Perú, la coalición autoritaria y el caso de los Rolex
Más allá del escándalo de relojes Rolex que ha salpicado a la presidenta Dina Boluarte, hay un entramado de elites económicas e internacionales que apoyan a la actual coalición autoritaria en el Perú.
Dina Boluarte es hoy la mandataria peor valorada en América Latina. Sumado a la falta de legitimidad de su gobierno tras la matanza de sesenta ciudadanos peruanos en el interior del país a finales del 2022, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y la toma ilegítima del poder por parte de la mandataria, el escándalo político del «Rolexgate» ha generado un sin número de cuestionamientos sobre su gobierno, especialmente entre sus ministros. A pesar de la renuncia de dos ministros y el pedido de vacancia de algunos congresistas del bloque de izquierdas parlamentario, la supervivencia del régimen se mantiene intacto gracias al apoyo del bloque de derechas parlamentario y el rol conservador de las fuerzas armadas.
Según la información más reciente, la actual coalición autoritaria ha logrado cambiar cincuenta artículos de la Constitución, impulsar la reelección de los congresistas, e institucionalizar la bicameralidad, a espaldas de la gran mayoría. Su próximo objetivo pretende ser la cooptación de las instituciones judiciales, especialmente las de tipo electoral, con el fin de proteger el proceso de «autocratización» del régimen y prevenir a toda costa el juicio político por las matanzas de más de 60 obreros, campesinos y grupos indígenas. Si bien el panorama político del Perú se ha caracterizado por ser extremadamente incierto, la capacidad de resiliencia de la coalición autoritaria demuestra ser bastante eficaz ante una sociedad debilitada y precaria.
¿A qué se debe el actual vaciamiento de la democracia?
El actual proceso de autocratización del régimen híbrido en el país andino no se produce mediante la concentración del poder como ocurre en otros países. Según la tesis de algunos politólogos como Vergara y Barrantes, este vaciamiento democrático se produce a través de la dilución del poder. Un proceso que ocurre por tres factores: la fragmentación y circulación del poder político, amateurismo político y la ausencia de vínculos significativos entre quienes ocupan el poder y la sociedad. De esta manera, tanto la crisis de representación (que viene de antaño) como el rol de actores políticos antidemocráticos estarían detrás del proceso de vaciamiento democrático.
La emergencia de la actual coalición autoritaria en el que cogobierna la mandataria y el bloque de derechas del Parlamento daría cuenta de esta dilución del poder, en el que, sumado a factores como la configuración de incentivos políticos alienados para prevenir un adelanto de elecciones, la falta de preparación de candidaturas y la impunidad política (muchos de ellos tienen casos de corrupción abiertos por fiscales) explicarían el devenir de la autocratización del régimen. Junto a estos dos actores políticos, el apoyo de las fuerzas armadas y la policía juegan un rol significativo, en tanto que buscan proteger sus intereses corporativos y delinear una política antidemocrática para así, limitar las consecuencias judiciales por la matanza de obreros, campesinos y la población indígena en el sur del país durante el estallido social.
Sin embargo, esta mirada politológica resulta ser insuficiente por dos razones. La primera tiene que ver con el silencio absoluto que demuestran estos análisis con respecto al sesgo racial y de clase del régimen autoritario y la carencia de un análisis de la dimensión internacional. A diferencia de los análisis politológicos comunes, el Perú no está sufriendo un retroceso democrático sino, por el contrario, la coalición autoritaria demuestra un devenir autocratizante con fines de subvertir totalmente el sistema democrático «sin partidos» que ha caracterizado al país andino desde la llegada de Alberto Fujimori en los años 90.
El régimen de Boluarte no baila solo: el rol de las elites económicas y el autoritarismo racial
La economía política del Perú se caracteriza por lo que Julio Cotler llamaba el «triángulo sin base», una configuración del poder en el que se asienta en la cúspide una elite económica con enormes poderes económicos hoy liderada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la «base», compuesta por una sociedad fragmentada, con débiles vínculos horizontales e incapaz de construir estructuras organizativas a largo plazo. Esta configuración se ha profundizado cada vez más, hasta el punto de que el Perú es uno de los países con los peores valores de confianza interpersonal en la región. Junto a ello, la configuración del Estado neoliberal, centralizado en la capital de Lima y constituido por la captura política de los grupos de poder económico, ha sido instrumental para profundizar esta división histórica y territorial en el marco del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista. Un modelo económico que reproduce la pobreza y la desigualdad social en las zonas altoandinas por un lado y en el que el 1% de las elites económicas concentra en torno al 50% de la riqueza en detrimento de las clases subalternas. Esta desigualdad socioeconómica no solo se ve atravesado por la división geográfica centro-periferia, sino que se revela de manera significativa cada vez que se levanta una potencia constituyente del interior del país.
