Guatemala: un balance de las elecciones presidenciales
Sandra Torres y Bernardo Arévalo se disputarán la presidencia de Guatemala en el balotaje. Aunque hubo alguna sorpresa, los resultados del 25 de junio mostraron el descontento de los guatemaltecos.
Las elecciones guatemaltecas arrojaron una serie de datos preocupantes como el abstencionismo, los votos nulos y los bajos porcentajes ganados por cada una de las candidaturas. Estas se decidirán en una segunda vuelta el 20 de agosto, pero vale la pena analizar el descontento de la ciudadanía con las elecciones.
Este proceso, marcado por la exclusión de binomios presidenciales, la maleabilidad de la ley y los problemas con la autoridad electoral, generó un panorama de incertidumbre para los votantes. Guatemala ha mostrado una crisis sistémica en cuanto a la democracia, pero a diferencia de otros países, la baja participación se ha convertido en el indicador principal.
Los datos y los hechos de la jornada electoral
El 25 de junio Guatemala tuvo elecciones generales, pero ninguna candidatura ganó con más del 50% de los votos y por ende será necesaria una segunda. No obstante, estas elecciones tuvieron diversas particularidades y estuvieron marcadas por la exclusión de candidatos y problemas con el Tribunal Supremo Electoral. Así, en este texto realizaré un recuento de los hechos y una prospectiva de los retos para el pequeño país centroamericano.
El país deberá acudir a las urnas en agosto para votar al binomio presidencial, ya que de acuerdo con los Resultados Electorales Preliminares, las dos fórmulas que más votos obtuvieron fueron: la ex primera dama Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) (15,86%) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla (11,78%).
Con los resultados que se dieron, es pertinente centrar el análisis en cuatro factores:
La candidata Sandra Torres de UNE se identifica con el centro político, pero ha adquirido unos tintes progresistas en cuanto a sus propuestas de campaña, como reducir el IVA o reducir el costo de la energía eléctrica.
Si bien no se puede catalogar su candidatura de izquierda, durante la campaña dejó ver que sus propuestas se enfocan en mitigar el peso económico sobre las familias. Además, cuando fue primera dama del país se enfocó en atender a los más pobres, lo cual le ha llevado a ganar cierto nivel de simpatía en estas capas.
El rival de Torres, Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, fue la sorpresa de la elección, pues en las encuestas otros perfiles de derecha como Zury Ríos aparecían en los primeros lugares.
El exdiplomático logró capitalizar la ideología progresista y su plataforma política además surgió al calor las movilizaciones contra la corrupción de 2015, que culminaron con la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. El Movimiento Semilla se sustenta en combatir la corrupción y reducir los niveles de violencia, que al final son dos de los principales problemas que preocupan a la población.
El nivel de participación fue del 60% al emitirse un total de 5.554.971 de sufragios. No obstante, al desglosar dicha cifra, podemos encontrar datos ciertamente preocupantes porque hubo un 17% de votos nulos y casi un 7% en blanco. Estos datos muestran que la participación electoral está mermada por los factores que se describirán a continuación, pero que el país ha venido mostrando en anteriores ocasiones. Incluso cuando se votó por el outsider Jimmy Morales (2016-2020), la población siguió mostrando un malestar con las elecciones.
Guatemala podría sumarse a los países que han girado de la derecha a posiciones más cercanas a la izquierda, pues de las dos candidaturas que irán al balotaje ninguna es de derecha por completo. Ambos binomios cuentan con tintes de centroizquierda que podrían sumar al país a la nueva ola progresista o al grupo de países con tendencias más centristas.
Candidaturas: la manzana de la discordia guatemalteca
El 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la convocatoria para que partidos, movimientos y asociaciones inscribieran sus binomios presidenciales. Cerca de un mes de este hecho, comenzaron las quejas de diversos aspirantes. La autoridad electoral excluyó a varias personas bajo argumentos de campañas anticipadas, acusaciones penales e impugnaciones, en total tres partidos se quedaron sin abanderados para la presidencia.
