contexto post-dictadura.

Para las presidenciales de 1983, el conservadurismo argentino no se presentaba solo bajo las siglas de la UCeDé, ya que por otro lado estaban los federalistas, que al mismo tiempo se postulaban con varias listas. Así pues, los resultados mostraron entonces que el contexto político se había transformado. Por una parte, la victoria de la UCR con Raúl Alfonsín a la cabeza mostraba que la «amenaza peronista» se podía contener por medios electorales. Por otra parte, se pudo resolver la disputa interna del control del conservadurismo en la región de Buenos Aires debido al nada desdeñable respaldo que había recibido la UCeDé. Los años ochenta fueron una época de transformaciones para los liderazgos conservadores en América Latina. Más allá de que estos grupos entendieron que la disputa estaba en la política partidaria, las reconfiguraciones estuvieron propiciadas por la incorporación del (neo)liberalismo económico al movimiento conservador o por el tipo de repuestas que creían que tenían que dar ante la grave crisis económica que hubo en dicha década. Fue un momento de renovación y en la UceDé, en el período de su consolidación, esto también se pudo ver.

Buenos Aires fue el centro de operaciones del partido de Alsogaray, y a partir de la popularización de su discurso, hizo que se convirtiese en un partido policlasista, teniendo su base masiva entre los estratos medios de la población aunque con una gran dependencia del voto de la clase alta. Los principales escollos para su crecimiento se debieron a la falta de apoyo de la comunidad empresarial, quien se hallaba apegada al Estado. Ese elemento de corporativismo entre el empresariado argentino llevaba a que la estrategia de oposición ucedeísta no contase con mayor sustrato. En este punto, se identifica una diferencia con el movimiento conservador de otros países latinoamericanos que tuvieron tal impulso en años de cambio social y declive económico. El desmoronamiento de la UCeDé llegó a partir de 1989 por los efectos divisorios del clivaje regional entre el conservadurismo argentino y la invitación de colaboración del presidente Carlos Menem a algunos de sus dirigentes. La entrada en los aparatos estatales a través del peronismo atrajo en un primer momento a los líderes de este partido, pero a la larga condenaba a su organización política a la desaparición. Al final las aspiraciones conservadoras de llegar al poder vía elecciones quedaban de nuevo frustradas.

Por tanto, de este libro, se ha de destacar los conceptos de bases principales y bases masivas empleados por Gibson con el fin de llevar a cabo de forma consistente un análisis comparado de los partidos conservadores. Son dos conceptos que proveen de otra perspectiva analítica sobre los partidos políticos, que lo enriquecen, al poder acoplarse bien con estudios de diferente índole y facilitar la comparación entre países.

Cuando centra su análisis en la Argentina, un aspecto que sobresale es el clivaje del regionalismo. Durante todo el siglo XX, en la política argentina el conflicto regional estuvo presente y no permitió una implantación duradera de las distintas organizaciones conservadoras que se crearon. Pero no es el único elemento que explica el fracaso del partico conservador en Argentina. La relación élites empresariales-Estado también opera a este respecto. Es un tema que cobra sentido sobre todo durante la década de los ochenta. En tanto no hubo un intento de nacionalización del sistema bancario, el sector empresarial no se movilizó a favor de una partido político de corte conservador, optando en todo caso por otro tipo de recursos.

La primera fuerza de centroderecha en llegar al poder vía urnas

Desde la vuelta a la democracia hasta 2007, la derecha partidaria había estado dispersa y era inestable. La UCeDé de Alsogaray no cumplió con las expectativas. Tampoco la formación Acción por la República creada por Domingo Cavallo, ministro de Economía durante parte de la presidencia de Menem. Las perspectivas de esta fuerza se desvanecieron una vez el proyecto de la Convertibilidad, cuyo principal impulsor fue el propio Cavallo, mostró su fracaso rotundo. Era un partido que dependía claramente del desempeño de la Convertibilidad. A su vez, esa «conservadorización del populismo» que Edward L. Gibson relaciona con el menemismo no se pudo asentar. La presidencia de Menem no tuvo un buen final y la crisis de 2001 y sus posteriores implicaciones terminaron por dinamitar el menemismo como un movimiento con raíces populares.

