Honduras: «la justicia soy yo»
Xiomara Castro pretende capturar el sistema de justicia. La tendencia que acerca a la actual mandataria de Honduras hacia la autocratización no es ajena a lo que se vive en otros países de la región.
Honduras es uno de los países que también atraviesa por tensiones entre el oficialismo y la oposición, principalmente porque en la Asamblea Nacional el partido Libertad y Refundación (Libre) no cuenta con la mayoría calificada para nombrar a otros cargos de la Administración Pública por sí solo. De acuerdo con la ley, los nombramientos de fiscales y magistrados deben hacerse por un total de 86 votos.
Recordemos que en 2023 se presentó un mismo problema debido a que las listas para integrar a la Corte Suprema eran cercanas al partido gobernante y la oposición pedía independencia, mientras el oficialismo acusó a su contraparte de querer nombrar jueces de derecha. Para sacar adelante los nombramientos, fue necesario de tres sesiones extraordinarias y acuerdos para designar a las magistraturas.
Ahora, el escenario se repite pero con la designación del fiscal general y su adjunto, que igual debe ser nombrado por 86 votos de los asambleístas, sin embargo, el oficialismo ha designado a encargados a través de su mayoría en comisiones lo cual generó tensiones con la oposición. Asimismo, seguidores de Xiomara Castro y Juan Manuel Zelaya llegaron a las afueras del Congreso con piedras y botellas para confrontarse con los opositores, mientras se elegía provisionalmente al fiscal.
Si bien la designación de figuras provisionales en las constituciones de América Latina pretende que las instituciones no queden descabezadas, varios gobernantes han utilizado estas figuras para imponer a perfiles cercanos. Incluso, si partimos de un análisis político, los ejecutivos tienen funciones para hacer frente a los vetos o a la parálisis legislativa. Lamentablemente, se ha utilizado como forma para evitar los consensos e imponer perfiles de forma unilateral.
En el programa de gobierno de Xiomara Castro, se considera importante la designación del fiscal para iniciar con la transformación del país. En el documento, Castro describe al sistema de justicia como uno cooptado por los privilegios, las élites y la corrupción, aunado a que hace una breve mención sobre el gobierno del expresidente y hoy primer caballero de Honduras, Juan Manuel Zelaya, argumentando que grupos de interés se opusieron a su administración y por eso lo derrocaron.
Judicializar la política
Las tensiones entre oficialismo y oposición se han traducido en que nadie está dispuesto a ceder, los partidarios de Castro quieren que sea Johel Zelaya, mientras que su contraparte cuenta con 65 votos y el apoyo de los tres independientes para optar por otro perfil. Asimismo, la presidenta ha dejado ver su interés para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) trabaje con el nuevo fiscal para llevar a juicio a quienes derrocaron a su esposo en 2009.
Voces críticas del país han dicho que en caso de que el fiscal designado sea cercano al oficialismo, se cooptaría a toda la estructura de justicia y serviría como instrumento para presionar a la oposición. De concretarse, estaríamos ante una tendencia hacia una autocracia de otros país más, como ya ha ocurrido en El Salvador o en Nicaragua, tomando en cuenta que la presidenta Castro ha optado por implementar el modelo se seguridad de Bukele, imponer estados de excepción para combatir a las pandillas.
Inclusive la presidenta ha recurrido a la técnica de que sus simpatizantes salgan a la calle para presionar a la Asamblea y la oposición para que se decanten por el perfil oficialista. En 2023 se realizaron dos movilizaciones, las cuales fueron motivadas por el discurso de que se buscaba hacer un golpe de estado contra Castro así como ocurrió con Zelaya. En sus discursos, se dedicó a catalogar a la oposición como «narcodictadura» y acusó que ha recibido el respaldo popular, pero la oposición se empeña en proteger a los potentados.
Como podemos ver los discursos polarizadores no son exclusivos de Honduras, sino de otras latitudes como México, Colombia, Argentina, Ecuador o Venezuela, por mencionar algunos. Lamentablemente, los políticos con un aura popular se consideran con el derecho de pisar o excluir a las minorías que no concuerdan con su visión. Aplicar la ley de la mayoría es antidemocrático porque desconoce otras visiones, a diferencia del principio de mayoría que impulsa la cohabitación y el diálogo político, pilar de la democracia.
Se debe reconocer, de igual manera, el derecho a la justicia y a la investigación de casos de interés público y que afectan a naciones como lo que ocurrió en 2009 con el golpe de Estado contra Zelaya. Lo que no puede ser permisible es que se amedrente a la oposición y se busque controlar las instituciones a través de un discurso justicialista. Estas figuras políticas saben que gozan de gran respaldo, sin embargo, esto no es un argumento para que erosionen la división de poderes.
El Leviatán hondureño
Cuando Thomas Hobbes escribió el Leviatán, plasmó la idea y conceptualización de que el Estado es el garante de la seguridad, la justicia y del contrato social por el cual las y los ciudadanos han cedido parte de su libertad. En el mismo texto se hace referencia al poder absoluto de los políticos como método para mantener la estabilidad, sin embargo, en la realidad la concentración de poder se le llama dictadura, autocracia o régimen autoritario en el cual se desvanecen los contrapesos democráticos.
Lo que ocurre en Honduras es parte de la fatiga democrática que vive la región y el mundo, pero también es resultado de que la democracia no ha cumplido con las expectativas de la gente y por eso optan por medidas que podrían ser catalogadas como autocráticas. El statu quo no cumplió del todo cuando tuvo el poder. Por ende, el ascenso de ciertos líderes populistas, que no tiene por qué tener una connotación negativa, es visto como un castigo para ellos, pero también como una forma para buscar soluciones rápidas a problemas antiquísimos.
En conclusión, el tema de la justicia hondureña no solo se ha politizado, sino también polarizado. Ambas partes se han cerrado al diálogo. El tema seguirá vigente y seguramente definirá el rumbo que tomará el país centroamericano, si logrará mantenerse dentro de las democracias imperfectas como Guatemala o Panamá o si camina hacia la autocratización como sus vecinos de Nicaragua y El Salvador.
Firma invitada - Sebastián Godínez Rivera es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como analista en un Think Tank y es columnista en Latinoamérica 21.
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