El caso más relevante es el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas Andrade del Movimiento para la Liberación de los Pueblos porque, de acuerdo con diversos sondeos de periódicos este binomio encabezaba las preferencias para ganar la presidencia. Se registró como la única candidatura de izquierda, recordemos que desde 2018 la región ha optado por gobiernos progresistas y Guatemala es de los pocos países que se ha mantenido a la derecha. Cabrera y Rodas eran los principales críticos de la administración del actual mandatario, Alejandro Giammattei. La cancelación del registro se debió a que presuntamente Jordán Rodas cometió un delito, cuando fue Procurador de Derechos Humanos, pero no se ha especificado el delito. Mientras, el exfuncionario ha argumentado que siempre cumplió con los protocolos y destacó que nunca fue notificado de la acusación.
Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido Podemos, obtuvo en un principio el registro, sin embargo este fue impugnado por el partido Convergencia Nacional, al señalarlo de campañas anticipadas. Su caso terminó en la Corte de Constitucionalidad, en donde se determinó que el candidato no era “idóneo, pero sí reincidente” al haber realizado actos anticipados varias veces. También se le señaló de haber hecho campaña personalizada en los que buscaba posicionarse en tiempos no electorales y, además, promovió su programa de gobierno, en el cual se destacaba la implementación de la pena de muerte.
Carlos Pineda abanderado del partido Prosperidad Ciudadana quedó fuera de la contienda a un mes de las elecciones presidenciales, puesto que la Corte de la Constitucionalidad determinó que su elección como candidato presentó varias irregularidades. El tribunal supremo validó los argumentos y Pineda quedó fuera de la carrera presidencial.
Los casos anteriores muestran que tres candidaturas quedaron fuera de los comicios. Pese a que los argumentos pueden ser convincentes o no para los analistas y la misma ciudadanía guatemalteca, una de las principales críticas es que no todas las candidaturas contaron con las mismas condiciones en el proceso de registro. Esto es relevante porque la democracia y las elecciones son el camino para dirimir conflictos, contrastar ideas y competir en igualdad para decidir quién dirigirá el país, en este caso la presidencia.
Es importante destacar que la ley debe hacerse cumplir, pero el proceso que se llevó a cabo ha sido objeto de críticas, ya que la descalificación de candidatos y principalmente de dos de las fórmulas que eran las favoritas pareciera que respondió a intereses políticos y no a las reglas electorales. En prospectiva, la fórmula ganadora deberá enfrentar un clímax de desconfianza y erosión de legitimidad de la autoridad electoral.
En tanto, hay dos candidaturas que participaron cuando la ley electoral establece lo contrario. Al escribir las siguientes líneas no se busca cuestionar la legitimidad o el proceso en la que estas personas compiten, sino que solo se realiza un análisis de la Constitución y lo que ésta dice.
Entonces la candidata Zury Ríos Sosa (Valor-Unionista), hija del expresidente de facto Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983, ha sido una de las principales cuestionadas al participar en estas elecciones. La Carta Magna establece en su artículo 186 que las personas que aspiren a la presidencia y vicepresidencia no pueden ser caudillos, jefes militares de un golpe de estado o revolución armada. También en el mismo artículo en el apartado C) se indica que las personas parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente no podrán participar. Si bien la primera prohibición se conjuga con la segunda, ya que es pariente directa del entonces dictador y aunque Ríos Montt no ejerza la presidencia actualmente, éste fue jefe de un golpe de Estado. Las pretensiones presidenciales de Ríos Sosa ya le habían generado prohibiciones en procesos anteriores por tal hecho, aunque esta vez sí se le permitió participar.