La crisis de 2001 provocó un cambio radical en el escenario político de la Argentina. En un contexto de rechazo de los partidos tradicionales y de la clase política en sí, se convirtió en una oportunidad para el surgimiento de nuevas formaciones políticas. Por tanto, Propuesta Republicana (PRO) surgió de la unión de Compromiso para el Cambio liderado por el empresario Mauricio Macri y Recrear del economista ortodoxo Ricardo López Murphy. En 2007 el PRO con Macri a la cabeza lograría el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA).

Con esto, se puede pasar a tratar el libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Entonces el punto de partida del libro de Mariana Gené y Gabriel Vommaro es enmarcar a Cambiemos, la coalición electoral que reunía al PRO junto a la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, como el primer proyecto político de centroderecha que accedía al poder por la vía electoral. Macri se convertía en el primer presidente no peronista ni radical de la historia reciente del país.

Pero la llegada del PRO a la presidencia de la Argentina no se llevó a cabo a través de un despliegue rápido, sino que se requirió más de una década. Así, los autores destacan que el PRO previamente había llevado a cabo un proceso exitoso de construcción partidaria. Macri y su círculo cercano establecieron un diseño para toma de decisiones de carácter centralizado e informal, que acaparó la definición de tres aspectos: el discurso público, la selección de candidatos y la estrategia electoral. Ahora bien, de cara a su lanzamiento a nivel nacional, el PRO era un partido cuyo ámbito de acción política hasta 2015 se concentraba en la CABA.

De esta forma, se optó por tender una alianza con la Unión Cívica Radical, que desde la caída del gobierno de Fernando de la Rúa había perdido centralidad. La elección de Ernesto Sanz como presidente de la UCR en 2013 propició un giro a la derecha de este partido histórico. La «crisis del campo» del 2008 representó un momento de agudización de la polarización política a partir del eje kirchnerismo-antikirchnerismo, por lo que reubicaba a los radicales como fuerza opositora. La nueva UCR, asimismo, se configuraba como “un partido débil en la región metropolitana y fuertemente arraigado en algunas provincias del interior” (p. 82). Estos aspectos impactaron en la decisión de la UCR sellar una alianza electoral con el PRO, que se concretó en la Convención de Gualeguaychú.

Gené y Vommaro también dedican un capítulo a la importancia de figuras con pasado peronista a la hora de armar el PRO y posteriormente Cambiemos, distinguiendo tres etapas de ingreso. La primera etapa tuvo lugar en 2003. Estos peronistas en su mayoría habían sido menemistas convencidos, por lo que una vez integrados en el partido, sobresalían por sus posiciones más conservadoras en términos culturales y por su defensa de las ideas neoliberales en el plano económico. La segunda etapa coincidió con la construcción del proyecto presidencial de Macri. De cara a las elecciones de 2015, fueron los que se encargaron del armado político territorial, lo cual resultaría fundamental para la expansión territorial del PRO y el crecimiento de Cambiemos. Para la última etapa, habría que esperar todavía unos años.

El PRO era el principal partido en la configuración de Cambiemos. Así pues, su éxito electoral se explicaba a partir de la reformulación programática de las tradiciones ideológicas de la derecha argentina, un giro pragmático para constituir un espacio de renovación de la centroderecha. De todos modos, la victoria de Macri frente a Daniel Scioli (Frente para la Victoria) se producía por un margen estrecho de votos, además de llegar con minoría en ambas cámaras del Congreso y con cuatro gobernadores de un total de veinticuatro. Los autores señalan que por ese tiempo existían estrechos márgenes para aplicar el proyecto macrista basado en la modernización gerencial del Estado y la desregulación económica «controlada».

A propósito del desempeño del gobierno de Cambiemos, la primera mitad del mandato se mantuvo la gobernabilidad, aun cuando los resultados económicos prometidos no llegaron. Para Gené y Vommaro, el año 2017 fue “el punto más alto de poder del gobierno de Cambiemos y también el inicio de su caída” (p. 39), que coincidía con las elecciones de medio término. El buen desempeño de ese año propició que Macri y su círculo tomasen la decisión de poner en marcha la agenda promercado que hasta el momento había quedado postergada, por lo que la reforma previsional fue el primer paso. Sin embargo, esta reforma no salió como se esperaba en un principio, sumado a que entre 2018 y 2019 todos los indicadores económicos empeoraron. Tampoco proporcionaron un panorama más óptimo los dos préstamos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI), más allá de aumentar enormemente el volumen de deuda del país.