La reciente represión dirigida contra la población del sur a manos de las fuerzas armadas y la policía, acciones justificadas según las elites económicas racistas, no es un hecho aislado, sino que forma parte de acciones políticas premeditadas, muy recurrentes en la historia política peruana. Las élites actúan en base al miedo ante un imaginario político que yace sobre el peligro que conlleva un «desborde popular», y por ende se movilizan desde arriba, para defender sus intereses económicos y políticos. Asimismo, otros factores estructurales como la historia colonial, la ausencia de un nosotros nacional a partir de la República criolla y su legado racista ha dejado su huella en el funcionamiento del Estado y en el actuar de la presente autocracia racial, la cual reproduce su maquinaria deshumanizante cada vez que se movilizan campesinos, obreros o indígenas del sur del país. No sorprende entonces que, dado la convergencia de factores de tipo estructural y coyunturales, que los elementos de clase y raza se vean manifestados de la manera más violenta arrojando a los sujetos subalternos al páramo de la zona del no ser, donde pueden ser aniquilados, torturados, criminalizados y encarcelados, sin ningún tipo de consecuencia política o judicial.
El poder empresarial también es dueño de los principales medios de comunicación del país como la prensa, televisión y la radio. El principal grupo mediático refiere al Grupo El Comercio que concentra el 80% de mercado de circulación nacional. A pesar de la crisis de solvencia a la que se enfrenta hoy o los cambios tecnológicos, la influencia de este grupo mediático en el Perú sigue siendo importante en tanto que restringe el debate público a un marco legalista y economicista, reflejo del lenguaje del poder al que solo los expertos y la élite pueden acceder. Con lo cual, reducen el espacio de deliberación democrático excluyendo otros enfoques más críticos o emancipadores, la contestación política y restringiendo el debate a lo «técnico», expuesto por tecnócratas que deliberan en torno a una visión inamovible del «modelo económico» y que, valga la redundancia, provienen de las clases altas limeñas. Asimismo, estos grandes conglomerados mediáticos tienden a primar temas como el orden y la seguridad nacional, apoyando a fuerzas políticas conservadoras antes que fuerzas sociales del cambio, haciendo uso de manera desproporcionada del terruqueo, un término ambiguo muy empleado por las elites, para deslegitimar cualquier disidencia política y silenciar cualquier tipo de crítica al «modelo». Es decir, una suerte de arma arrojadiza empleada por la derecha contra cualquier tipo de fuerza política que promocione un cambio social acusándolos de pertenecer a grupos terroristas, aludiendo al imaginario político que genera Sendero Luminoso, la representación simbólica del miedo y terror ocasionadas durante el conflicto interno armado de los años 80 y 90.
Hoy, a pesar de las desavenencias entre grupos de poder económico, la facción hegemónica de la elite económica sigue apoyando de manera incondicional a la coalición autoritaria, a pesar del reciente escándalo de corrupción y la deficiente situación económica, debido a los intereses que tienen con respecto a numerosos proyectos de privatización, liberalización y desregulación de nuevos espacios de acumulación en territorios protegidos o sectores comerciales, o proyectos vinculados con la exoneración de impuestos y beneficios fiscales a grandes empresas, impulsados por congresistas y ministros afines a sus intereses. Por tanto, no es causalidad, que un 71% de los CEOs apoye a Boluarte, mientras que el resto de la población la repudie. Además, cabe recordar que estas políticas económicas se basan en restarle poder a las instituciones democráticas que salvaguardan los pocos derechos que todavía mantiene la sociedad civil, integrando mecanismos de resiliencia neoliberal suprimiendo la poca democracia que queda en el país.
Por último, el recambio político en el ejecutivo con la asignación del nuevo primer ministro del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, y su reciente discurso ante el congreso aludiendo a reforzar la seguridad nacional al estilo de Bukele, la lucha directa contra la corrupción (sin mencionar el caso de los relojes Rolex de Boluarte) y el esfuerzo por reimpulsar la economía de mercado, buscaba no solo para brindarle confianza al sector empresarial o a las fuerzas armadas, sino movilizar las crecientes actitudes xenofóbicas contra la población venezolana.
Más allá de los Rolex de Boluarte: el escenario internacional
Ante un escenario político sangriento y una grave deformación autocratizante, la ciencia política liberal representada por Steven Levitsky y Lucan A. Way (especialistas en regímenes autoritarios en América Latina) asume que los países occidentales emplearían mecanismos como el apalancamiento democrático (democratic leverage) o vínculos (linkage) con el fin de bloquear el proceso autocratizante de la coalición autoritaria. Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos al régimen de Boluarte indican todo lo contrario. Más allá de estas utopías liberales, como ha demostrado la historia pasada y presente de la política exterior de Estados Unidos, esta siempre se ha caracterizado por la defensa de su hegemonía global, antes que por su rol democratizador en América Latina.
