Tiempos de investidura
Fracasada la investidura de Alberto Núñez Feijóo, se abre un escenario en el que el bloque progresista tiene la oportunidad de armar una mayoría de acuerdo con la actual correlación de fuerzas.
España se rige por un sistema parlamentario. Esto implica que eventualmente la mayoría parlamentaria no le corresponda al partido más votado en las elecciones. De esta forma, con la aritmética resultante del 23J, los pactos predefinidos tanto en el bloque de la derecha como en el de la izquierda debían de ensancharse con fuerzas políticas cuyo protagonismo a nivel nacional aparentaba ser en un primer momento residual. La derecha, en base a la retórica que había empleado, renunció a todo tipo de negociación y habrá que esperar si el bloque progresista logra articular una mayoría bajo la idea de lo plurinacional.
Cuestión de expectativas
El Partido Popular teñía de azul el mapa de España al lograr victorias significativas en las elecciones autonómicas y municipales el pasado 28 de mayo. Obviamente, con el apoyo de Vox para poder tener así acceso a los diferentes gobiernos. Castilla y León dejaba de ser la excepción.
En tanto, la izquierda en general era la gran derrotada la noche del 28M. Por un lado, los socialistas perdían las presidencias autonómicas que mantuvieron o lograron cuatro años antes. Por otro lado, la izquierda alternativa al PSOE dejaba de ser relevante para la gobernabilidad: Podemos y sus aliados consiguieron sólo un millón de votos, además de la desaparición total de las denominadas ‘alcaldías del cambio’ que surgieron en el 2015.
Con este panorama, en el que se vislumbraba el fin del ciclo progresista en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un día después de los comicios mencionados, convocó casi por sorpresa la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el día 23 de julio. En el mes de diciembre finalizaba la legislatura y por tanto la convocatoria para renovar las Cortes Generales, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, debía de tener lugar a finales de 2023. Sin embargo, hasta ese momento no se esperaba que fuesen en julio.
Lo que se infería de la estrategia de Sánchez al anticiparlas es que iba a pillar en esa cuenta atrás para el 23J al PP de Alberto Núñez Feijóo negociando la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y locales. Tal cuestión había generado desde un principio una incomodidad en el líder del PP. Aparte de buscar comprometer la posición de los populares, era el momento de que se mejorasen los canales de comunicación con la población respecto a las diferentes medidas que se tomaron por parte de este ejecutivo progresista.
Llegado el 23 de julio, el fin del ciclo progresista y el triunfo de las derechas se acercaba, atendiendo a lo pronosticado por las encuestas, pero a medida que avanzaba el escrutinio de votos se mostraba unas tendencias diferentes. Si bien el PP había sido la primera fuerza, no sumaba porque los 33 escaños obtenidos por Vox no le daban una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. España no seguía el camino que se había dado en diferentes países europeos, como Italia, Suecia o Finlandia, en sus últimas citas electorales. Mientras, los socialistas junto con Sumar tampoco tenían los escaños suficientes, pero se abría una ventana de oportunidad al poder llegar a entenderse con las fuerzas nacionalistas. Si en la anterior legislatura los partidos catalanes, vascos y gallegos fueron cruciales para la gobernabilidad, esta vez se antojaba que lo iban a ser más.
La campaña, como ya se dijo, estuvo en parte dominada por lo que decían las encuestas y al final los resultados mostraron algo distinto a lo pronosticado. En tanto hubo una sobreoferta de sondeos electorales, se ha de señalar que no cumplieron en gran medida con su objetivo de mostrar el panorama sociológico español y sirvieron más bien para intentar moldear el voto. La cocina electoral que se hizo dejó mucho que desear.
Por tanto, es cuestionable concluir diciendo que el vencedor del 23J fue aquel partido que consiguió un mayor número de diputados. En un país como España en el que rige un sistema parlamentario no tiene por qué ser el que más votos obtenga y especialmente en un escenario en el que la disputa por el poder no recae en sólo dos partidos, por lo que lo más preferible es hablar de bloques y el potencial con el que cuentan. Además, la victoria también tiene que ver con las expectativas que había puestas en cada bloque y luego lo que al final ocurrió.
Equilibrios imposibles
El recuento del voto de los españoles residentes en el exterior provocó que hubiese un ligero cambio en el tablero político con respecto a los resultados que se revelaron la noche electoral del 23J. La principal novedad es que el PP le arrebató un escaño al PSOE, quedándose el primero con 137 bancas y el segundo con 121. De esta manera, para que ahora se pudiese reeditar una mayoría progresista se necesitaría en la sesión de investidura el ‘sí’ y no la abstención de Junts per Catalunya, la formación independentista liderada por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
El primer paso para saber qué futuro le esperaba a España se definió a mediados de agosto con la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados. Luego de unas negociaciones arduas entre los diferentes partidos, la composición de esta mesa salió favorable para el bloque del PSOE y Sumar, siendo presidida por la socialista Francina Armengol. Para que esto fuese posible los intermediarios de Pedro Sánchez debieron asegurar que se iban a cumplir unas cuantas demandas que provenían de las formaciones catalanas, Junts y Esquerra Republicana.
La elección de la nueva presidenta del Congreso tenía una fuerte carga simbólica al representar a esa facción del PSOE con mayores simpatías por el reconocimiento del Estado español como plurinacional, lo cual se confirmaría con el anuncio del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento, una de las principales demandas de los nacionalistas. En caso de que hubiese sido elegida la candidata propuesta por el PP, Cuca Gamarra, España quedaba avocada a una repetición electoral. Sin embargo, no ocurrió y además se vio un bloque de la derecha desunido después de que Vox fuese por su lado y presentase a su propio candidato.