En el capítulo dedicado al PRO durante la etapa gubernamental, se apunta que “creció poco en su anclaje territorial más allá de la CABA y de algunos distritos de la provincia de Buenos Aires” (p. 172). Además, no se produjo una ampliación ni de su dirigencia ni su base social. Respecto a su relación con el radicalismo, tal y como lo exponen los autores del libro, se sintetizaría en la idea macrista de que Cambiemos era una coalición electoral, no de gobierno, por lo que la UCR contó con poca incidencia durante este mandato. Los armadores peronistas tampoco consiguieron alterar un gobierno en el que la toma de decisiones se encontraba centralizada en la figura de Macri y su «mesa chica», en la que se encontraban, entre otros, Marcos Peña, su mano derecha, o Jaime Durán Barba. En este último caso, las diferencias existentes eran de carácter táctico no ideológico.

Por otro lado, el análisis que realizan Gené y Vommaro en torno a la relación de las élites empresariales con el gobierno de Macri resulta una de las partes más destacadas del libro. Una pregunta entonces nuclea esta parte: ¿hasta qué punto el PRO había conseguido ser el «partido de los empresarios»? Aun cuando la pregunta que plantean los autores parece de primeras un tanto provocadora, con el desarrollo de la respuesta se percibe una permanente descoordinación del sector empresarial y un exceso de confianza del gobierno cambiemita.

Así, los gobiernos kirchneristas habían estado marcados por una casi constante confrontación con el empresariado argentino, mientras que el PRO era un partido con un estrecho vínculo con los empresarios en la medida que su propio líder venía de ese mundo. Como remarca el politólogo Felipe Monestier, la base principal del PRO se encontraba constituida por algunos de los segmentos más destacados de las élites económicas. No obstante, para Gené y Vommaro, “el partido logró expresar intereses de los empresarios, pero no logró articular a los empresarios como clase” (p. 212), no pudo generar relaciones orgánicas, permanentes y coordinadas. Con la formación de Cambiemos, la consistencia electoral fue mayor, a pesar de que no incorporó vínculos empresarios organizados. Todo ello acabó impactando durante la etapa gubernamental, no existían relaciones coordinadas con el empresariado y por ende hubo dificultades para generar apoyos de estos actores en los momentos de crisis. No era suficiente que el gobierno fuese promercado. También producía tensiones con las élites económicas ese ideal macrista de empresas no dependientes del Estado.

La relación de este gobierno con los actores sociales, mientras, pasó de unos primeros años marcados por una relativa paz social a un final de mandato con una mayor conflictividad social. El reto de Macri era cómo contener a unos movimientos que no eran afines a su agenda de reformas promercado. Finalmente, de acuerdo con los autores, el cambio de estrategia de 2017 tuvo como principal costo político para el gobierno de Cambiemos una oposición fortalecida y el afianzamiento de una alianza kirchnerismo-actores sociales, tras unos últimos años marcados por el distanciamiento y la hostilidad.

Llegados al ciclo electoral de 2019, las opciones de triunfo del oficialismo pasaban por la división del peronismo. No ocurrió. El peronismo acabó concurriendo en una misma candidatura, el Frente de Todos, que tendría a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández de Kirchner postulándose a la vicepresidencia. Ante este movimiento imprevisto, Macri respondió con la nominación del hasta entonces senador peronista Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula. La incorporación de Pichetto marcaba la tercera etapa de incorporación de figuras procedentes del justicialismo.

Lo ocurrido en las elecciones primarias de 2019, en cambio, supuso una sorpresa para Juntos por el Cambio (anteriormente Cambiemos) dado que el Frente de Todos logró el 47% de los votos. Juntos por el Cambio tenía dos meses para intentar que el resultado de las presidenciales fuese distinto. Por ello, Gené y Vommaro destacan que la coalición centroderechista se valió de las marchas, un recurso que en el pasado el PRO había despreciado, para movilizar a su base social y atraer a nuevos votantes. Esto se combinaba con una derechización del discurso de Macri, el cual servía para buscar retener al electorado conservador.