Lo que se encuentra en primer plano para Estados Unidos son sus intereses económicos y geopolíticos. El país andino es de vital importancia para los intereses imperialistas de Estados Unidos y para la reproducción de las relaciones centro-periferia. Como es bien sabido, el país es importante por sus ricos recursos y elementos de tierras raras como el cobre y el litio, este último recurso ubicado en Puno (sur del Perú), con 4,71 millones de toneladas que lo coloca como el sexto mayor del mundo. El control de estos recursos es clave para el hegemón norteamericano, como declaró la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, refiriéndose a cómo los recursos de América Latina son imprescindibles para el desarrollo de nuevas tecnologías y la transición verde de los Estados Unidos vis-à-vis la emergencia del gigante asiático y la estrategia comercial de China en América latina (el Puerto de Chancay en Lima siendo un ejemplo de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda). Así pues, la preocupación por parte de Estados Unidos se ha hecho cada vez mayor, a pesar de que el Perú ha seguido una política de desarrollo neoliberal congruente con su condición periférica y de integración pasiva en la globalización económica dirigida por los Estados Unidos. Es claro que las estrechas relaciones comerciales y económicas con China realizadas en los últimos diez años, es vista por los Estados Unidos y por muchos inversionistas norteamericanos como una amenaza a su frágil hegemonía. Es así como se explica la nueva doctrina de Monroe y la agresiva estrategia perseguida por el Comando Sur de EE.UU. en el país andino.
Por ende, no es una cuestión menor que el Perú sea hoy el tercer receptor de asistencia militar y policial estadounidense en la región y el tercero en el rubro de entrenamiento militar, después de Colombia y México. El reciente aporte de $40,6 millones de dólares como asistencia al régimen de Boluarte por parte de la DOD, la donación de $100,000 y $800,000 por el Comando Sur y USAID o el ejercicio militar Resolute Sentinel 2023 es indicativo de la importancia que tiene el país para la geopolítica y los intereses económicos de la administración de Joe Biden. Con respecto a la dimensión del poder blando, la embajada de Estados Unidos, asistió al régimen con proyectos de desarrollo e infraestructura, asistencia humanitaria y proyectos de cooperación de tipo cultural. A pesar de algunas críticas pormenorizadas con respecto a las muertes del 2022 y 2023 entre los congresistas progresistas del Partido Demócrata, la Casa Blanca ha apostado por enviar asistencia económica, que como consecuencia deteriora los indicadores democráticos y el respeto de los derechos humanos del país andino. Por tanto, el acomodo geopolítico de Estados Unidos con respecto a América Latina y el Perú demuestran ser un factor importante para entender las posibilidades de supervivencia del régimen de Boluarte.
Perspectivas futuras
Las perspectivas políticas para el país andino no son nada halagadoras. Ante un escenario de descalabro institucional y debilidad de la sociedad civil con divisiones internas, débiles vínculos horizontales y alianzas precarias, un cambio político plebeyo, desde abajo, es un escenario poco plausible, especialmente tras la brutal represión y la cooptación de líderes a nivel subnacional sufridas por parte del régimen híbrido1. De la misma manera, el gobierno de Boluarte ha demostrado mantener una alta capacidad de resiliencia con el apoyo del bloque fujimorista y las fuerzas armadas, si bien las elites económicas tendieron a dividirse en torno al último escándalo de corrupción de la mandataria. Asimismo, los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos explicarían su apoyo al régimen autocratizante.
A pesar de haber logrado la supervivencia del régimen, la nueva información que emerja sobre la cuestionable posesión de bienes de lujo de Boluarte podría fracturar la resiliencia del gobierno, y por ende debilitar su capacidad de gestión ante las presentes y futuras crisis a las que se vea abocado con el aumento de infectados por el dengue causados por el ciclón Yaku, la emigración masiva de peruanos al extranjero, la imperante crisis económica de un modelo económico cada vez menos operante o el más que probable fraude electoral que se dará lugar en las elecciones generales del 2026. Cualquiera de estos factores podría generar un efecto desencadenante que llevaría a la descomposición de la coalición autoritaria.
Firma invitada - Gabriel Valenzuela, politólogo por la Universidad de Essex y consultor político. Actualmente cursa el Máster en Análisis Político y Electoral de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Régimen híbrido: siguiendo la terminología de Frantz y Lindstaedt entiéndase su uso como la conformación de un régimen autoritario (definida por el acceso al cargo público y la influencia sobre las políticas públicas) dirigido por varios actores políticos. En el caso peruano refiere a la coalición autoritaria compuesta por la alianza de las fuerzas armadas, el parlamento y el ejecutivo junto con el apoyo de los Estados Unidos y el poder económico. Con esta definición nos alejamos de la mirada politológica de Levisky y Ziblatt, que sufre de varias deficiencias por su tipología «continuista» y su dimensión restrictiva «competitiva».
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