Para fijar en el calendario el debate de investidura los líderes de los partidos con representación parlamentaria tuvieron que reunirse antes con el Rey Felipe VI. El monarca cuenta, entre las facultades que le otorga la Constitución, con la capacidad para proponer el candidato a presidente del Gobierno. Tal encomienda ha sido verdaderamente relevante a partir de 2016 y no ha sido menos este 2023. Empleando la justificación de la “costumbre” de proponer al candidato más votado, el jefe de Estado encargó a Feijóo una investidura destinada al fracaso al no disponer de los votos suficientes. Así pues, Armengol fijó para el 26 y 27 de septiembre el debate de investidura.
El líder de los populares solo tenía asegurado 172 votos, sumando los 33 de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria. Para ser investido en la primera votación se precisa de una mayoría absoluta de la Cámara Baja, 176 diputados. En la segunda votación la mayoría debe ser simple, más síes que noes. Los cálculos no daban en ninguno de los dos casos. Desde el PSOE no pusieron demasiadas resistencias a que Feijóo se presentase a la investidura y es que un tercer batacazo de los populares, tras el 23J y la elección de Armengol, impulsaría un poco a más a los primeros.
Previo al debate de investidura, el Partido Popular convocó el domingo 24 de septiembre una manifestación contra ley de amnistía, uno de los reclamos de las formaciones independentistas catalanas para una hipotética investidura de Pedro Sánchez. En tanto que los números no daban la mayoría a Feijóo, debían de mostrar su capacidad de movilización ciudadana. No habían colmado las expectativas en la última cita electoral, así que tocaba redimirse con un gran mitin. Por ello, se fijó como eje de la protesta la ley de amnistía, que se ha convertido en un elemento que entronca con las distintas posiciones que existen entre los españoles en torno a la idea de España.
Lo ocurrido el último domingo de septiembre del mismo modo confirmó el desgaste progresivo de la figura de Feijóo. En el plano nacional se mostró claramente como el líder de la oposición, sin haberse definido aún los roles en esta nueva legislatura, y a nivel interno acabó estando sometido a los dictámenes formulados por la facción neocon, de la cual forma parte Isabel Díaz Ayuso. Desde hace un tiempo el nombre de la dirigente madrileña suena para tomar las riendas del partido. Con todo, esta no parece tener prisa.
Ya en el contexto del debate de investidura, el candidato a presidente del Gobierno se apoyó en un discurso que más que acercarlo lo alejó del Palacio de la Moncloa. Así pues, en la primera votación Núñez Feijóo obtuvo los 172 votos que había asegurado hace unas semanas. No hubo ninguna novedad al respecto. La segunda votación, celebrada 48 horas después, fue igualmente fallida. Entonces, aunque con el debate hubiese podido en cierta medida afianzar su liderazgo en la oposición, no es nada prometedor su futuro político, considerando que una repetición electoral tampoco supondría una victoria sistemática de la derecha.
Las contradicciones presentes
Tras reiniciarse la ronda de consultas del Rey con los diferentes partidos, ahora es el turno de Pedro Sánchez. La investidura del actual presidente en funciones es un proceso que entraña varias aristas, que necesitan ser previamente resueltas. La continuidad de un gobierno de coalición progresista pasa por el voto a favor de otras seis fuerzas, todas ellas de carácter nacionalista, encontrándose las mayores resistencias en las dos catalanas, tal y como ya se mencionó. Desde Esquerra y Junts se pide la mencionada ley de amnistía para aquellos que cuentan con causas abiertas por el procés. También está muy presente, sobre todo en el partido de Puigdemont, la reclamación de un referéndum de autodeterminación, aunque es una vía más difícil de lograr debido a que se necesita la reforma de la Constitución. Ahora bien, los grupos nacionalistas han de ser conscientes de la viabilidad de sus demandas. El tensar mucho la cuerda puede acabar suponiendo una oportunidad perdida al cambiar potencialmente la correlación de fuerzas en unas nuevas elecciones.
Por otra parte, el bloque de PSOE y Sumar también tienen grandes desafíos a la hora de cómo gestionar en un hipotético gobierno las políticas que pretenden poner práctica y los respectivos intereses de las formaciones nacionalistas porque las negociaciones no se van a quedar en la moción de investidura, sino que van a estar muy presentes a lo largo de toda la legislatura. El diplomático y actual diputado por Sumar, Agustín Santos Maraver, escribía en un artículo que el requerimiento de alianzas para llegar a la mayoría parlamentaria fijará el techo de cristal de las medidas progresistas, teniendo que renunciar a ciertas transformaciones sociales. Desde luego, en este bloque tampoco tienen un panorama ideal.
Nada está decidido y todo puede pasar. Aunque se ha demostrado que Alberto Núñez Feijóo no cuenta con los votos necesarios para convertirse en el próximo presidente del Gobierno, hay que tener en cuenta que en estos momentos Pedro Sánchez del mismo modo no reúne los apoyos necesarios. Parece que la reedición de un gobierno progresista a nivel nacional pasa por el visto bueno de Junts. De esta formación independentista depende en buena medida que España vaya o no a elecciones. Los otros partidos nacionalistas son cruciales igualmente, pero hasta la fecha han demostrado la capacidad para saber en qué momentos se ha de evitar tensar demasiado la cuerda.
La presente lectura es una versión extendida del artículo publicado en el periódico uruguayo Brecha.