Para los autores, las marchas del «Sí se puede» dieron vitalidad al PRO y la coalición que lideraba. Si bien no fue suficiente para obtener la reelección presidencial, la experiencia de Cambiemos terminaba con una consolidación de una coalición no peronista controlada por la centroderecha. De igual manera, la derrota de Macri, primer presidente que intentó la reelección y no la logró, activaba frentes que ya estaban previamente latentes. A partir de diciembre de 2019, el ahora exmandatario “dejó de ser el principal activo electoral y líder indiscutido del partido” (p. 192). El PRO se volvía un partido más complejo en tanto se afianzaban los liderazgos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y no existía un único comando para los tres aspectos de la toma de decisiones (discurso público, selección de candidatos y estrategia electoral). Aun cuando contaba con más intérpretes, el «sueño de la Argentina liberal» continuaba intacto.

El libro tratado aquí no pasa por alto los cuatro años del Frente de Todos, que terminó mostrando un peronismo debilitado y descoordinado y una gestión de gobierno fallida. Se vislumbraba que el escenario político-electoral de 2023 sería favorable para las opciones de la derecha, habida cuenta de que también se estaba produciendo un crecimiento de la opción libertaria encabezada por Javier Milei.

Por tanto, el libro de Mariana Gené y Gabriel Vommaro sobresale por el análisis de la experiencia de Cambiemos a partir de diferentes ángulos, lo que permite trazar un panorama completo de lo que fue su conformación, su ascenso y su derrota. En comparación con el libro de Gibson, el marco temporal trazado por estos autores se reduce a casi una década. Eso sí, se intenta no perder de vista las observaciones de Gibson, a la vez que se le busca dar profundidad.

Cambiemos entonces se convirtió en el primer proyecto de centroderecha en llegar al poder en la Argentina por medio de las urnas. En todo caso, de conformidad con Gené y Vommaro, la falta de una lectura política más sofisticada de su partido conductor, el PRO, llevó a sobrevalorar su etapa gubernamental, que acabó sentenciada por la errática gestión económica que tuvo. Para poder implementar su programa, la centroderecha tras el fin de su mandato aprendió que necesitaba ampliar la base social. Pero, ¿fue suficiente para generar las condiciones de un «segundo tiempo»?

El desvanecimiento de un «segundo tiempo»

Las elecciones de 2023 constituían una nueva oportunidad para que Juntos por el Cambio (JxC) diese continuidad a todo aquello que quedó pendiente en su primera experiencia gubernamental; en términos del propio Macri, por un «segundo tiempo». En este sentido, la interna para liderar JxC de cara a los comicios presidenciales se cimentó en la disputa existente en el PRO desde el fin del gobierno macrista: los «halcones» contra las «palomas», entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Al final, Bullrich, un perfil más propicio para el contexto político derechizado que se vivía, acabó logrando la nominación como candidata presidencial de JxC. No obstante, su candidatura no despegó en las elecciones presidenciales y el balotaje se decidió entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). Las condiciones favorables para el espacio de JxC no fueron aprovechadas. La cohesión interna lograda en 2019 contrastaba con una coalición que en 2023 estaba marcada por la división y la discordia.

La campaña de la segunda vuelta, en consecuencia, terminó de dinamitar JxC. El «pacto de Acassuso» significaba el respaldo del PRO de Macri y Bullrich a La Libertad Avanza (LLA). Si bien la candidatura de Massa fue más competitiva de lo que se podía esperar en un principio, el «liberal-libertario» Javier Milei, a lomos del macrismo, llegaba a la Casa Rosada al obtener el 56% de los votos.

La lectura de Milei contra la casta redefinió la «grieta» que había imperado durante las dos últimas décadas. Su discurso estaba íntimamente conectado con el pulso destituyente propio de la crisis de 2001 («Que se vayan todos»), representaba una impugnación a un ciclo político que había tenido como principales intérpretes a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri. De este modo, ¿era posible que el PRO pudiese cogobernar con Milei?

