Chile actual: los derroteros post-estallido
Los derroteros tomados tras el estallido social muestran un Chile que aún continúa cargando con brechas y deudas. Chile vive su interregno particular.
La coyuntura que afronta hoy Chile marca distancias con el proceso de efervescencia social de hace cinco años. Sin embargo, en gran parte de la sociedad aún esta vigente esa necesidad de implementar cambios, que podría decirse que era lo que nucleaba el estallido social de 2019.
Por ello, el presente artículo pondrá la mirada en los derroteros post-estallido en base a la presidencia de Gabriel Boric y la nueva izquierda chilena. Por otra parte, se darán algunas pinceladas sobre el clima sociopolítico existente en Chile a partir del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Una presidencia cargada de expectativas
Gabriel Boric tomaba posesión en marzo de 2022 como presidente de Chile tras imponerse en la segunda vuelta de 2021. Las expectativas de su mandato eran altas, puesto que era el primer presidente que no pertenecía a los dos grandes coaliciones que habían dominado el sistema político chileno desde hacía tres décadas. Además, en este tiempo se estaba llevando a cabo el proceso de redacción de una nueva Constitución que terminase con la que estaba vigente.
Sin el estallido social, señalaba el sociólogo Alexis Cortés, habría sido inconcebible la llegada a La Moneda de la generación política que emergió con las movilizaciones de 2011. Boric empezó su carrera política gracias a ser uno de los principales referentes estudiantiles de aquellas marchas, mismos inicios que los de Camila Vallejo y Giorgio Jackson. De esta manera, la victoria del candidato de la coalición Apruebo Dignidad estuvo relacionada con la cuestión generacional, al encarnar mejor los aires de cambios que tanto demandaba la sociedad.
Esa presidencia de Boric cargada de expectativas (y también restricciones), a unos meses de haber iniciado, se topó con un contratiempo destacado, la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida. El proceso constitucional, que fue consecuencia del estallido social, terminó sin una nueva Carta Magna después de que los chilenos en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 rechazasen la propuesta realizada por la Convención. Boric había hecho una gran apuesta para que saliese esta nueva Constitución, por lo que la derrota se leía igualmente como una derrota del oficialismo.
En este sentido, en el libro La nueva izquierda chilena. De las marchas estudiantiles a La Moneda (2023) Noam Titelman, académico, exdirigente estudiantil y miembro fundador del Frente Amplio, apuntaba que el gobierno de Boric, luego del plebiscito, abandonaría su impronta generacional, dado que la reorganización de gabinete emprendida fortaleció a los partidos de la antigua Concertación. La nueva izquierda llevaba a cabo una especie de tregua política con la centroizquierda, optando por estrechar la colaboración y dejando atrás una competición marcada por el clivaje generacional. Sin embargo, esta tregua no ha tenido efectos entre la sociedad, que se mantiene escéptica frente a sus dirigentes.
Para el autor de La nueva izquierda chilena, la generación del 2011 ha contado con la habilidad de saber cómo ganar en el terreno electoral, pero esto no se ha acompañado de una reflexión política profunda. Si bien dicho libro puede ser criticado por cómo aterriza ciertas ideas (especialmente en el capítulo de la «Ideología»), la ausencia de reflexión planteada por Titelman representa un recurso analítico pertinente para poder ahondar en el acercamiento del Frente Amplio (FA), identificado como el partido de la nueva izquierda, y por ende del gobierno de Boric con la sociedad chilena.
Vínculos organizacionales y reflexión política
En los años previos al estallido, se fue generando un clima de rechazo y alejamiento con la política institucional. Una vez se produjo el estallido, estas percepciones ciudadanas generaron un fuerte quiebre. Por ello, el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución», firmado por los principales partidos políticos (incluido parte del FA), fue denunciado por los actores sociales debido a que se realizó sin considerar a la ciudadanía. Era un acuerdo que buscaba dar una salida institucional al estallido pero que tenía como valedores a unas élites políticas claramente deslegitimadas. Más allá del contenido, la forma en que se alumbró el acuerdo mostró una falta de conciencia de las élites con el momento impugnatorio que vivía en ese tiempo el país. ¿Y cómo fue recibida la ambivalencia del FA por los sectores populares levantados?
