La inseguridad contra el relato del excepcionalismo uruguayo
La inseguridad se ha convertido en un tema prioritario para los uruguayos. Esta preocupación se ha de entender a partir del aumento de la violencia y un mayor peso del país en el mercado de la droga.
Uruguay es un país que goza de una buena salud democrática, además de que no enfrenta importantes crisis económicas o sociales. Sin intención de desmerecer dicho panorama, hay algunos análisis que enfatizan en esos elogios y terminan presentando al país como una excepción dentro del continente latinoamericano. Pero, ¿qué ocurre cuando hay que tratar la seguridad pública? Hoy es un tema prioritario para la ciudadanía de este país y también es algo que está poniendo en jaque al propio Estado uruguayo. Esta preocupación se ha de entender a partir del aumento de la violencia y un mayor peso del país en el mercado de la droga. Por ello, con vistas a tratar la cuestión de la inseguridad en Uruguay, un enfoque de análisis más productivo es el del historiador Gerardo Caetano que piensa al país más allá de su caracterización como una «isla» que no sufre el impacto de lo que ocurre en el mundo y en la región.
A pesar de ser considerado en América Latina como uno de los países con una política democrática más sólida y mayores niveles de desarrollo social, Uruguay ha visto cómo ha crecido el impacto de la industria del narcotráfico en la economía, la política y las relaciones Estado-sociedad. Para Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann, autores del libro Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America (2023), el lavado de capitales y la ubicación de sus puertos marítimos son dos de los factores que explican la permeación de esta industria en tierras uruguayas.
En tanto, la ley para la regulación y control del cannabis, que tuvo una gran repercusión en el momento de su aprobación, no modificó la dinámica del mundo del narcotráfico, considerando el crecimiento que se ha producido recientemente en el país; así como tampoco llevó a que se reduzca ni la violencia ni el crimen, puesto que no existe una gran vinculación entre dicha droga y la violencia. Entre sus efectos positivos, la regulación permitió un mercado más seguro para los consumidores de marihuana.
Entonces el crimen organizado de las drogas ilegales trae consigo una consolidación de las causas estructurales de violencia y un debilitamiento de los regímenes democráticos al afectar en los modos de gobernar y representar. En el caso de Uruguay, se ha de advertir el incremento reciente en sus tasas de homicidios, además del financiamiento de algunas campañas debido a la incapacidad de la Corte Electoral para realizar controles efectivos.
Ante tal desafío, la mano dura parece ser la única alternativa de política pública, poniéndose como referencia el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Si bien la salida bukelista para plantar cara a la inseguridad tiene mucho de marketing, de negociaciones con las pandillas y de vulneraciones de los derechos humanos, los gobiernos progresistas de la región, como apuntan los investigadores Nilia Viscardi y Gabriel Tenenbaum, no han sido capaces de plantear un modelo de seguridad pública alternativo como de mantener un discurso superador a la idea del punitivismo.
Durante sus tres mandatos consecutivos, las administraciones del Frente Amplio también cayeron en un proceso regresivo de corte punitivo a la hora de enfrentar la seguridad pública. Esto se notó sobre todo a partir de su segundo gobierno, ya que el primero intentó sin éxito limitar el empleo de instrumentos represivos. Así, con una mirada más general, el sociólogo Rafael Paternain formula en los siguientes términos cómo el Estado uruguayo ha enfrentado el tema de la inseguridad en el último tiempo: “Desde la ley de Seguridad Ciudadana (1995) hasta la fecha, las políticas han girado sobre el aumento de penas, el fortalecimiento de la policía, el crecimiento de la población carcelaria, las políticas criminales restrictivas, la expansión de las tecnologías del control, etc. Aumentar el gasto en policías y en cámaras de videovigilancia ya es un asunto que no se discute. Es cierto que también hubo iniciativas que buscaron otros caminos (Centro Nacional de Rehabilitación, ley de Humanización del Sistema Carcelario, Mesas Locales de Convivencia, policía comunitaria, interruptores de violencia), pero en cualquier caso tuvieron una inserción marginal y sin sostenibilidad”.
La espiral punitivista tiene un cierto recorrido en Uruguay, aunque algunas de sus estrategias como el alto encarcelamiento de su población hayan terminado por empeorar el problema debido a su componente criminógeno. En todo caso, permanece una incapacidad para generar alternativas y más cuando Bukele es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos. Hasta el propio presidente del país, el frenteamplista Yamandú Orsi, habló del modelo salvadoreño como “un ejemplo a analizar”, unas palabras que posteriormente se vio obligado a matizar.
Profundizando en la actual presidencia del Frente Amplio, se ha de considerar igualmente la reciente presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 (PNSP), un documento construido colectivamente que cuenta con una batería de 130 medidas y que tardó un año en elaborarse. Para el antropólogo Federico del Castillo, “el PNSP no va a fracasar por falta de evidencia, ni por falta de diagnóstico, ni por falta de ambición. Si fracasa, será porque no logró cumplir con la parte más difícil de todas: gobernar”.
Queda claro entonces que el campo de la seguridad no es algo que se soluciona en los cinco años que dura un mandato, se necesita una mirada larga. Tampoco significa que haya que pensarlo solo como un problema en sí mismo porque en parte viene derivado de otros problemas. Por ejemplo, se puede conectar con la posición periférica del país en la economía-mundo o la desigualdad. En lo relativo a la desigualdad, hoy hay que ir más allá de las políticas de transferencias condicionadas, que fueron realmente importantes durante la primera década de los 2000 en distintos países de la región. Las transferencias condicionadas ayudaron a la reducción de la pobreza, pero su impacto fue mucho menor de cara a posibilitar la movilidad intergeneracional. A modo de autocrítica, Pepe Mujica también apuntó a la incapacidad de los progresismos a la hora de mostrar que este tipo de medidas se encontraban vinculadas a un determinado proyecto social y político, es decir, de incidir que no consistía simplemente en una «democratización del consumo».
Por último, queda por explicitar un peligro que a menudo no se le presta la atención que merece: los partidos uruguayos se enfrentan a una pérdida de inserción territorial que va siendo ocupada tanto por los narcos como por los evangélicos. Uruguay progresivamente va transitando de un modelo político-electoral articulado en torno a organizaciones partidarias densas y con llegada territorial hacia un modelo de movilización «desde arriba». Este último modelo, que se basa en una dependencia excesiva en las consultorías de comunicación, es el dominante en gran parte de América Latina y el encargado de contribuir a una desconexión de las organizaciones y liderazgos con la ciudadanía.
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