Tras un primer año de presidencia, el representante de la LLA ha conseguido bajar la inflación, aplicar un agresivo plan de recorte del gasto público (la «motosierra»), y no ha enfrentado un nivel considerable de protesta social. En el plano de la política institucional, por ahora ha tenido un panorama más bien favorable. Por un lado, el peronismo se halla en una crisis, con su núcleo dirigente, el kirchnerismo, sumido en la autorreferencialidad. En vez de acompañar al principal polo de poder opositor, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la dirigencia justicialista se centra en la búsqueda de leales, descuidando la formulación de propuestas que desafíen al actual gobierno.

La derecha convencional, por otro lado, se encuentra en un sendero laberíntico. La relación del PRO, hoy controlado totalmente por Macri, con Milei no se cimenta en el cogobierno. Es una relación asimétrica en la que el mileísmo se ha hecho con funcionarios de primer orden que formaron parte de la presidencia de Macri (Bullrich, Federico Sturzenegger o Luis Caputo), pero la principal pieza que le ha arrebatado es la idea fuerza del cambio. El último episodio de esta tirante relación es la propuesta del actual presidente de acordar listas unitarias con el macrismo de cara a las elecciones medio término de este año. Así pues, la posición del PRO en el espacio de la derecha va menguando progresivamente y la posibilidad de un «segundo tiempo» se desvanece.

La presidencia de Milei hoy puede respirar aliviada, pero los mandatos en la Argentina no duran un año sino cuatro y su éxito en el corto y largo plazo dependerá en gran medida del desempeño de la economía.

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La andadura política de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE se define en tres momentos: la moción de censura de 2018, el adelanto electoral de 2023 y la decisión del 29-A. En todos estos momentos, Sánchez ha empleado una estrategia común: confiar en sus posibilidades de vencer y apostar todo a una carta en situaciones difíciles. Esta estrategia, podríamos describirla como un all-in político, sin importar posibles consecuencias como la pérdida de poder autonómico ante la imperiosa necesidad de mantener el gobierno nacional. Ahora, se embarca en una tercera etapa con la entrada de Diego Rubio, quien estuvo en la primera etapa de gobierno con Iván Redondo. Rubio sustituye a Óscar López como jefe de Gabinete del presidente y vuelve en esta etapa a apostar por las narrativas en los discursos del presidente.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno está compuesto por 22 altos cargos, distribuidos de forma paritaria. Sin embargo, esta igualdad no se refleja en el núcleo de decisión del Gabinete, conocido como el comité de dirección de la Presidencia, donde de las ocho personas que lo integran, seis son hombres y solo dos mujeres, lo que supone una representación femenina del 25%.

En 2024, así pues, se realizaron cambios significativos en el seno de la Moncloa, entrando perfiles de corte más académicos. En el nuevo gabinete de Diego Rubio, se ha conformado un equipo entre los que se encuentran Ángel Alonso, Ana Ruipérez, José Fernández Albertos, Borja Monreal, Silvia Calzón, José Rama o el propio José Pablo Ferrándiz, que será el nuevo gurú electoral, debido a su experiencia previa en la compañía demoscópica Ipsos. También se puede destacar el nombramiento de Ion Antolín como Secretario de Estado de Comunicación sustituyendo a Francesc Vallès, aunque hace unos días se nombró a Lydia del Canto en dicho puesto tras la renuncia de Ion por motivos de salud.

Volvemos a una situación similar a la de 2021, en ciertos matices, de reestructuración de gobierno (gabinete de presidencia en esta ocasión) con el fin de impulsar la legislatura con nuevos perfiles más jóvenes que aporten ideas renovadoras.

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Liderazgo regional y su influencia nacional: el rol histórico de los Barones en el PSOE

Los «barones territoriales» es un término usado en el ámbito político, especialmente en España, para referirse a los líderes o figuras políticas que ejercen un poder destacado y una gran influencia dentro de una región o comunidad autónoma. Son figuras clave dentro de su territorio y desempeñan un papel importante en la política interna de su partido, siendo capaces de influir tanto en la política regional como nacional. El término se asocia principalmente con los partidos políticos tradicionales, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

También, dentro del Partido Popular los barones territoriales han sido fundamentales tanto en la gestión autonómica como en la articulación de la estrategia nacional. Durante los años 90 y 2000, líderes como Manuel Fraga en Galicia y Esperanza Aguirre en Madrid consolidaron el poder territorial del PP, ejerciendo una notable influencia en la dirección del partido. En la actualidad, figuras como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y Alberto Núñez Feijóo, exlíder gallego y actual presidente del partido, representan la continuidad de esta tradición de liderazgos regionales fuertes. Estos barones no solo han asegurado éxitos electorales en sus regiones, sino que también han moldeado la narrativa y las prioridades estratégicas del PP a nivel nacional, ejemplificando la falta de un liderazgo nacional en muchas ocasiones por Pablo Casado anteriormente o Alberto Nuñez Feijóo en la actualidad.