Conforme con Titelman, “en un comienzo parecía que las críticas a los partidos tradicionales podían traducirse en un apoyo a las nuevas organizaciones del Frente Amplio, pero no fue así. Quienes habían sido impugnadores del orden político precedente se vieron, a su vez, apuntados por la ciudadanía” (p. 43). Si bien el FA ha cosechado resultados destacados en la arena electoral (incluido tras el estallido), no ha conseguido afianzar los vínculos sociales que le permitieron surgir en un primer momento.
En un paper reciente del politólogo Juan Pablo Orrego, se explicaba a través del testimonio de diferentes personas vinculadas al FA que el proceso de institucionalización de esta alianza vino acompañado de una reducción de espacios abiertos a organizaciones sociales y a activistas independientes. También se ha de señalar que este proceso se vio precipitado dado que el vínculo que se había generado originalmente disponía de un carácter informal y por ende los espacios de coordinación no eran permanentes, sino esporádicos. Por otra parte, la llegada a La Moneda tampoco garantizó al FA las definiciones que le permitieran recurrir a los recursos derivados de su participación institucional de cara al fortalecimiento de sus partidos y al desarrollo de nuevos vínculos sociales.
La ola de movilizaciones sociales que tanta presencia tuvieron en Chile durante la segunda década del siglo XXI se caracterizaron por su alejamiento e impugnación de las formas que dominaban en la política institucional. En cambio, de acuerdo con Juan Pablo Luna, el sistema político, del que también forma parte el FA, ha sido incapaz de abordar los problemas sociales que se han vuelto progresivamente más relevantes desde el estallido. Por tanto, ante la falta de diseño organizacional y de reflexión política para leer el contexto con una mayor profundidad, el FA hasta ahora no ha contado con la capacidad de estructurar vínculos permanentes con la sociedad civil movilizada.
En este punto, la fusión en un solo partido que el FA realizó este 2024 responde a una necesidad. Además de haberse convertido en la colectividad con mayor número de afiliados (62 mil), el principal objetivo del FA es el de disputar espacio tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista que le permita una estabilidad en el tiempo. No le vale solo con ser la principal fuerza del gobierno o contar con la bancada parlamentaria más grande. Así, las elecciones municipales y regionales serán la primera contienda en la que el FA fusionado medirá sus fuerzas, aunque parece que no mejorará los excelentes resultados obtenidos en los comicios de mayo de 2021.
La presidencia de Boric también ha contribuido en el devenir de la nueva izquierda chilena en los últimos años. La priorización por parte de este espacio político del camino institucional que culminó con la llegada a La Moneda ha entrañado asumir contradicciones y restricciones que han lastrado la agenda transformadora que se buscaba implementar en un principio.
Esto no significa que haya que reconocerle a dicho gobierno la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, un aumento destacado del salario mínimo, o la defensa de los derechos humanos en el plano internacional. Pero la incapacidad para permear entre los sectores populares y la falta de reflexión política han impactado a la hora de proyectar un gobierno impotente. Estos dos últimos aspectos, que ya se señalaban con anterioridad para abordar el estado del FA, se pueden extrapolar para entender la experiencia gubernamental, puesto que son puntos débiles que recorren a todo el espacio de la nueva izquierda. De igual forma, en el devenir de dicho gobierno, se ha de considerar que asumió en un escenario político adverso en el que la pandemia seguía todavía activa y con importantes crisis en materia económica y migratoria, aparte de la pervivencia de una Constitución que opera como garante de un sistema político y económico necrosado.
Con una mirada regional, Chile, junto con México y Colombia, permitió que la segunda ola progresista en América Latina fuese más extensa geográficamente, aunque con características diferentes a la primera ola de inicios del siglo XXI. Para Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia y gran referente intelectual del progresismo latinoamericano, la segunda ola, más superficial en su densidad, se ha centrado en la administración y no tanto en la transformación. En estos tiempos en los que domina la incertidumbre («tiempo liminal», diría AGL), las hegemonías son cortas tanto para la izquierda como para derecha. A la hora de hacer estos planteamientos, de acuerdo con su libro La política como disputa de las esperanzas (2022), García Linera no reivindica una vuelta al primer progresismo, reconociendo que “las reformas de la primera generación tampoco tienen la iniciativa para enfrentar de manera duradera y sostenible estas nuevas circunstancias históricas provocadas por el «gran encierro» del 2020-2021” (pp. 59-60). El horizonte predictivo, de prever imaginariamente el futuro, queda suspendido en estas «épocas paradojales».
