Mantener la Constitución de Pinochet
En un Chile que va dejando atrás ese tiempo en el que se vislumbraba una alternativa, próximamente se someterá a votación la propuesta constitucional de aquellos nostálgicos del pasado autoritario.
Chile deberá decidir el próximo 17 de diciembre si aprueba o rechaza el proyecto formulado en el proceso constituyente que comenzó el pasado marzo, pero con otro clima social y político. Los agitados años del 2019 al 2022 han terminado en desgaste. Ya no se piensa tanto que una nueva Constitución contribuya a resolver los problemas, sino más bien que deje igual las cosas. El sentimiento ciudadano no es el de hace cuatro años.
La ultraderecha y la derecha tradicional orientan el camino del actual proceso. Dado los términos en los que se ha redactado el borrador que se someterá próximamente a votación, el espacio de la izquierda se ha desmarcado de lo propuesto y llama a votar En contra. Si bien las fuerzas de este espectro han sido las más dispuestas en escribir una nueva Carta Magna en el período democrático, siguiendo la estela de otros países de su entorno, no coinciden con el contenido de dicho borrador.
No cuajó
El sociólogo Tomás Moulian en su célebre libro Chile actual: Anatomía de un mito (1997) apuntaba que la Constitución de 1980 fue uno de los elementos que permitió que algunos entramados construidos durante la dictadura se mantuviesen después en la vuelta a la democracia. Fue un mecanismo legitimador del accionar político desarrollado en esos oscuros tiempos. A pesar de mantenerse con la transición a la democracia, la Constitución escrita bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet sufrió varias reformas, primero la de 1989 y durante la presidencia de Ricardo Lagos, en el 2005, se acordó una más profunda.
Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles del 2011 supusieron una impugnación al orden establecido, reclamando, entre otras cosas, la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 por su diseño y su aprobación en la época de la dictadura. En las elecciones de 2013 la candidatura de la socialista Michelle Bachelet recogió ese descontento y se comprometió a redactar una nueva Carta Magna en caso de victoria. Así pues, tras resultar electa, puso en marcha un proceso constituyente. Entrañaba un paso significativo debido a las resistencias existentes de una parte de su propia coalición y la derecha.
La propuesta de reforma, que surgió de un proceso participativo y que implicaba cambios significativos, fue enviada al Congreso por la presidenta Bachelet en los últimos días de su segundo mandato, aunque el texto no fue tramitado.
Con su llegada por segunda vez al Palacio de La Moneda, Sebastián Piñera obvió lo emprendido por su predecesora. Lo que no podría obviar es que el resultado del estallido social de 2019 fue el inicio de un proceso constituyente. La ciudadanía chilena había hablado en las calles, “no son 30 pesos, son 30 años”. Querían cambios.
No hace falta ahondar mucho en cómo acabó este proceso constituyente. La redacción del borrador fue responsabilidad de una Convención Constitucional elegida por sufragio universal en la que la mayoría de sus miembros eran independientes e integrantes de izquierdas. No obstante, en el plebiscito de salida de septiembre de 2022, el 62% de los chilenos rechazó esta propuesta que había emanado de la ciudadanía. El claro sesgo progresista no llegaba a interpelar a esos sectores más partidarios de mantener el statu quo.
Sin tener que estar de acuerdo con todo su análisis, el politólogo David Altman al examinar el fracaso del Apruebo incidía en las disparidades que existieron en la tasa de participación entre las elecciones para la Convención (43% – época de pandemia y el voto voluntario) y el plebiscito de salida (85% – el coronavirus controlado y el sufragio obligatorio). Es un aspecto que no se suele mencionar, pero que contribuye a disponer de una mirada más amplia al respecto.
Camino de un nuevo rechazo
Tres meses después de vencer el Rechazo, en diciembre de 2022, los partidos políticos chilenos con representación parlamentaria, excepto el Partido Republicano y el Partido de la Gente, acordaban iniciar un nuevo proceso constituyente. El llamado “Acuerdo por Chile” marcó distancias con el anterior intento.