Por el contrario, los partidos surgidos a partir del 15M, como Podemos, Ciudadanos, Vox o Sumar, han optado por estructuras más centralizadas, donde los líderes nacionales ejercen un hiperliderazgo que limita la proyección de figuras regionales fuertes. Esta centralización ha llevado, en muchos casos, al declive político de las formaciones mencionada tras la retirada de sus líderes principales, evidenciando su dependencia de un liderazgo personalista.

Desde la transición a la democracia, los barones regionales del PSOE han desempeñado un papel crucial en la configuración de la estrategia del partido. El proceso de descentralización en los años 80 fortaleció a líderes regionales como José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves, quienes acumularon influencia debido a su éxito electoral continuo en bastiones del sur como Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Este poder regional contrastó con la tradicional centralización del partido, llevando a una mayor autonomía en la toma de decisiones.

En tiempos de crisis, como tras la derrota del PSOE en 1996 y la posterior dimisión de Felipe González, los barones fueron clave en mantener la estabilidad y reorientar la estrategia del partido, influyendo en la elección de líderes como José Luis Rodríguez Zapatero. Este fenómeno muestra cómo los barones no solo representan intereses territoriales, sino que también actúan como pilares en momentos de incertidumbre, combinando su fuerza electoral local con la capacidad de modelar la dirección nacional del partido.

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), los barones territoriales del PSOE mantuvieron una influencia significativa en la política nacional. Líderes como Manuel Chaves en Andalucía, Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura y José Montilla en Cataluña desempeñaron roles clave en la articulación de políticas regionales y en la cohesión interna del partido. La relación entre la dirección nacional y los líderes regionales se caracterizó por una colaboración que permitió al PSOE consolidar su presencia en diversas comunidades autónomas, aunque también surgieron tensiones en torno a cuestiones como la financiación autonómica y las reformas estatutarias.

Con la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general en 2014, se produjo una reconfiguración en la dinámica entre la dirección nacional y los barones territoriales. Sánchez, tras su reelección en 2017, impulsó una estrategia de renovación interna que incluyó la sustitución de algunos líderes regionales y la promoción de figuras afines a su proyecto político. Dicho proceso generó tensiones con barones tradicionales que cuestionaban su liderazgo, pero también permitió la incorporación de nuevos perfiles que reforzaron la cohesión del partido. La relación entre Sánchez y los barones ha oscilado entre la colaboración y el conflicto, especialmente en temas como la política territorial y las alianzas parlamentarias, reflejando la complejidad de equilibrar el liderazgo nacional con las sensibilidades regionales dentro del PSOE.

Los candidatos paracaidistas y el nuevo orden territorial del PSOE

Desde su reelección como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha implementado una estrategia de recentralización orgánica y control del aparato partidario, enfocada en la renovación de los liderazgos territoriales para garantizar la cohesión interna y la disciplina orgánica. Tras los resultados adversos en las elecciones autonómicas de 2023, que dejaron al partido en una posición debilitada en numerosos bastiones históricos, Sánchez ha impulsado una reestructuración estratégica en federaciones clave como Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana. Este proceso, caracterizado por la designación de liderazgos alineados con la dirección nacional, tiene como objetivo fortalecer la verticalidad del poder dentro del partido y garantizar un funcionamiento más homogéneo en la implementación de las directrices emanadas del núcleo federal.

