Puerto Rico: sin voz ni voto
Un estatus político sin resolver, una ausencia del derecho a voto en las elecciones estadounidenses y una agitada coyuntura económica y social marcan el devenir de Puerto Rico.
Muchos estadounidenses a estas alturas tendrán claro su voto entre Kamala Harris o Donald Trump para las elecciones presidenciales, mientras que otros todavía dudan. También habrá algunos que ya han decidido que no acudirán a las urnas el próximo 5 de noviembre, al igual que existirán aquellas porciones minoritarias de ciudadanos cuya opción política no sea ni demócrata ni republicana al preferir a un candidato de un tercer partido o independiente. Por el contrario, los puertorriqueños no residentes en Estados Unidos no pueden plantearse tales opciones, puesto que no tienen derecho a voto. Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de Estados Unidos, bajo el estatus de «Estado Libre Asociado».
Esta isla de unos 3,2 millones de habitantes no puede votar en las elecciones presidenciales. Tampoco otros territorios no incorporados como Guam, Samoa Americana o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos disponen de dicho derecho. Así pues, su participación en los comicios federales queda reducida a la nominación en las primarias de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata y del Partido Republicano y a la elección de un delegado sin derecho a voto para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Un estatus colonial
Puerto Rico dejó de pertenecer a España en 1898 con la firma del Tratado de París y en 1900 con la aprobación de la Ley Foraker fue declarada como parte del territorio de Estados Unidos. Unos años después, con la Ley Jones, se le concedió la ciudadanía estadounidense a los residentes de Puerto Rico, pero contaban con ciertas restricciones al no permitírseles ejercer el voto en las elecciones de Estados Unidos.
La formación del Estado Libre Asociado (ELA) se produjo en 1952, siendo ratificado por los puertorriqueños en 1967 a través de un referéndum. A partir de aquí, Puerto Rico pudo elegir a sus propios gobernadores, aunque carecía de todos los derechos otorgados a los ciudadanos norteamericanos y Estados Unidos se reservaba la soberanía sobre el territorio, la gestión de los asuntos externos e importantes parcelas en materia económica, legislativa y judicial. La isla desde entonces se mantiene en un limbo, ni es independiente ni se encuentra anexionada de forma plena a Estados Unidos.
En términos del sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel, las reformas que llevó a cabo el gobierno estadounidense implicaron que Puerto Rico transitase de una «colonia clásica» a una «colonia moderna». Con este estatus, se reconocía la «puertorriqueñidad» como símbolo de identidad nacional al igual que el uso del castellano en las escuelas y las instituciones del Estado, mientras que la isla permanecía bajo un estatus colonial. Las concesiones de Estados Unidos, al optar por formas de dominación más difusas sobre la isla, afectaron a la capacidad del proyecto independentista puertorriqueño para articularse como una opción mayoritaria entre la población.
El tema del estatus volvió a cobrar notoriedad en la década de los noventa, una vez la isla dejó de ser un importante enclave estratégico para los norteamericanos. Si bien en el plebiscito celebrado en 1993 hubo un respaldo por mantener el mismo estatus, en el siguiente plebiscito, el de 1998, de las cinco opciones que se plantearon (estadidad, independencia, Asociación Libre, Estado Libre Asociado modificado, y ninguna de las anteriores), el 50% de los electores votó por “ninguna de las anteriores”. A su vez, se observó la solidez del voto pro-estadidad (anexión a Estados Unidos como el estado 51): en 1993 obtuvo el 46,3% de los sufragios con una participación del 74% y cinco años después logró unos resultados muy similares (46,5%) con una participación del 71%.
Habría que esperar hasta 2012 para la realización de un nuevo plebiscito. Esta vez la estadidad consiguió la victoria, pese a que se consideró que no era un resultado concluyente y no contaba con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Los dos últimos plebiscitos, el de 2017 y el de 2020, han seguido la misma tendencia pro-estadidad. Sin embargo, en el de 2017 solo participó el 22,9% y en el de 2020, que se preguntaba directamente sobre la estadidad, el 52,5% se mostró a favor de que se buscase una anexión a Estados Unidos como estado de pleno derecho.
Puerto Rico encara este 2024 con un nuevo plebiscito no vinculante programado para el 5 de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales de la isla (y con las de Estados Unidos), en el que la ciudadanía tendrá tres opciones para elegir: estadidad, independencia, e independencia con libre asociación. La convocatoria de dicho plebiscito por parte del gobernador Pedro Pierluisi responde al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022, dirigido a la celebración de un referéndum vinculante en la isla y el cual analicé en un artículo pasado.
La Ley de Estatus de Puerto Rico, cuyo principal promotor fue el representante demócrata Raúl Grijalva, al final no prosperó, y con la actual composición del Congreso de Estados Unidos es aún más difícil que salga adelante un proyecto de ley de estas características. De acuerdo con Grosfoguel, desde los noventa el Congreso estadounidense se ha resistido a la posibilidad de la celebración de un plebiscito con reconocimiento federal en Puerto Rico dado su temor a que una mayoría de puertorriqueños opte por la anexión a Estados Unidos como el estado 51. Este académico apuntaba que el temor respondía a razones económicas y culturales. En otras palabras, la isla es dos veces más pobre que Misisipi, el estado más pobre de Estados Unidos, y reforzaría la diversidad cultural, incrementando la presencia de la población latina.
