La «mano dura»: la atracción del modelo implantado por Nayib Bukele
Desde que implantó la política de «mano dura», el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha logrado reducir la criminalidad y aumentar su popularidad. Este modelo ha atraído a otros líderes políticos.
El Latinobarómetro del 2023 situaba al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como el mandatario de América Latina con mayor aprobación de su gestión del gobierno. El respaldo que recibía Bukele por parte de la ciudadanía salvadoreña (89,7%) se encontraba lejos de los otros tres presidentes latinoamericanos que le seguían en la escala de los mejor evaluados, Rodrigo Chaves en Costa Rica (65%), Lula da Silva en Brasil (60,5%) y Luis Abinader en República Dominicana (60,3%).
Si hay que hablar de Bukele, entonces se ha de tratar su archiconocida política de «mano dura», que ha servido para situar el país entre los menos violentos. Con estos índices de aprobación y con la eficacia que ha mostrado tal política, los presidentes de otros países de la región se han fijado en el caso salvadoreño y algunos hasta están intentado reproducirlo.
En busca de una reelección inconstitucional
La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador se produjo en 2019 al ganar con una mayoría abrumadora en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El exalcalde de San Salvador accedía a la dirección del país centroamericano sin pertenecer a ninguno de los dos principales partidos que habían dominado la escena política tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Cuatro años después de esta victoria, Bukele busca su reelección en los comicios presidenciales del 4 de febrero de 2024. A pesar de que la Constitución salvadoreña no permitía que la figura del presidente pudiese optar a más de un mandato, su partido, Nuevas Ideas, se amparó en la lectura de las leyes que hicieron los magistrados de la Corte de los Constitucional, quienes responden a los intereses del presidente, para justificar la reelección. Además, basándose en el artículo 152 de la Constitución cuya redacción abría la posibilidad a los mandatos alternos y gracias al amparo de un Congreso con mayoría oficialista, el ahora candidato presidencial dejaba temporalmente la presidencia con la intención de centrarse en la campaña electoral y por ende Claudia Rodríguez de Guevara, su secretaria privada, asumía de manera interina el cargo hasta el 31 de mayo de 2024.
El primer mandato de Bukele, además de haber convertido el bitcoin en una moneda de curso legal o por su asombroso manejo de las redes sociales, se ha caracterizado por aplicar una política de «mano dura» que ha reducido enormemente las tasas de criminalidad, aunque la contracara de esto ha sido una fuerte tendencia hacia la autocratización. De este modo, desde marzo de 2022 el país se halla en un régimen de excepción, el cual tenía una duración de 30 días pero se lleva prologando desde hace más de veinte meses.
La «mano dura» no es una novedad en El Salvador, puesto que en el pasado ya se empleó. Con el propósito de combatir a las pandillas MS13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 18, los gobiernos han buscado institucionalizar esta política. Con estos ciclos, lo que ha acabado por ocurrir en el largo plazo es el afianzamiento de las pandillas al dar el control de lo que ocurre en el interior de las cárceles. Eso sí, por su celeridad y alcance el impulsado por Bukele no tiene precedentes, además es extraordinario por la utilización de mecanismos legales de emergencia.
Las detenciones han sido masivas, habiéndose detenido entre 72.000 y 77.000 personas, de acuerdo con InSight Crime. Sin embargo, como se ha denunciado desde diferentes organizaciones relacionadas con los derechos humanos, las detenciones se han caracterizado por llevarse a cabo indiscriminadamente, y aunque muchas de las personas están vinculadas a las pandillas, también una parte de ellas no responden a este mundo. Asimismo, Bukele, si bien lo ha negado, ha estado negociando con los jefes de las principales maras, llevando a cabo una estrategia solapada.
La cara b de todo esto entraña la cesión de un mayor control a la policía y militares que se convierten en “jueces de la calle”, se deja un Estado de derecho exiguo y los derechos de la ciudadanía se vulneran de forma progresiva. Ahora, con un contexto tan a su favor, añadiendo igualmente una gran popularidad de su figura, la reelección del autoproclamado “dictador más guay del mundo” en las elecciones del mes de febrero se da por descontada.
Su traducción en otros países
El modelo impuesto por Nayib Bukele en El Salvador se ha visto con buenos ojos por ciertos políticos de otras partes de América Latina. La inseguridad al final es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía a lo largo y ancho de la región, y la política de «mano dura» ofrece unos beneficios en el corto plazo que (para algunos) no se pueden pasar por alto. Así, este artículo tiene en cuenta dos casos en los que se han implementado políticas que beben del modelo bukelista.
El primero de ellos es el de Honduras. Casi un año después de asumir como presidenta, Xiomara Castro, cuyo mandato se miraba con esperanza, decidía en diciembre de 2022 implementar un estado de excepción en la mitad del país, que comprendía aquellos territorios donde había una mayor violencia. Con la vuelta de la seguridad a manos del Ejército, la tasa de asesinatos se ha reducido considerablemente, pero aún Honduras se mantiene entre los países de Latinoamérica con un índice más alto.
La que fuera primera dama durante la presidencia de Manuel Zelaya al declarar el estado de excepción se basó en el «modelo Bukele». El pasado mes dicha política cumplió su primer aniversario y en este caso la situación se está deteriorando porque las bandas continúan en su espiral de violencia, y mientras el Ejército por lo general aplica la ley de manera arbitraria vulnerando todo tipo de derechos.
El otro caso a tratar es el de Ecuador, el cual está teniendo un gran foco mediático. Si bien la inseguridad en el último tiempo lleva asolando fuertemente a Ecuador, la reciente declaración del estado de excepción en todo el territorio nacional por parte del presidente Daniel Noboa ha suscitado un debate sobre el rumbo que ha tomado el país. Atrás quedan los años del «buen vivir», por consiguiente el joven mandatario ecuatoriano opta por la salida bukelista para plantar cara al narcoterrorismo.
Noboa asumió como presidente de Ecuador hace escasos meses, el 23 de noviembre de 2023, y tiene por delante un corto mandato presidencial, hasta 2025, debido a que las elecciones que ganó fueron anticipadas. Ante un panorama así, como recuerda Luis Córdova-Alarcón en un buen artículo publicado en Nueva Sociedad, su intención es conseguir la reelección cueste lo que cueste, por lo que apuesta por el «modelo Bukele» para obtener esos beneficios tan valorados en el corto plazo, la reducción de la criminalidad y la popularidad. No obstante, las especificidades de cada país hacen difícil que se pueda hablar de la «mano dura» como un proceso teleológico.
Un proceso de fortalecimiento
La «mano dura» no parece ser una política propicia para dar respuesta a los problemas de inseguridad. Benjamin Lessing, un politólogo especialista en seguridad, apuntaba en una entrevista en Tercera Dosis que por regla general refuerza a los grupos criminales y aquellos líderes políticos que la aplican no pagan el costo como sí ocurriría con otros tipos de aproximaciones. Ni el encarcelamiento masivo ni darle atribuciones a la policía para emplear su poder de fuego conllevan el cese de dichos grupos criminales.
Los diagnósticos sobre la seguridad de Lessing pero también los de otros académicos como Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann inciden en las limitaciones que tienen los propios Estados latinoamericanos para desarrollarse de otra forma y evitar el mantenimiento de cuestiones como la gobernanza criminal o las economías ilícitas.