Entre demócratas y republicanos: el Poder Judicial estadounidense
La Corte Suprema necesita cambios que puedan reglamentar otros aspectos de su funcionamiento y despartidizar la justicia. Empero, todo dependerá de los resultados electorales del 5 de noviembre.
El pasado mes de julio el presidente Joe Biden declaró que aspiraba a realizar cambios en el funcionamiento del máximo tribunal del país. Desde la teoría clásica de la división de poderes propuesta con los federalistas, James Madison, John Jay y Alexander Hamilton, la Corte Suprema se ha entendido como la garante de la división de poderes y contrapeso a las decisiones que pongan en peligro la subsistencia de la república.
La propuesta de los federalistas en la teoría fue aceptada, además de ser adoptada por diversas naciones. En cambio, en la práctica esta ha dejado mucho que desear, especialmente porque los integrantes del máximo tribunal no han ocultado sus simpatías por algún partido e incluso anteponen sus afinidades ideológicas sobre el derecho. De esta forma, la Corte Suprema estadounidense ha sido cuestionada por decisiones que ha tomado en temas como el aborto, la migración o la sexualidad.
Incluso al utilizar indicadores que miden la percepción de ciertos temas tales como los de V-Dem, la Corte estadounidense es evaluada como una de las más fuertes en temas de independencia judicial, cumplimiento con la ley y su papel como garante de la estabilidad sale bien evaluado. Sin embargo, una enmienda en su estructura podría generar mayores beneficios a los ojos de la ciudadanía, sobre todo después del último mandato de Donald Trump, quien hoy aspira a ganar la presidencia de nuevo. Al revisar la relación de los jueces con la Casa Blanca, la gráfica de V-Dem arroja que desde que Trump ganó la presidencia en 2016 estos fueron objetos de ataques. Estos alcanzaron su punto más álgido en 2020 y luego la relación se volvió tersa, ya que el republicano nombró a tres jueces conservadores.
La propuesta de Biden
El mandatario estadounidense basó en tres ejes su propuesta: 1) límites a los mandatos de los jueces, 2) un código de conducta vinculante para el alto tribunal, y 3) que el presidente ya no tenga inmunidad por los delitos cometidos mientras está en el cargo. Así pues, la consolidación de un cambio de este nivel podría equilibrar el poder de la Corte.
El máximo tribunal se integra por nueve jueces de los cuales seis son republicanos: John G. Roberts, Jr, Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy C. Barrett. Mientras que los tres restantes son demócratas: Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia M. Sotomayor. De esta forma, es posible analizar que la justicia en Estados Unidos es partidista, dependiendo de quien tenga la mayoría de los asientos.
Decir que los jueces no son actores políticos sería dotarlos de un aura mística, claro que son actores y tienen un papel en el sistema. Sin embargo, el principal cuestionamiento viene cuando estos anteponen sus interés y dejan en segundo lugar a la ley. La propuesta de Biden entonces pretende despartidizar la Corte, poniendo, entre otras cosas, candados a los obsequios que reciben que tienen como objetivo cooptar a la justicia.
Otro elemento para limitar o hacer frente a la partidización tiene que ver con establecer límites a los mandatos judiciales. The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en julio de 2022 encontró que el 67% de los estadounidenses apoyaba una propuesta para establecer un número específico de años que los jueces sirven en lugar de términos vitalicios.
El objetivo, según Biden, es impedir que un presidente logre imponer una mayoría en la Corte. Por eso, la propuesta es que duren dieciocho años en el cargo. El tema de la temporalidad es muy antiguo y surgió desde la concepción que si las y los jueces solo se dedican a una tarea en especial, no tendrán que estar preocupados o buscando otras fuentes de ingreso y trabajo.
Además, dotaría de profesionalización a los juzgadores, quienes tendrían mayor capacidad para revisar asuntos. Esta es la verdadera razón por la que los jueces en varias partes del mundo duran tanto tiempo. Otra cuestión es que la Constitución establece que los jueces federales son vitalicios, por lo tanto, esto podría generar tensiones en caso de que se insista en hacer cambios.
Sin embargo, es necesario entender que la propuesta hecha por el mandatario responde a una lógica electoral. Biden es conocido por haber presidido la Comisión de Justicia del Senado y nunca atendió los llamados para reformar al Poder Judicial. No obstante, en plena lucha por la Casa Blanca el presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer controles a los jueces. Incluso durante su campaña en 2021 prometió una reforma al máximo tribunal.
En plena campaña por la Casa Blanca, la candidata demócrata Kamala Harris ha hecho suya la propuesta de reforma judicial. La ex fiscal general de California declaró que “existe una clara crisis de confianza que enfrenta la Corte Suprema, ya que su imparcialidad ha sido puesta en tela de juicio después de numerosos escándalos”. Por eso, llamó al Congreso para trabajar juntos, ya que los demócratas no tienen la mayoría. Otro escenario sería que de ganar la presidencia y la mayoría legislativa pudiera sacar adelante esta reforma.
Tales declaraciones se dan en medio de una coyuntura marcada por la desaprobación de la opinión pública hacia la Corte Suprema, de acuerdo con datos de la compañía demoscópica Gallup. La última vez que se preguntó al respecto, en julio de 2024, obtuvo una aprobación del 43%, mientras que la desaprobación había disminuido (52%) con respecto a los niveles de desaprobación de 2022 (58%), coincidiendo con la derogación del derecho al aborto en el país.
Quitar la inmunidad presidencial
La supresión de la inmunidad presidencial es uno de los elementos más polémicos de la reforma porque desde hace más de treinta años ningún presidente ha realizado una enmienda ligada a la Corte. Estas son más difíciles de concretar, ya que se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado, y luego ser ratificada por tres cuartas partes de las legislaturas estatales. Actualmente, el presidente no tiene esos números que le permitan sacar adelante la propuesta.
El 1 de julio la Corte determinó que el expresidente Trump y cualquier ejecutivo tienen inmunidad frente a los procesos judiciales que tienen abiertos. Esto debido a las acusaciones que el republicano enfrenta por los documentos encontrados en su casa de Mar-a-Lago, los de sedición por el asalto al capitolio y las acusaciones de abuso sexual. La decisión triunfó debido a los seis votos republicanos frente a los 3 demócratas.
Incluso el presidente de la Corte, John Roberts declaró: “Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato”.
Esto sorprendió al país, debido a que la decisión permitió a Trump continuar en la contienda republicana por la candidatura y hoy nuevamente es el aspirante a la Casa Blanca. Mientras que la demócrata Sonia Sotomayor criticó la decisión al señalar lo siguiente: “Cuando utilice sus poderes oficiales de cualquier forma, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal. ¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.
Derivado de esta decisión, Biden comentó que nadie está por encima de la ley y que una enmienda en este aspecto implicaría establecer límites a esa inmunidad. Ahora bien, dada la dificultad que representa la aprobación de una enmienda, habría que esperar a la conformación del Congreso y los estados que renovarán cargos de representación, aunado a que los demócratas deberían ganar la presidencia para impulsar estos cambios que quieren.
En conclusión, la Corte Suprema necesita cambios que puedan reglamentar otros aspectos de su funcionamiento y despartidizar la justicia. Empero, todo dependerá de los resultados electorales del 5 de noviembre y si los demócratas insisten en continuar con esta agenda. Son tiempos electorales y los políticos tienden a prometer cosas que luego dejan de lado. En este sentido, Biden ha tocado una fibra sensible en el electorado e intentó arrastrar al máximo tribunal al tablero político.
Firma invitada - Sebastián Godínez Rivera es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como analista en un Think Tank y es columnista en Latinoamérica 21.
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