Respecto a lo último planteado en el anterior párrafo, es preciso no perder de vista la «diáspora puertorriqueña», cuyo principal destino es Estados Unidos. Si a principios del siglo XXI la población que residía en la isla era moderadamente superior a la población puertorriqueña de los 50 estados, hoy las cifras se han invertido con el masivo éxodo producido en las dos últimas décadas. Del año 2000 al 2021, conforme al análisis del Pew Research Center, la población estadounidense de origen puertorriqueño aumentó un 71% al pasar de 3,4 millones a 5,8 millones. Los puertorriqueños representan la segunda población de origen hispano más grande que vive en Estados Unidos. Como titulaba el académico Juan Duchesne-Winter un artículo que escribió en la revista Nueva Sociedad, “Puerto Rico desaparece cada vez mejor”.
Unas elecciones generales y una agitada coyuntura
Entonces el próximo 5 de noviembre se elegirán en Puerto Rico los siguientes cargos: el gobernador de la isla, el comisionado residente (miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos), el Senado, la Cámara de Representantes, y los alcaldes de los municipios, aparte del mencionado plebiscito.
La política puertorriqueña tradicionalmente ha estado marcada por un dominio de dos partidos que se diferencian por su postura acerca del estatus político de la isla: el Partido Nuevo Progresista (PNP − pro-estadidad), y el Partido Popular Democrático (PPD − pro-ELA). El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP − pro-independencia) también fue un actor político destacado en el pasado, pero el establecimiento del ELA y las presiones ejercidas por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses fueron reduciendo su base electoral.
Desde 2017, la gobernación lleva siendo controlada por el PNP. El actual gobernador, Pedro Pierluisi (PNP), terminará su mandato en enero de 2025, puesto que no podrá presentarse a la reelección tras no ser nominado por su partido. En las elecciones primarias del PNP, celebradas el pasado 2 de junio, Pierluisi cayó derrotado frente a la actual comisionada residente, Jenniffer González. El PNP ha pasado de estar representado por un líder demócrata a una política afiliada al Partido Republicano. Por su parte, el PPD realizó sus primarias en las que eligió al abogado Jesús Manuel Ortiz, quien se desempeña desde 2023 como el presidente de esta formación política. Asimismo, resulta importante señalar que las primarias del PNP y las del PPD convocaron a una minoría de electores, 24% y 8% de participación respectivamente.
Según una encuesta de la compañía Gaither International, González (PNP) encabezaría los comicios a la gobernación. En segundo lugar se situaría Juan Dalmau Ramírez, el candidato de la progresista Alianza de País. La candidatura de Ortiz (PPD), en contraste, tendría pocas posibilidades de ganar al situarse en tercera posición.
La Alianza de País representa una novedad de cara a estos comicios de noviembre, debido a que fue fruto de la coalición electoral que armó el Partido Independentista Puertorriqueño con otro sectores progresistas como es el caso del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), una fuerza relativamente nueva, con el fin de presentar una candidatura competitiva y lograr capitalizar el descontento ciudadano. El sistema bipartidista dominado por el PNP y el PPD muestra signos de agotamiento. La ciudadanía va moviéndose en otras coordenadas ante el devenir de los acontecimientos.
Puerto Rico vivió hace cinco años un momento destituyente de gran envergadura. Los polémicos mensajes que se revelaron del gobernador Ricardo Rosselló (PNP) y su gabinete llevaron a multitud de personas a salir a las calles para pedir su renuncia. De esta forma, la presión ciudadana, que recibió el respaldo de artistas musicales puertorriqueños de reconocimiento internacional, acabó provocando la renuncia de Rosselló el 24 de julio de 2019.
Las calles de San Juan y de otras municipios de Puerto Rico se llenaron durante el verano de 2019 de miles de manifestantes que mostraron su hartazgo por el rumbo de la isla. El escándalo de los chats del gobierno de Rosselló fue la chispa que prendió este levantamiento, pero, como en otros estallidos sociales que ocurrieron por la misma época, había un mayor trasfondo. Por un lado, el huracán María del 2017 tuvo efectos devastadores en la isla al dejar en torno a 4.000 muertos y la destrucción de infraestructuras, destacando sobre todo el colapso total de la red eléctrica. Por otro, Puerto Rico se encuentra intervenida por la Junta de Supervisión Fiscal, un órgano de control federal resultado de la ley PROMESA aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, a causa de la grave crisis económica que vive desde hace una década. La Junta ha ido tomando en estos años varias medidas de corte impopular basadas en fuerte recortes de los servicios públicos.
En consecuencia, a pesar de que el PNP pueda volver a ganar en las próximas elecciones a la gubernatura, no se ha de subestimar lo sucedido en 2019, que mostró una sociedad hastiada que se veía doblemente abandonada, por la clase política local y por Estados Unidos. Como alertaba el politólogo Sidney Tarrow en su libro El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (1997), los ciclos de protestas no terminan de modo repentino y hay que prestar atención a sus efectos indirectos y a largo plazo.
El estatus de la isla, entre tanto, sigue sin estar resuelto y el Congreso de Estados Unidos, quien ha tenido una gestión errática, no permite que la decisión de este asunto sea tomada por los puertorriqueños a través de una asamblea constituyente. Ni su voz es escuchada en la metrópoli ni cuentan con el derecho a voto en las elecciones federales estadounidenses.
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