El otro caso es el de la fórmula de UNE, Sandra Torres y Romeo Guerra, que pasaron a la segunda vuelta. Considero uno de los casos más relevantes en este sentido porque la candidata Sandra Torres fue primera dama del país cuando estuvo casada con el difunto presidente Álvaro Colom (2008-2012).
La historia de Torres y Colom es interesante, ya que ella quiso ser candidata en 2011, pero la prohibición constitucional del artículo 186 también aplica para la esposa del presidente en funciones. Por tanto, para eliminar esta barrera la pareja presidencial se divorció, con ellos se pretendía que Sandra Torres pudiera participar en los comicios. La ex primera dama se inscribió como candidata del partido UNE, pero la Corte resolvió que esto no era posible al ser el divorcio un intento para que Torres pudiera acceder a la candidatura. En cambio, para 2023 logró inscribirse y ya no hubo prohibiciones. Asimismo, su compañero de fórmula Romeo Guerra generó polémica debido a que es un ministro de culto y la Constitución también prohíbe que los líderes religiosos aspiren a ocupar cargos públicos. No obstante, Guerra renunció días antes para poder registrarse y de esta forma poder competir.
Como se lee en los casos anteriores, hubo diversos cuestionamientos que en procesos electorales pasados prohibieron el registro a candidatos en base a lo establecido en la Carta Magna, pero que no fueron tomados en cuenta en los comicios del 2023. El Estado de Derecho en todos los países es el marco que permite la convivencia pacífica entre las y los ciudadanos, por lo que las elecciones no pueden ser excluidas de este.
Empero, el registro de aspirantes ha sido la principal variable para cuestionar el funcionamiento de la autoridad electoral, los criterios utilizados y sobre todo la erosión de la democracia que tiene lugar en el país. Si se toma en cuenta que Guatemala tiene apenas treinta años de celebrar elecciones libres y competidas, estos sucesos se enmarcan en la crisis democrática que viven todos los países.
El TSE en la encrucijada
No solo el registro de candidaturas ha generado cuestionamientos al árbitro electoral, sino que el funcionamiento del mismo Tribunal Superior Electoral (TSE) ha tenido algunos problemas:
La impresión de las boletas electorales inició de manera tardía, esto derivado de las impugnaciones y resoluciones que debió resolver la Corte sobre algunas candidaturas. La autoridad inició el 1 de junio con el tiraje de boletas, cuando se resolvió sobre la totalidad de candidaturas que compitieron en estos comicios.
En estas elecciones debutó el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, el cual mostró deficiencias en algunas regiones del país para la transmisión de los conteos. También durante su segundo simulacro mostró lentitud en su funcionamiento, lo cual generó un colapso.
El objetivo de este programa es transmitir en directo el registro de actas y con ello dar un aproximado de los votos que recibió cada uno de los candidatos. De esta forma, se busca garantizar la transparencia en el proceso electoral. Con los hechos anteriores, varios partidos y organizaciones han mostrado su desconfianza hacia este sistema.
Nuevamente la exclusión de candidaturas generó un ambiente de desconfianza que puede traducirse en descontento de acuerdo con los resultados. Insisto que las reglas deben hacerse cumplir para dar certidumbre a la ciudadanía, pero las diversas exclusiones han generado un ambiente de tensión.
La democracia es el camino para dirimir conflictos y evitar el uso de la violencia para resolverlos. Por eso, es importante que la ley sea aplicada para todas y todos. Además, la celebración de un proceso certero fortalecerá el respaldo hacia la institucionalidad y la misma democracia, sobre todo en un contexto global donde las elecciones y las instituciones son desprestigiadas y erosionadas por las corrientes populistas.
Sin embargo, Guatemala ha respondido a otras tendencias, por ejemplo, el malestar con los gobiernos por los actos de corrupción. Por ejemplo, las movilizaciones en contra del gobierno de Otto Pérez Molina, que culminaron con su renuncia. Luego la elección de un outsider como lo fue Jimmy Morales, quien prometió dar un giro en la política tradicional y combatir la corrupción.