El clima que se respira
Traer a colación el último informe del PNUD entraña disponer de una perspectiva amplia y detallada acerca del clima sociopolítico del país. ¿Por qué nos cuesta cambiar? (2024) realiza un análisis del momento actual de Chile a la vez que no pierde vista las impugnaciones tan fuertes de hace cinco años y el desarrollo que han tenido en el último tiempo.
Entonces, con arreglo a dicho informe, entre la opinión pública existe una necesidad de implementar cambios urgentes. Los chilenos desean cambios profundos pero con otro matices, es decir, se mantiene esa búsqueda de cambios que se encontraba tan presente durante el estallido social (y los años previos), valorándose más el gradualismo frente a la rapidez. Por otro lado, se ha dado un aumento del pesimismo colectivo en tanto “la evaluación negativa de los cambios recientes es consistente con el predominio de emociones negativas frente a la situación actual” (p. 122). El actual deseo de cambio se concibe a partir de una ruptura con el pasado y el presente.
El informe del 2024 identifica una persistencia por parte de la sociedad de la «villanización» de los liderazgos políticos y de las elites económicas. Esta villanización viene acompañada del castigo, lo que puede ayudar a explicar parcialmente, se señala, el estallido y ciertos comportamientos electorales posteriores. En la medida que se encuentran pendientes, los cambios todavía mantienen un gran protagonismo en el devenir del país frente a un sistema político desacoplado y un poder económico con considerables capacidades de veto e insensible ante la desigualdad. Mientras tanto, ha crecido entre la opinión pública el nivel de preocupación por la seguridad. Así pues, en un contexto marcado por el pesimismo y el miedo, es más difícil llamar a la protesta y convocar a esas cantidades de chilenos que salían a las calles tiempo atrás para mostrar su descontento.
Ante este panorama, se celebran los días 26 y 27 de octubre las mencionadas elecciones municipales y regionales, que tienen la singularidad de estrenar a nivel local el sistema de inscripción automática y voto obligatorio. Estos comicios son vistos como un indicador de cara las presidenciales de 2025 para evaluar la fuerza electoral de los partidos y coaliciones del oficialismo y de la oposición. Ahora bien, las fuerzas del oficialismo, enfrascadas en cómo hacer frente a la crisis de seguridad, no llegan en un buen momento ni tampoco la derecha.
Los sectores de la derecha atraviesan varias situaciones adversas. El «Caso Hermosilla» (o «Caso Audios») es el primero de estos frentes (y más significativo) al salpicar la corrupción a los partidos de Chile Vamos. Tal espacio, además, ha tenido dificultades para confeccionar las listas e inscribir las candidaturas y ha experimentado un proceso de fragmentación y de aparición de nuevos partidos. En tanto, esto puede ser aprovechado por aquellos candidatos que se presentan como independientes y es que se ha producido un aumento de este tipo de candidaturas, un 26% más que en los comicios de 2021.
El desencanto con las élites políticas se expresa especialmente en una clara desidentificación de la opinión pública con los partidos políticos. Los años previos al estallido social ya se veía esa tendencia en constante crecimiento, llegando al 85% en el 2019. La crisis de representación que contribuyó a dar forma al estallido se mantiene presente hasta hoy y un nuevo rasgo que ha mostrado en los últimos cinco años es su durabilidad. Los candidatos independientes son también una muestra de la incidencia de esta crisis de representación en Chile. Las etiquetas partidarias alejan a la ciudadanía.
Al mismo tiempo, en el país se asiste a un crecimiento del número de partidos: con 22 partidos actualmente constituido, 3 en formación y 4 en trámite. La fragmentación partidaria como tal no debería suponer un problema. De acuerdo con las académicas Marcela Ríos Tobar y Julieta Suárez Cao, “la realidad nos muestra que la baja confianza en la política no es consecuencia del aumento en el número de partidos, sino de prácticas poco éticas, como el tráfico de influencias, la corrupción y las sospechas de triangulación y financiamiento espurio de la política”. En vista de que una reforma enfocada en buscar una reducción de los partidos no va a resolver los problemas que arrastra la política institucional, estas mismas fuerzas políticas cuentan con un doble desafío pendiente: conectar con los sectores politizados distantes con la dimensión institucional, y construir vínculos con aquellos otros sectores que se sienten «despolitizados».
Poner en relación, por tanto, el clima que se respira en la actualidad en Chile con el existente en el preludio al estallido supone entender que el país continúa cargando con brechas y deudas.
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