Entonces el proceso comenzaba con la elaboración del anteproyecto por una Comisión Experta formada por miembros seleccionados por la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado. Posteriormente, se entregaría al Consejo Constitucional, el otro órgano redactor y que era elegido por votación universal y obligatoria. Por otro lado, habría un Comité Técnico de Admisibilidad integrado por 14 personas escogidas por el Congreso también y cuyo cometido sería la revisión de las normas aprobadas en la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. La conclusión del proceso sería con la entrega del proyecto de Constitución y su ulterior refrendo o no en un plebiscito de salida, con igualmente voto obligatorio.
Las reglas de dicho proceso, las cuales favorecían a los partidos políticos, fueron principalmente establecidas por la derecha tradicional y los sectores moderados, es decir, por las fuerzas que ganaron en el anterior plebiscito de salida.
Ese tinte de derechas del nuevo proceso se agudizó tras las elecciones de los consejeros constitucionales celebradas en el mes de mayo. Con los 23 consejeros conseguidos por el Partido Republicano de José Antonio Kast y los 11 de Chile Seguro (Chile Vamos), las fuerzas de la derecha no tenían que depender de los votos de la izquierda para redactar el nuevo borrador. La alianza del presidente Gabriel Boric, Unidad para Chile, que integraba a los partidos Apruebo Dignidad más el Partido Socialista y el Partido Liberal, se hizo con 17 escaños, por lo que era insuficiente para disponer de derecho a veto.
Aquellos que se mostraban en contra de un cambio de Constitución, que no firmaron el “Acuerdo por Chile”, eran ahora la principal fuerza del Consejo. Desde luego, aprovecharon esta posición, buscando profundizar la Constitución de 1980. Con los votos de Chile Seguro, quien también había sido crítico con el anterior proceso, se elaboró un proyecto con un marcado sesgo conservador. Supuso la legitimación y la profundización del contenido de la Constitución ideada por Jaime Guzmán.
El Partido Republicano en la actualidad encara este proceso con miras a proyectarse para las elecciones de 2025. Tras la derrota de Kast ante Boric en la segunda vuelta de las presidenciales de 2021, las condiciones actuales les favorecen a los republicanos para contar con un papel destacado en la escena política chilena. Ya no solo buscan aprobar la propuesta, sino también réditos electorales que les impulsen. Habrá que esperar si tal oportunidad a futuro supone un inconveniente porque las encuestas apuntan que en el plebiscito vencería la opción En contra.
En la derecha tradicional prima de igual modo el cálculo estratégico. En este caso existe una mayor prudencia sobre los beneficios del proceso constituyente que culminará el 17 de diciembre. Chile Vamos cuenta en sus filas, de acuerdo con el Centro de Estudios Públicos (CEP), con la política mejor valorada por los chilenos, Evelyn Matthei (UDI). La alcaldesa de la comuna de Providencia manifestó que no quería arriesgar su capital político debido a los niveles de apoyo del A favor. Aun así, hizo público su voto por el A favor y desdramatizó en el caso de que tal opción perdiese en las urnas.
Como se intuye, las dos principales fuerzas de la derecha se hallan en una pugna por el principal nombre que puede sobresalir en tal espacio. En tanto sitúan a la izquierda oficialista sin capacidad de ser lo suficientemente competente de cara a 2025, se vuelve una competencia intrabloque, Kast (Partido Republicano) contra Matthei (Chile Vamos). El sondeo de noviembre de Criteria indicaba que en la intención de voto para las próximas presidenciales el líder ultraderechista se había puesto por delante de la exministra del Trabajo, quien encabezaba en los meses de septiembre y octubre.
Por su parte, la izquierda se siente muy alejada de lo propuesto por el Consejo Constitucional. Han optado de este modo por llamar al voto En contra porque es un “empeoramiento” del orden establecido. No obstante, los partidos de la izquierda encaran el plebiscito en un momento de repliegue, algo que se puede extrapolar más allá del escenario chileno. De todos modos, la pregunta que hay que hacerse debería ser: ¿logrará sacar provecho de una eventual derrota del A favor?