La mayoría de las figuras clave provienen de la reestructuración del Gobierno realizada en 2021, cuando Pedro Sánchez apostó por perfiles jóvenes y provenientes del municipalismo. Ejemplos de ello son Diana Morant, Raquel Sánchez o Isabel Rodríguez, quienes representan una estrategia de Moncloa centrada en impulsar liderazgos desde los ministerios, con la mirada puesta en recuperar el poder autonómico en sus respectivas regiones. Asimismo, en las últimas semanas, Pilar Alegría se ha presentado como candidata a la presidencia de Aragón, mientras que Óscar López ha asumido el liderazgo del PSOE en Madrid con el objetivo de competir por la Comunidad de Madrid. Por su parte, María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno, anunció el 8 de enero su candidatura para liderar el PSOE en Andalucía, en un intento por recuperar uno de los principales bastiones históricos del partido.

La renovación territorial del PSOE bajo el liderazgo de Sánchez configura un modelo híbrido entre el reforzamiento del poder federal y la reconfiguración de las baronías territoriales, donde los liderazgos emergentes funcionan como extensiones funcionales de la dirección nacional. El modelo expuesto, sin embargo, debe enfrentarse al desafío de equilibrar la centralización del poder con la representación de las demandas locales y autonómicas, un aspecto crucial para el éxito electoral en territorios clave y para mantener la cohesión partidaria en un escenario político altamente fragmentado.

Por tanto, la estrategia se ha materializado, entre otros mecanismos, en el recurso a los llamados «candidatos paracaidistas», es decir, la designación de liderazgos sin arraigo orgánico previo en las estructuras territoriales pero con una trayectoria consolidada en el ámbito nacional. Con ello, no solo se busca evitar la fragmentación del poder territorial, sino también consolidar baronías dependientes de la legitimidad delegada por la dirección federal. Un ejemplo paradigmático es Salvador Illa, quien tras su etapa como ministro de Sanidad fue posicionado como candidato en Cataluña, logrando una victoria significativa y afianzando su liderazgo.

El hiperliderazgo que Pedro Sánchez ha consolidado dentro del PSOE ha desplazado, en gran medida, a las figuras de barones regionales con fuerte autonomía e influencia, una característica que históricamente marcó al partido en décadas anteriores. La renovación territorial también ha tenido como pilar la capacidad de redistribuir incentivos dentro de la estructura federal del partido. La ocupación de cargos de alta visibilidad y proyección institucional —como carteras ministeriales— se ha convertido en una herramienta de integración de nuevos liderazgos en territorios estratégicos. Es esquema funcional al afianzamiento de una narrativa política uniforme, si bien puede generar fricciones con los liderazgos tradicionales en aquellas federaciones donde los liderazgos orgánicos gozaban de arraigo y autonomía.

El patrón de renovación impulsado por Sánchez, además, responde a un reposicionamiento del partido ante una coyuntura política caracterizada por una polarización creciente y la necesidad de recuperar el espacio perdido en el ámbito autonómico. Es un enfoque que tiene fortalezas significativas: la concentración del poder orgánico facilita la implementación de estrategias electorales coherentes y refuerza la figura del secretario general como un liderazgo vertical indiscutido. No obstante, también supone riesgos inherentes a la desconexión territorial, que puede derivar en déficits de representación percibida por parte de las bases militantes y del electorado. Esta es una de las principales causas de la pérdida de poder autonómico, debido a la puesta en escena de líderes que no generan una simpatía y conexión con los ciudadanos del territorio.

La falta de liderazgos regionales sólidos se debe, en gran medida, a una deficiente comprensión del contexto electoral y a la incapacidad de realizar un diagnóstico preciso de las necesidades y expectativas de la población. Este problema se agrava cuando se apuesta por candidatos que carecen de arraigo en el territorio, al provenir de responsabilidades en el gobierno central. Igualmente, dicho desajuste quedó en parte reflejado en los resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones autonómicas y locales de 2023, donde las figuras propuestas no lograron conectar con el electorado regional.

Aunque ocupar un ministerio puede otorgar notoriedad y proyección pública, esta ventaja suele diluirse si el candidato no es percibido como alguien cercano y comprometido con los problemas específicos de la comunidad que aspira a liderar. En muchos casos, es más efectivo apostar por perfiles que hayan desarrollado su carrera política en el propio territorio, que conozcan de primera mano sus dinámicas sociales y económicas y que construyan su liderazgo desde la base. Si bien es un proceso más lento, permite consolidar liderazgos genuinos con mayor capacidad de conexión emocional y política con los votantes, en lugar de priorizar la designación de personas afines al líder nacional, que pueden ser percibidas como imposiciones externas sin un vínculo auténtico con la región.