Sin embargo, el mandato de Morales se caracterizó por las confrontaciones contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se encargaba de investigar la corrupción en el país. Las diversas confrontaciones con los integrantes de este grupo y los señalamientos de intervencionismo culminaron con la salida de Guatemala de este órgano.
Algunos de los ejemplos anteriores sirven para ilustrar que las acciones de los gobiernos han generado un malestar con la democracia, que se traduce en un voto protesta o en bajos niveles de participación. Mientras otros países de la región sucumben ante el populismo, en Guatemala los candidatos y los partidos no entusiasman a la población.
Una mirada poselectoral
Guatemala es uno de los países con mayores índices de violencia, las pandillas son un problema latente, pero también la baja participación electoral debe tomarse en cuenta como una variable que es preponderante y que se ha ignorado.
Algunos de los retos que afrontará la nueva presidenta serán los siguientes:
La candidatura que gane la presidencia tendrá el reto de reducir los niveles de polarización y con ellos fortalecer la credibilidad dentro de las instituciones. Luego de un proceso lleno de controversias, la tarea fundamental será hacer un diagnóstico de la democracia guatemalteca e implementar un plan para fortalecerla.
Un punto en el que no ahondé, pero que marcó las propuestas de varias candidaturas fue el factor Bukele. La estrategia del presidente salvadoreño ha seducido a varios candidatos a la presidencia y han incursionado en el modelo de mano dura, pena de muerte o el estado de excepción para combatir la criminalidad. Cabe resaltar que este tipo de propuestas debilitan la democracia y el estado de derecho, lo cual podría generar tensiones con la oposición.
Con el balotaje del 20 de agosto, habrá que analizar las agenda de las candidaturas de UNE y Movimiento Semilla. El margen con el que gane alguna de las dos delimitará el camino de la nueva administración y la capacidad de gobernanza que tenga para impulsar un plan de gobierno, aunado a la relación con las otras instituciones del país. Es importante mencionar que en la primera vuelta participaron 22 fórmulas presidenciales y el voto se fragmentó, por lo que el bajo porcentaje obtenido tanto por Torres como por Arévalo ha de tenerse en cuenta.
El Tribunal Superior Electoral tendrá una nueva oportunidad para afinar los detalles del proceso, el funcionamiento y evitar nuevos percances en la elección. Podría considerarse vulgarmente, como un nuevo escenario para recobrar legitimidad y consolidar la imagen de que los votos y las elecciones se realizan con ciertos estándares que garantizan la pluralidad y dan certeza a la nación.
No obstante, es pertinente también analizar el actuar de la autoridad electoral, ya que estas elecciones no son las únicas que han presentado problemas en su funcionamiento o en el proceso organizativo. Pues en comicios como los de 2011 y 2019 se avalaron los registros de parientes de expresidentes, los representantes de ciertos partidos señalaron que se les había prohibido verificar que las urnas estaban vacías al inicio de la jornada, o el sistema informático para la difusión de resultados ha tenido varios problemas.
Los hechos anteriores deberían obligar a que el TSE haga mejores planeaciones y exploración sobre las herramientas que utilizará. No solo la restricción a ciertas candidaturas manchó el proceso, sino la forma en que se permitió a algunas personas registrarse cuando en procesos pasados se les fue negado.
Aunado a los fallos en la transmisión de los resultados, la ciudadanía y las candidaturas tienen una serie de argumentos para advertir la parcialidad a la autoridad electoral. Sin duda, hay muchos retos por delante para la democracia guatemalteca y estos deben ser abordados lo antes posible para que la gente tenga la certeza de que sus votos y su voz valen, es necesario afinar estos detalles para demostrar que la democracia es la vía para dirimir conflictos por la vía pacífica.
Firma invitada - Sebastián Godínez Rivera es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como analista en un Think Tank y es columnista en Latinoamérica 21.
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