La cuestión del estatus territorial de Puerto Rico
El proceso para la aprobación de la Ley sobre el Estatus de Puerto Rico tendrá que empezar de cero con el nuevo Congreso de los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitiría a Puerto Rico celebrar un referéndum vinculante sobre si convertirse en estado u obtener algún tipo de independencia, aunque el proceso legislativo no terminó.
La Ley de Estatus de Puerto Rico
La Ley de Estatus de Puerto Rico fue aprobada con 233 de votos a favor y 191 en contra en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el pasado 15 de diciembre. Aparte de los 217 votos favorables de los demócratas, este proyecto de ley contó con cierto apoyo de los republicanos, votando 16 de ellos a favor. Después, tenía que pasar por el Senado, donde había pocas probabilidades que fuese aprobado. Sin embargo, como no se votó en dicha Cámara y la sesión se cerró el 23 de diciembre, el proceso tendrá que comenzar desde el principio con el nuevo Congreso.
Puerto Rico es un territorio perteneciente a Estados Unidos y es considerado como un Estado Libre Asociado. Bajo su estatus actual, los 3,2 millones puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar los que viven en la isla en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y sólo cuentan con un representante en el Congreso, la republicana Jenniffer González-Colón, una comisionada residente sin derecho a voto. Así, con la Ley de Estatus de Puerto Rico, la cual era respaldada también por la Administración Biden, se planteaba la celebración de un referéndum en el que se votaría entre tres opciones: un estado de pleno derecho, la independencia o la libre asociación. Proporcionaría la transición a un nuevo estatus al excluirse el actual como una de las opciones. En palabras del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista, lo más importante es que los puertorriqueños podrían decidir entre “tres opciones no territoriales y no coloniales”. Pierluisi ha defendido la opción de un estado de pleno derecho, que Puerto Rico se convierta “en el estado 51” de los Estados Unidos.
La isla hasta el momento ha realizado siete referéndums no vinculantes sobre su estatus político. En el año 2020 se realizó el último y con una participación de poco más de la mitad de los votantes registrados tuvo un 53% de votos a favor y un 47% en contra. De esta manera, tal proyecto de ley permitiría a Puerto Rico por primera vez llevar a cabo un referéndum vinculante.
El nuevo Congreso
Como se señaló en el anterior apartado, el proceso tendrá que reiniciarse con el nuevo Congreso tras no llegarse a votar en el Senado. De esta forma, el panorama va a ser distinto.
Entonces en la Cámara de Representantes los demócratas ya no tendrán la mayoría y de los 16 republicanos que respaldaron este proyecto de ley, sólo la mitad regresarán el próximo año. Asimismo, con su reinicio, antes de llegar al pleno de la Cámara, se deberá votar primeramente en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que supervisa los asuntos de los territorios de los Estados Unidos. Tal Comité no será presidido por el representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona y uno de los principales promotores del proyecto. Se prevé que el republicano Bruce Westerman, quien votó en contra de la Ley de Estatus de Puerto Rico, suceda a Grijalva en el cargo.
Los vientos en contra a los que se enfrentará el proyecto de ley no sólo estarán presentes en la Cámara Baja, sino que existen serias dificultades de que se logre aprobar en el Senado. Los demócratas necesitan a nueve republicanos para llegar a los 60 votos necesarios. De momento los legisladores republicanos se han mostrado escépticos al respecto. Esta situación de complejidad existente en el Senado también se dio, como se apuntó previamente, tras haberse aprobado en la Cámara y es que, aún sin haberse celebrado la votación, había pocas probabilidades de que se llegase a reunir los votos a favor necesarios.
La Ley de Estatus de Puerto Rico fue fruto del consenso entre los representantes del anterior Congreso, combinado un proyecto de ley a favor de la estadidad presentado por el representante Darren Soto, demócrata de Florida, y la representante Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara y republicana, y la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, ambas demócratas de Nueva York.
Con todo esto se vislumbra un panorama adverso para que la Ley de Estatus de Puerto Rico salga adelante en el marco del nuevo Congreso y los ciudadanos puertorriqueños puedan decidir al fin que futuro quieren para la isla. Aún sorprende que en el momento en el que nos encontramos hoy sigan existiendo territorios bajo un estatus de colonialidad. Al final la isla sufre una situación de discriminación, puesto que carece de los derechos y privilegios plenos de los que gozan los otros cincuenta estados.