La presencia de partidos regionalistas de izquierda en determinadas regiones complica la capacidad del PSOE para articular un discurso competitivo en esos territorios. Formaciones como Más Madrid o el BNG ilustran este fenómeno, en el que se observa un claro voto dual: los ciudadanos apoyan a estas opciones en elecciones autonómicas o municipales, mientras que en las generales tienden a inclinarse al PSOE, lo que plantea un desafío estratégico para los socialistas, debido a la fuga de votantes que sufren.

Por otra parte, en momentos de crisis o catástrofes surgen nuevos liderazgos. Por ejemplo, sobresalen los casos de Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad, y Óscar Puente, exalcalde de Valladolid. Ambos representan perfiles distintos pero complementarios: Illa, con un enfoque más institucional y presidencialista, recuerda la estrategia política asociada al estilo de Iván Redondo, mientras que Puente se proyecta como un político combativo y de cercanía.

Tras la reciente DANA en Valencia, de igual modo, ha emergido como figura destacada Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien ha logrado eclipsar a Diana Morant. Su ascenso, impulsado por su gestión efectiva durante la crisis y su discreta presencia pública, la posiciona como una posible candidata a la alcaldía de Valencia. Por el contrario, Diana Morant no ha logrado capitalizar el descontento ciudadano hacia la gestión de Carlos Mazón, siendo percibida como una líder impuesta desde Madrid, lo que subraya la importancia de la proximidad y el arraigo territorial en la política.

El último Congreso del PSOE, que reflejó un respaldo casi unánime a la dirección de Sánchez, evidenció las tensiones latentes en torno a la distribución de recursos y la articulación territorial. La discusión sobre la financiación singular de Cataluña puso de manifiesto la complejidad de equilibrar las demandas territoriales con una estrategia centralizadora que busca reforzar la gobernabilidad interna. En este contexto, el liderazgo de Sánchez se consolida como un proyecto de recentralización pragmática, diseñado para sortear los desafíos de un sistema político descentralizado mientras responde a las dinámicas internas del partido.

El actual presidente de España ha consolidado su liderazgo premiando la fidelidad dentro de las filas del PSOE, colocando a personas de su confianza en puestos clave tanto a nivel autonómico, nacional como internacional. Así, llegamos al final con un único contrapeso con el que cuenta Pedro Sánchez a nivel interno: Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido uno de los pocos barones del PSOE que ha mantenido una autonomía y un perfil político fuerte frente a la creciente centralización del poder en Moncloa. Y aquí surge la cuestión de, ¿hay que seguir la línea del partido o defender los intereses propios o de la región?

Sin embargo, este enfoque llevado desde Ferraz ha generado tensiones internas, como se ha visto en Madrid con Juan Lobato, o en Castilla y León, donde Luis Tudanca acaba de dimitir. En este último caso, el único candidato que se perfila para liderar el partido en la región es el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, afín a Sánchez. También, Extremadura, Cantabria y Murcia celebrarán primarias en el mes de enero para dilucidar quién dirigirá el partido en estas comunidades. El actual líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, parece que va a ser el único candidato con posibilidad de vencer a la candidata favorita de Ferraz, Esther Gutiérrez, en contraposición a los casos de Murcia y Cantabria.

Las críticas no se han hecho esperar. Tanto dentro como fuera del partido, se acusa al secretario general de querer imponer líderes afines a su visión, limitando la pluralidad en las elecciones internas al promover «candidaturas únicas». Estas decisiones han avivado el debate sobre una posible merma de la democracia interna en el PSOE.

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Los diez artículos esenciales de En Disputa

De los 64 artículos publicados a lo largo de este 2024, se presenta a continuación una selección de diez artículos que destacan por su pertinencia y también por su calidad analítica. Pero antes agradecer a todos las personas que han querido publicar sus respectivos análisis en En Disputa. Igualmente, a aquellos con una perspectiva politológica, sociológica o internacionalista os invitamos a mandarnos propuestas de artículos que incidan en la actualidad política a través del siguiente correo: politicxcontacto@gmail.com.