El juicio político contra Guillermo Lasso en Ecuador
El juicio político contra Guillermo Lasso es sintomático de la difícil situación que atraviesa su presidencia, la cual aún no ha cumplido los dos años de mandato.
La presidencia de Guillermo Lasso en Ecuador se encuentra marcada en la actualidad por la intranquilidad ciudadana tras las últimas decisiones de su Gobierno y por el momento dulce de la oposición que tuvo un buen desempeño en los comicios del pasado 5 de febrero. Así, la Asamblea Nacional en mayo votará si Lasso ha de ser destituido tras iniciarse tiempo atrás un juicio político promovido por los partidos de la oposición.
La victoria de Lasso
Guillermo Lasso se convirtió en presidente de Ecuador en mayo de 2021 tras ganar en segunda vuelta las elecciones presidenciales. Si bien en la primera vuelta de estos comicios el exbanquero ecuatoriano logró pasar con el 19,7% de los votos, en el balotaje se impuso frente al candidato correísta Andrés Arauz. Fue un remontada importante porque en la primera ronda Lasso estuvo a nada de ser superado por Yaku Pérez, el candidato del movimiento indígena Pachakutik, y Arauz por su parte obtuvo el 32,7%, pero en el balotaje este último cayó derrotado ante el hoy presidente de Ecuador.
No obstante, se vislumbraba un mandato presidencial difícil para Guillermo Lasso, puesto que en la Asamblea Nacional del país estaba con una minoría y en cambio el correísmo tenía una mayoría (aunque no absoluta). Igualmente, ese eje correísmo-anticorreísmo, tan presente en las presidenciales de 2021 y que favoreció al candidato conservador, se ha ido diluyendo en estos últimos dos años, por lo que hoy mostrar una posición anticorreísta no es garantía de gobernabilidad al interferir otros factores de mayor calado.
Una tendencia decreciente
Durante los primeros doce meses al frente de la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso destacó sobre todo por la gestión que llevó a cabo en relación con la campaña de vacunación contra el Covid. No obstante, su gestión no sobresalió en otras facetas y además a nivel legislativo acabó rompiendo la alianza de su partido, Movimiento Creando Oportunidades (CREO), con el derechista Partido Social Cristiano (PSC). Sin mostrar fortaleza en otros apartados de su gestión y con una posición aún más minoritaria en la Asamblea, Lasso aumentaba sus ratios de desaprobación y la intranquilidad se iba apoderando de la ciudadanía.
En un clima así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó unas manifestaciones para protestar contra las medidas económicas del presidente ecuatoriano, la principal demanda tenía que ver con el precio de los combustibles. El paro nacional que tuvo lugar en junio de 2022 acabó durando 18 días. Además, durante este tiempo, la Asamblea Nacional celebró una moción de destitución contra Lasso y esta iniciativa parlamentaria presentada por la oposición finalmente no prosperó al quedarse a doce votos de la mayoría calificada.
El último acontecimiento que terminó de confirmar la fragilidad del actual mandatario de Ecuador fue sus malos resultados en las elecciones seccionales y el referéndum constitucional, una cita electoral que tuvo lugar el 5 de febrero de 2023 y que eran caracterizados como unos comicios de medio mandato. Las elecciones seccionales eran una forma de comprobar la fuerza de las formaciones políticas en las distintas partes del país, mientras que el referéndum fue impulsado por el propio Gobierno y con esto Lasso, quien se encontraba cuestionado por la población y quedándole dos años de mandato, buscaba una cierta legitimidad al no contar con otros mecanismos para solucionar problemáticas de carácter urgente.
Sin embargo, el Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa se erigió como el ganador de las elecciones seccionales al hacerse con las alcaldías de Quito y de Guayaquil y con las prefecturas de Pichincha y de Guayas. Tras ocho años fuera del poder de la capital, el correísmo volvió de la mano de Pabel Muñoz y en Guayaquil Aquiles Álvarez puso fin a 31 años de gobierno del PSC. En cuanto al referéndum, la mayoría de ecuatorianos rechazaron las ocho preguntas de la consulta, por lo que el “No” se impuso. Esto fue un duro revés para Lasso, ya que con la promoción de la consulta popular aspiraba a obtener el consenso suficiente para el resto de su mandato. Así pues, el correísmo-anticorreísmo no fue el eje principal de dicha cita electoral y tuvo más fuerza la evaluación que se hacía de la gestión del actual Gobierno, primando de esta forma un voto de castigo.
El juicio político
Casi dos años después de asumir la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso se halla en un escenario aún más adverso al haber sido admitido por la Corte Constitucional del país a finales de marzo un juicio político contra éste, el cual fue promovido por varios partidos de la oposición (Revolución Ciudadana, PSC, Pachakutik e Izquierda Democrática).
La Asamblea Nacional aprobó en el mes de marzo un informe en el que aconsejaban emprender un juicio político contra el actual mandatario por dos acusaciones referentes al delito de colusión (delito contra la administración pública) y otro relativo al delito de peculado o malversación. Desde la Corte Constitucional, se admitió con seis votos a favor el delito de peculado, desestimándose los cargos contra el delito de colusión. Entonces el motivo por el se inició este juicio se debía a unos contratos firmados entre 2018 y 2020 por Lasso con la naviera estatal Flopec.
Tras esto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se está encargando de redactar un informe con las pruebas que sostienen la supuesta infracción y los alegatos de la defensa del mandatario. El plazo máximo para dicho proceso es de 45 días y por tanto se espera que a mediados del mes de mayo los legisladores voten sobre el juicio político. Para que salga adelante la iniciativa en la Asamblea son necesarios 92 votos a favor, dos tercios de la Cámara. En caso de que Lasso fuese depuesto, el presidente de Ecuador para el resto del mandato que termina en 2025 sería el vicepresidente Alfredo Borrero.
Lasso se declaró inocente y catalogó este segundo intento de la Asamblea para destituirlo como “un golpe de Estado parlamentario”. La única salida con la que cuenta para evitar el juicio político es activar el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, lo que supone que se disuelve la Asamblea y se convocan de forma anticipada elecciones presidenciales y legislativas. En ese plazo de seis meses en el que han de tener lugar los nuevos comicios, el presidente gobierna bajo decreto ley. Para impulsar la muerte cruzada se requiere una justificación apropiada bajo tres causales y en este caso lo más verosímil sería “por grave crisis política y conmoción interna”, tal y como reza el artículo 148.3 de la Constitución ecuatoriana.
En la historia reciente de Ecuador no había habido hasta el momento un juicio político contra un presidente. Aunque no se hubiese enjuiciado nunca a un mandatario, en el año 1997 el extravagante Abdalá Bucaram fue destituido como presidente de Ecuador por el Congreso, debido al uso de la figura de la incapacidad mental y su presidencia sólo duró seis meses. Por otro lado, durante el mandato presidencial de Sixto Durán-Ballén (1992-1996) se emprendió un juico político contra el vicepresidente Alberto Dahik por malversación de fondos. Pese a que no fue destituido por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia había iniciado en paralelo un juicio por el mismo delito y acabó por dictar una orden de prisión contra Dahik, quien ya había preparado un plan para salir del país. A su vez, hay que señalar que ambos casos que se han relatado en este párrafo ocurrieron con la anterior Constitución, la de 1979.
Como se ha dicho anteriormente, parece que la votación de la Asamblea será en mayo. Mientras tanto, continúa la labor de la Comisión de Fiscalización y en este tiempo Lasso cuenta todavía con la opción de activar la muerte cruzada a pesar de que hasta el momento se haya reusado a utilizarla. De todos modos, la posición de este mandatario va a seguir siendo compleja.