Lo que parece claro es que Boric no buscará más procesos durante su presidencia. Esto nos habla del desgaste que han significado los intentos de terminar con la Constitución de Pinochet. Su mandato presidencial es un ejemplo evidente del mencionado repliegue. Un presidente que en ese diálogo con el presente se ve encorsetado, impotente. Renuncia a la irreverencia de esa nueva izquierda que se abría paso en los años previos al estallido y con un espíritu consensualista busca apoyarse en parte de la ex Concertación, en concreto en el Partido Socialista, para focalizar en la administración del corto plazo más que en la transformación. Es una presidencia que ilustra los términos en los que se formula la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina. ¿Llegó al poder por ideología o por hartazgo?
La acumulación de dos derrotas hirientes tanto para el gobierno vigente como para esa nueva izquierda que despegó con las movilizaciones del 2011 está provocando un replanteo en la forma de incidir políticamente. Desde hace unos meses, los tres partidos que conforman el Frente Amplio (Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes) discuten a nivel interno una posible unificación. Una discusión que también ha de ser de contenido. El fijar un corpus ideológico sólido que permita una diferenciación con dos fuerzas con un mayor bagaje institucional como son el Socialismo Democrático, la alianza de partidos que encabezan los socialistas, y el Partido Comunista.
Considerando el panorama, la unificación se plantea como una necesidad, aunque lo que no queda claro es su futuro político, si el Frente Amplio puede ser capaz de ilusionar o más bien suponer la culminación de una suma de debilidades. Hoy retumban las palabras de los politólogos Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt en un artículo del año 2016 publicado en CIPER: “Estos obstáculos no necesariamente limitan la capacidad del Frente Amplio para lograr éxitos electorales. No obstante, sin vínculos orgánicos estables y sin una estructura interna en que lo colectivo pese más que liderazgos individuales, es muy difícil lograr persistir en el tiempo y eventualmente gobernar con éxito”.
Recapitulemos
El proceso constituyente 2019-2022 respondía a ese momento de hartazgo que había representado el estallido social. La ciudadanía tenía las llaves, pero por un período de tiempo limitado. Y claro que en dicho lapso se percibieron errores, inconsistencias y contradicciones. Ahora, el borrador presentado suponía un avance en derechos y en definitiva un ensanchamiento de la democracia, pero para ser aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre se requería de acuerdos con otras sensibilidades políticas. El experimento que involucraba a la ciudadanía no cuajó y para el próximo proceso había que buscar aparentemente otro tipo de elaboración con otros actores.
Los partidos políticos esta vez se erigieron como los grandes protagonistas. Para ello, se escudaron en el saber experto con el fin de buscar una mayor legitimidad entre la población, puesto que los partidos al igual que el Congreso contaban (y cuentan) con una gran desaprobación. Del impulso destituyente de los agitados años 2019-2022 a la búsqueda de los legisladores por activar la pulsión tecnocrática. Ahora bien, como capta una encuesta publicada a finales de mayo (post-elecciones de los consejeros) por la empresa demoscópica Cadem, la desconfianza hacia el rol de los expertos era mayor (52%) que la confianza (45%).
El resultado de tal proceso es un borrador que responde a las afinidades de los grupos con mayoría en el Consejo, la ultraderecha y la derecha. Así, las encuestas pronostican un nuevo rechazo de los chilenos. Unos votarán En contra por el contenido del borrador mismo, aunque otro aspecto que puede incidir en el votante es el rol central de los partidos políticos y el gran rechazo que generan. Es la institución con menor credibilidad, según la encuesta del CEP del mes de julio.
Parece que la ciudadanía no puede tener derecho al fallo. La democracia es el “gobierno del pueblo” hasta unos ciertos límites. Sin embargo, los partidos también cometen errores. Las elecciones pueden ser un gran correctivo, pero a veces ese descontento social no acaba canalizándose plenamente por las reglas electorales, por el diseño institucional y al final surgen los estallidos, una acumulación del descontento. Politizada o despolitizada, movilizada o desmovilizada, la sociedad chilena no sintoniza con el modo de hacer política. ¿Qué será lo siguiente en este interregno que se vive en Chile?